El Supremo, dispuesto a boicotear la amnistía a los independentistas catalanes

El Tribunal Supremo está dispuesto a cargarse la amnistía a los independentistas catalanes sí o sí. Sus jueces avisan: es una norma disfrazada de ley de punto final. En la alta instancia judicial se han quedado sin calificativos a la hora de valorar la visita efectuada por Yolanda Díaz a Bruselas para entrevistarse con Carles Puigdemont y se han tomado en serio la petición efectuada por Vox, en su condición de acusación particular en la causa sobre el “procès”, de que la vicepresidenta comparezca en la sección cuarta de la sala de Lo Penal en calidad de testigo para dar las explicaciones oportunas.

Los jueces del Supremo entienden que una normativa en la materia significaría borrar los hechos por los que condenó, en 2019, a Oriol Junqueras y once dirigentes independentistas más, y todavía persiguen a Puigdemont y a cinco dirigentes independentistas. Y no están dispuestos a ello, aunque tengan que poner en marcha los mecanismos de “lawfare”, la utilización del aparato judicial para neutralizar una decisión política, en este caso una iniciativa parlamentaria que va a contar, casi con toda probabilidad, con suficientes apoyos en el Congreso como para ser aprobada. La “guerra” esta vez va a ser abierta, sin disimulo, por parte de derecha judicial. El Parlamento sólo puede contar con un organismo no beligerante, el Constitucional que, al final, será el que tenga la última palabra.

Para lograr su objetivo. los juristas conservadores se agarran al argumento de que una hipotética ley de amnistía deberá ir acompañada de una reforma de los artículos del Código Penal que regulan los delitos que van a ser perdonados. La amnistía se diferencia del indulto precisamente en eso, en que suprime la calificación delictiva de los hechos y, por lo tanto, la responsabilidad penal sobre la comisión de los mismos. Si prospera esta tesis, que sostiene el núcleo duro de magistrados del Supremo, será imposible acceder a la condición impuesta por Puigdemont de que tiene que haber amnistía antes de que se proceda a la investidura de Pedro Sánchez. Aprobar una proposición de ley es una cosa y la reforma del Código Penal es otra bien diferente. Esa es la primera batalla que darán los magistrados afines a la derecha judicial porque son conscientes de la imposibilidad de aprobar una normativa de esta envergadura.

Pero si la cosa no prospera y, al final, se aprueba la ley de amnistía incluso con el visto bueno del Tribunal Constitucional, advierten de que pueden tener la última palabra ya que una ley de amnistía debe promulgarse bajo el punto de vista de los hechos y no de las personas por lo cual los beneficios que de ella pueden obtener los independentistas dependerá de la aplicación que decidan los jueces que se hicieron cargo de las actuaciones. En el caso de los condenados, serán los magistrados de la sala que preside Manuel Marchena los que deberán pronunciarse. Pero cuando todavía la causa se encuentra en fase de instrucción, como es el caso de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Marta Rovira, será Pablo Llarena el que deberá interpretar el alcance de la amnistía. Y esa es una de las bazas con que cuentan los partidarios de utilizar todos los recursos posibles para cargarse la norma o, al menos, sus efectos.

En ese sentido, los redactores de la ley deben ser muy rigurosos  o se corre el riesgo de que unos magistrados que se han manifestado en contra de las medidas de gracia porque consideran que las actuaciones de los independentistas catalanes fueron “de extrema gravedad”, puedan aplicarla de manera restrictiva. Y entonces todos los esfuerzos no habrán servido de nada. La amnistía se quedará corta y, lo peor de todo, no se habrá logrado el objetivo que es devolver al ámbito político, de donde nunca debió de salir, el llamado “conflicto catalán”. El paso definitivo para la normalización de Catalunya se habrá convertido en un camino lleno de obstáculos.

En el fondo de esta guerra entre jueces y políticos subyace, como siempre ocurre en estos casos, una batalla por el poder. La magistratura cree que si se aprueba la amnistía para los participantes en el proceso de independencia de Catalunya de 2017 se habrá dado un serio golpe a la independencia del poder judicial. Todo el trabajo que llevaron a cabo en las nefastas jornadas que desembocaron en el 1-O y sus posteriores acontecimientos se habrá diluido como un azucarillo en agua. Y ellos mismos advierten de que “nunca se produjo el arrepentimiento” y el propósito de no volverlo a hacer. Es más, los condenados han manifestado lo contrario: que lo volverán a repetir. Al menos eso interpreta la derecha judicial, aunque la izquierda argumenta que nunca se volverá a utilizar la unilateralidad como instrumento.

La derecha judicial no se va a estar quieta y va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para neutralizar la ley que aprobará el Parlamento. Siguen con la obsesión del escarmiento a Puigdemont y sus compañeros que residen en el exterior. No se dan cuenta de que al ex president le importa poco su situación personal. Tiene garantizada la protección europea mientras la sentencia que le quita la inmunidad no sea firme, algo que no sucederá hasta la primavera, paralelamente a una nueva convocatoria de elecciones al europarlamento. Si Carles Puigdemont se presenta y vuelve a salir elegido, habrá que iniciar un nuevo proceso judicial para desposeerle de la inmunidad otra vez adquirida.

Carles Puigdemont ha dejado claro que la medida no es para buscar salidas individuales sino para acabar, de una vez por todas, con la judicialización del conflicto catalán. Y esa música no les suena nada bien a los miembros de la carrera judicial.