El 30 de marzo de 2021, el Parlamento aprobó la ley orgánica 4/2021 que modifica la del Poder Judicial limitando las competencias del CGPJ cuando éste se halle en funciones por no haberse podido renovar en el plazo establecido por la Constitución. PP y Vox presentaron recurso de inconstitucionalidad que fue admitido a trámite. Ahora, el pleno del TC va a estudiar estos recursos este mes de septiembre. La ponencia se muestra favorable a avalar la normativa y considera que no es inconstitucional limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces en lo que se refiere a los nombramientos de miembros de las altas instancias judiciales: Tribunal Supremo, tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales. En el primero de los citados hay 22 plazas vacantes que se convertirán en 24 a finales de año por jubilación de dos magistrados. En los autonómicos y provinciales, las plazas a cubrir ascienden a 61. Y todo ello en vísperas de la celebración del acto de apertura del año judicial. Un acto que quedará ensombrecido por la situación actual de la justicia en España. Veremos lo que dicen las memorias que serán presentadas: la del Poder Judicial y la de la Fiscalía General del Estado.
Del acto de apertura del año judicial sólo se sabe una cosa segura: que lo presidirá el rey Felipe VI. Y, a partir de ahí, todo es un verdadero cachondeo debido a la situación en que se encuentra el poder judicial. Por una parte, se asegura que será el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien, por primera vez en la historia democrática, asumirá el discurso explicativo de la memoria judicial que se presentará en el acto. Pero la página web del Consejo General del Poder Judicial asegura que será su presidente, Vicente Guilarte, el que intervendrá. Y es que hay “bicefalia” en la cúpula judicial.
De entrada, se asegura que Guilarte no puede intervenir porque es un “presidente sustituto”, en otras palabras, en funciones, provisional. Por eso no puede asumir la titularidad de presidente del Supremo. En condiciones normales, ambas figuras coinciden en la misma persona, pero es que este asunto es tan atípico que ya nadie sabe realmente quien manda en la justicia española. Y todo por obra y gracia del Partido Popular que sigue negándose a renovar el CGPJ a pesar de que en Bruselas insisten en que lo primero de todo, lo más urgente, es proceder a dicha renovación. Que ya habrá tiempo de reformar la composición tal y como pretende las derechas política y judicial.
Pedro Sánchez ya no puede hacer más. Ofreció a Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de negociar esta renovación “gobierne quien gobierne” y el presidente del PP se negó rotundamente. A cambio ofreció un punto de los seis pactos de Estado que propuso en el que se habla de “hacer una justicia más independiente”. O sea, más de lo mismo que viene ofreciendo.
En el supuesto de que Feijóo fuese investido tardaría por lo menos hasta la primavera del año que viene en reformar la ley orgánica que regula el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Por lo menos hasta después del verano de 2024 no habría un nuevo CGPJ. En el caso de que sea Sánchez el investido por el Congreso, la situación sería más complicada. El nuevo gobierno se vería obligado a elaborar una ley para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, algo que Bruselas no ve con buenos ojos. Por eso esa reforma no se llevó a cabo en la anterior legislatura.
La situación va a ser ridícula. Dos titulares de la judicatura. Uno, Marín Castán, de perfil bajo, aunque conservador. El otro, Guilarte, se ha ganado fama de manipulador. Ha cambiado la composición de la comisión permanente del Consejo, el verdadero órgano decisorio, colocando a los vocales más afines que, además, se están mostrando mucho más beligerantes contra el gobierno progresista que los anteriores. El sector progresista está prácticamente anulado y Guilarte hace y deshace a su antojo sin, siquiera todavía, haber mostrado públicamente su baja de la actividad académica, cosa que prometió hacerlo este mes.
La justicia se encamina al desastre en esta situación. En diciembre hará diez años que se nombró al actual Consejo General del Poder Judicial. Un consejo que se ha convertido en la verdadera correa de transmisión del Partido Popular en la judicatura interviniendo extemporáneamente en aspectos de la vida política que corresponden exclusivamente a los parlamentarios. Esa es la razón por la que en Génova no quieren oír hablar de una renovación tal y como la plantean en Moncloa. Una renovación, además, que coincide con la que quiere Bruselas. El comisario de justicia Didier Reynders no se cansa de explicarlo. Se debe proceder, primero, a la urgente renovación para acabar con esta anomalía y, posteriormente, establecer un diálogo entre los partidos políticos para reformar el poder judicial. Los populares le dan la vuelta y quieren, primero, hacer la reforma y luego la renovación. Pero la postura de la Comisión Europea está clara.
Así pues, a los graves problemas de la justicia por culpa del bloqueo del Partido Popular, ahora hay que añadir la “bicefalia” que enfrenta a los magistrados del Supremo con el presidente “sustituto”, o “en funciones”. Ambos quieren ser los que lean el discurso de apertura del próximo jueves. Y ambos tienen sus razones. La situación sería motivo de chistes de no ser porque nos jugamos la imagen de este país ya de por sí bastante deteriorada.
Una reflexión sobre » imagen de país muy deteriorada» no viene mal a nadie, pero hace mucho más de diez años, casi son noventa. Yo lo llamo país infame, y a los miembros del tribunal constitucional no les vendría mal tampoco aprenderse la constitución, que ya vale que siempre sea Vox quien rija o dicte sus actuaciones. Y de paso pregúntenles donde cabe la ley mordaza en esta constitución, que es una mierda pero existe el artículo 14, que desdice las desigualdades con las que el puto supremo nos obliga a acostarnos en el fango de la corrupción institucional, y también obvia presuntas inviolabilidades o tratos de favor.