«Ante la Carta Magna no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad». Así se despidió el ya, por fortuna para muchos, expresidente del Tribunal Constitucional, Pedro González- Trevijano. Puede ser que lleve razón jurídicamente. Pero no políticamente. Su aviso abre un debate muy peligroso porque si la Constitución está por encima de los poderes del Estado, las Cortes están sometidas su criterio y, por lo tanto, a las decisiones que adopte su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, que, por esa regla de tres, sería el que manda en este país.
Las manifestaciones de González-Trevijano han sido recibidas por los juristas con división de opiniones. Es un debate viejo en la ya de por sí crispada vida política de este país. Y la pregunta es la de siempre. ¿Es necesario reformar la Constitución? Para la derecha conservadora el no es rotundo. “Está bien como está. No es necesario cambiarla, reformarla”. La izquierda progresista, en cambio, opina lo contrario. “Hay muchos aspectos que han quedado obsoletos. Y es necesario adecuarlos a los tiempos actuales”.
Y otra cosa que ha sido muy debatida, a propósito de estas manifestaciones. ¿Está por encima de la Constitución la soberanía popular representada en las Cortes Generales? El debate es de gran calado. Hay juristas que discrepan rotundamente de la tesis de González-Trevijano. “La Constitución se redactó en unas Cortes que, constituyentes o no, fueron elegidas en una votación popular”.
Si nos atenemos a ese principio, la soberanía popular reside en su representación directa, no en una norma que puede ser modificada si así lo requieren los votantes. González Trevijano es del grupo de expertos que creen que esto no ocurre. Y hay políticos, muy influyentes sobre todo en lo que se llama “la periferia”, que no están de acuerdo.
Los nacionalistas vascos y catalanes están en la vanguardia de este grupo contrario a las tesis del expresidente del Tribunal Constitucional. Y su influencia en el Parlamento es notoria. No sólo porque el gobierno de Pedro Sánchez los necesita para sacar adelante las leyes. También acudieron a ellos Rajoy cuando no tenía mayoría absoluta, Rodríguez Zapatero, Aznar y hasta Felipe González y Adolfo Suárez. Hay que recordar que uno de los “padres de la Constitución”, Miquel Roca, fue, durante muchos años, líder de uno de los partidos nacionalistas mas proclives al independentismo, CiU, hoy, Junts Per Catalunya. Los nacionalistas del PNV no participaron en la redacción de la Carta Magna. Incluso pidieron el boicot del referéndum de 1978 y en 2018 aprobaron, en el Parlamento de Vitoria, una declaración en contra de la Carta Magna con el argumento de que sólo participó el 44,7 por ciento, menos de la mitad, del censo electoral de los tres territorios históricos. Además, han presentado, en la Cámara Autonómica, una proposición mediante la cual se exige al Congreso de los diputados la convocatoria de un referéndum sobre la monarquía en España.
Eso en lo que se refiere al llamado “nacionalismo moderado”. Hay que tener en cuenta, además, que en los últimos años se ha incrementado la presencia, tanto en las calles como en el Parlamento, de las fuerzas políticas que exigen una reforma en profundidad de la Constitución. No sólo de algunos aspectos sino, incluso, de la forma y estructura del Estado. Bildu, en Euskadi, Esquerra Republicana en Catalunya e, incluso, Unidas Podemos que no disimula su rechazo a la monarquía exigiendo la celebración de un referéndum. Su fuerza parlamentaria ha crecido en los últimos comicios generales, además de tener una presencia importante en los parlamentos territoriales, – forman gobiernos en Catalunya y Euskadi-, y en ayuntamientos y diputaciones.
Esa presencia en los órganos de representación de la soberanía popular es en lo que, muy probablemente, estaba pensando González-Trevijano cuando hizo esa manifestación. El problema es que el expresidente del TC no tiene fuerza moral después de lo que hizo en diciembre. Votó a favor de paralizar la actividad del Senado cuando lo ético hubiese sido que se hubiese apartado del debate estando en funciones y con el mandato caducado.
Si hubiera justicia en este estado, este hombre ya estaría en la cárcel y, en tiempos de su líder, franco, estaría fusilado. Ni vergüenza, ni moral, ni decencia, ni atisbos de ella. Golpe, por golpe, creo que Tejero, siendo un traidor y terrorista, fue mucho más noble que este funcionario franquista.