La reciente propuesta de Alberto Núñez Feijóo para enmendar la ley de disolución de partidos políticos en España refleja una preocupante subestimación de los principios democráticos. Pretender disolver partidos políticos por actividades como promover referendos ilegales o declarar independencia, incluso si se limita a casos «muy agravados», es una muestra de un enfoque peligrosamente autoritario. Esta medida, si bien el popular afirma que busca salvaguardar la integridad nacional, amenaza con erosionar los cimientos de la libertad de expresión y el pluralismo político, pilares esenciales de la democracia.
Un giro preocupante hacia el autoritarismo
La disposición de Feijóo a revisar la propuesta en respuesta a las críticas no disminuye la gravedad de la intención original. La idea de disolver partidos políticos como un mecanismo de control estatal evoca recuerdos de regímenes autoritarios y épocas oscuras en la historia europea. La propuesta ignora el hecho de que la disidencia política y el debate son fundamentales para una sociedad democrática saludable. En lugar de fomentar el diálogo y la comprensión, esta ley podría cerrar espacios vitales para la discusión política y la representación de diversas opiniones.
Desconexión con la realidad democrática contemporánea
La justificación de Feijóo, apoyada en el «derecho comparado» y en ejemplos como el alemán, parece desconectada de la realidad democrática contemporánea de España. La aplicación de modelos legales de otros países, sin considerar el contexto político y cultural específico de España, es una estrategia simplista que podría tener consecuencias perjudiciales. La experiencia histórica española, con su transición a la democracia y la gestión de diversas tensiones regionales, requiere un enfoque más matizado y respetuoso de los derechos políticos y las libertades civiles.
Riesgo de polarización y represión política
La propuesta de Feijóo corre el riesgo de aumentar la polarización política y fomentar un ambiente de represión. Al dar al Estado el poder de disolver partidos políticos basándose en criterios potencialmente subjetivos y politizados, se abre la puerta a abusos de poder y a la persecución de opositores políticos. En un momento en que España y Europa enfrentan desafíos democráticos significativos, propuestas como esta no solo son retrógradas, sino que también amenazan con agravar las divisiones y debilitar la confianza en las instituciones democráticas.
Pues yo lo veo muy razonable: cuando una serie de partidos impiden que el mío pueda gobernar, los ilegalizo y asunto arreglado.
Todo, menos reconocer que necesito atraerme a esos partidos para llegar al poder. Cuantas más tonterías hace la derecha, más difícil se lo pone.
Imponer un pasaporte nazi, pretender inyectar sustancias tóxicas a toda la población, impedir la movilidad….todo ello sin ninguna justificación…eso se ve que tampoco es autoritarismo, ¿no?