Ni siquiera han agotado plazos. Los fiscales del Caso de los Eres de Andalucía, contrariamente a las habituales formas de actuar del Ministerio Público, se han dado prisa en pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia que condena a José Antonio Griñán y otros diez altos cargos de la Junta de Andalucía a 6 años de cárcel. En otras palabras, que, salvo milagro, su ingreso en prisión es inminente. Sólo se recuerda un antecedente parecido. Nada más hacerse pública la sentencia del Supremo del Caso Banesto, la policía se presentó en casa de Mario Conde y se lo llevaron inmediatamente a prisión. No dio tiempo a reaccionar.
Y ahora parece que va a suceder algo parecido. La Audiencia de Sevilla, según fuentes judiciales, va a decidir el ingreso de Griñán en un plazo no superior a diez días. No se esperará al recurso de nulidad presentado por sus abogados contra la resolución del Supremo de septiembre, recurso que se da por perdido pero que es el paso previo a la petición de intervención por parte del Tribunal Constitucional.
Allí es donde los abogados de los condenados tienen ciertas esperanzas de que se suspenda la ejecución de la sentencia. Los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional contempla tal posibilidad. Que se suspenda la ejecución de una manera total o parcial “cuando esta medida no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni los derechos fundamentales ni libertades de otra persona”.
Pero la mayoría actual del Constitucional es conservadora. Y aquí es donde vuelven a introducirse inquietantes factores que politizan las condenas del Caso. La batalla que el PP viene manteniendo contra la renovación del poder judicial no es ajena a la composición que puede tener en un futuro el Tribunal Constitucional. De materializarse la mayoría progresista que le corresponde por ley, se podría inclinar la balanza a favor del expresidente y altos cargos de la Junta de Andalucía.
Pero todo parece indicar que, a pesar de los últimos gestos del sector conservador del CGPJ para favorecer las candidaturas de las dos vacantes que corresponden al organismo, la renovación del Constitucional va para largo. Antes, seguro, Griñán está en la cárcel.
Porque con su actual composición se pone en duda que el TC vaya a suspender la ejecución de la pena. Una suspensión que sólo se acuerda para aquellas situaciones en las que ejecutar la misma “provoca un perjuicio al recurrente que pueda hacer perder la finalidad del amparo”.
Para el PP “las sentencias están para cumplirlas”. Eso sí, cuestionaron la de las piezas separadas del Caso Gürtel. También la otra acusación, Manos Limpias, pide la ejecución de la sentencia. Curioso que todavía este “sindicato” esté personado en causas sobre corrupción cuando su ex secretario general, Miguel Bernard, ha sido condenado en el caso Ausbanc.
José Antonio Griñán, 78 años, entrará en prisión hasta que se resuelva la única vía que parece posible: el indulto del Gobierno. Jacques Hachuel, condenado en el Caso Banesto, no entró en prisión, ni tampoco Pérez Escolar, condenado en la misma causa, por ser mayores de 70 años. En otras ocasiones, las instancias judiciales han buscado vías alternativas para evitar generar un perjuicio al reo, como el establecimiento de fianzas y medidas cautelares. Pero Griñán no. Aunque los jueces han dejado claro que no metió la mano en la caja, se le va a encarcelar. Es la venganza de la derechona de este país.
