Hay casos imposibles de amnistiar porque están relacionados con la corrupción

Lo que no se da cuenta Carles Puigdemont es de que, por mucho que haya voluntad política de hacerlo, hay casos imposibles de amnistiar como es el referido a la operación Voloh porque se sospecha que en ese asunto se desviaron fondos procedentes de la Unión Europea y el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dejado claro que en el tema de la amnistía  de los independentistas catalanes no entrarán “salvo en lo que se refiere a los delitos de malversación por si en la comisión de los mismos se han utilizado dichos fondos”.

Aunque el juez de instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, decretó el secreto del sumario, se han filtrado algunas informaciones inquietantes como la reflejada en una conversación telefónica en la cual unos imputados dicen textualmente: “va a haber una reunión con el jefe del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, en la que participarán, además de representantes de la patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, algunos de nosotros para avanzarnos el reparto de los fondos de la UE”. La reunión iba a tener lugar cuando todavía no se habían establecido los criterios para la distribución de los 140.000 millones que se destinaron a España. Conclusión: existe la sospecha de que los implicados en la Voloh manejaron información privilegiada. En Bruselas han saltado las alarmas. De ahí que el PSOE la haya excluido de la relación de causas amnistiables. No se quiere tener problemas con la Comisión Europea.

El argumento de los negociadores de Junts es que la judicialización de esta trama forma parte del lawfare, la guerra de los jueces contra los separatistas catalanes. No vamos a repetir lo que aquí dijo nuestro compañero José Antequera. De todos es conocida la actitud que mantuvo Laura Borrás en la reunión de la dirección del partido con Puigdemont, la pasada semana, en Bruselas. Quiere que también se la amnistíe por la condena que tiene pendiente de revisión en el Supremo por trocear un contrato para un amigo cuando era titular de  la Institución de las Letras Catalanas. Y también piden la amnistía los familiares de Jordi Pujol, los acusados de las concesiones de las ITV, el Caso Palau. Incluso hay quien asegura que también hablan de perdonar los abusos cometidos por la Generalitat en lo que se llamó “el tres per-cent”. En otras palabras, todos los casos de corrupción cometidos por la derecha burguesa de Catalunya. Y eso sí que traspasa las líneas rojas establecidas por el PSOE. Y, por supuesto, Bruselas no lo va a consentir.

No hay que confundir churras con merinas. Es cierto que hay que abrir un debate sobre el papel que jugó, y todavía juega, la justicia en el asunto de Catalunya. Y no sólo la justicia sino también las fuerzas policiales. El papel de la Guardia Civil enviando un informe al juez Manuel García Castellón sobre las vinculaciones del grupo Tsunami Democràtic con algunos conocidos políticos del procès es un tanto sospechoso porque se han adelantado en tres semanas sobre la fecha prevista. Justo cuando se conoció el acuerdo del PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez y la fase final de las negociaciones con Puigdemont. En cuanto a la apertura de juicio oral contra los dirigentes de los CDR, su anuncio también deja algunas dudas.

Es cierto que los jueces tienen la obligación de seguir trabajando porque ni siquiera hay constancia de una proposición de ley de amnistía presentada en el Congreso. Y mientras no haya nada, la normativa vigente obliga a continuar con los trámites judiciales. Pero no le hubiera costado nada al controvertido juez Manuel García Castellón haber aplazado esta decisión unas semanas a la espera de conocer la evolución de unos acontecimientos políticos que pueden afectar a sus decisiones. Es un sentido elemental de prudencia. Pero todos conocemos la personalidad del titular del juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional y sus obsesiones hacia la izquierda política adoptando decisiones que suponen dar la razón a la gente de Junts que justifican sus demandas por la persecución a que dicen estar siendo sometidos.

Todo forma parte de las presiones a los negociadores. El CGPJ, que dice actuar en nombre del poder judicial, aunque sus miembros llevan en funciones casi cinco años, las asociaciones profesionales, cuyos hilos mueve la derecha, incluso el sector ultra que se manifiesta frente a la sede del PSOE en Ferraz gritando “Viva Franco” y “Puigdemont a prisión” y son jaleados por la caverna mediática. O en el seno del Partido Socialista donde los críticos a la gestión de Pedro Sánchez arrecian sus descalificaciones contra el curso de las negociaciones. En realidad, estas presiones no afectan a los negociadores.

Pero Bruselas es otra cosa. Sobre todo, si se está hablando de un asunto tan delicado como es la corrupción. Entra dentro de la legitimidad que se olviden los delitos que se cometieron en el procès en materia de malversación. Para llevar a cabo las acciones de las que ahora se pretende pasar página se necesitaba dinero y, lógicamente, hubo que cogerlo de alguna parte. Pero los líderes separatistas se cuidaron mucho de utilizar fondos que podrían cuestionar su credibilidad como son los procedentes de la UE. Se acudió a la partida correspondiente a los gastos corrientes y en ese sentido no existe duda alguna. Incluso así se dice en los hechos probados que sirvieron de fundamento para las condenas del Tribunal Supremo. No hubo lucro personal y con eso basta para beneficiarse de la medida de gracia.

Pero hay otros casos que los negociadores de Junts pretenden amnistiar que entran dentro del ámbito personal, incluso bajo la sospecha de haber sustraído fondos procedentes de la UE. Y ya demasiadas quejas se han recibido en Bruselas por parte de la derecha política y judicial como para que, al final, se tenga que dar la razón a los que se mostraron reticentes, en su día, a conceder las ayudas a este país alegando que no se garantizaba el uso para el que se destinaban. Y eso sería traspasar la línea roja trazada por los socialistas. Porque una cosa es querer recuperar el clima de convivencia en Catalunya y otra muy diferente es que la corrupción cometida en nombre del nacionalismo se quede en la impunidad.