La reciente absolución de Iberdrola y sus cuatro directivos por la Audiencia Nacional, en relación con las acusaciones de manipulación del precio de la electricidad en 2013, marca un hito importante en el sector energético español. Esta decisión judicial refuerza la imagen de Iberdrola como una empresa comprometida con la legalidad y la transparencia en sus operaciones.
La sentencia del Juzgado Central de lo Penal, liderada por el magistrado José Manuel Fernández Prieto, aclara que el incremento en los precios de la energía a finales de 2013 no fue producto de una estrategia maliciosa por parte de Iberdrola o sus ejecutivos. Más bien, se debió a las dinámicas inherentes al sistema de oferta de energía. Este punto es esencial para entender que Iberdrola operó dentro de los márgenes de la ley y las prácticas de mercado establecidas.
Otro aspecto relevante de la sentencia es la autonomía del departamento de Gestión de la Energía de Iberdrola en sus decisiones. Esto demuestra que la compañía tiene estructuras internas sólidas y bien definidas, lo que contribuye a una gestión eficaz y responsable. La independencia en la toma de decisiones es un indicador de una organización que confía en sus procesos y en su gente.
Además, el fallo del tribunal destaca que Iberdrola puso en el mercado toda la energía hidroeléctrica disponible en el período en cuestión. Esto contradice cualquier alegación de retención de recursos para manipular precios. La compañía, por lo tanto, actuó no solo legalmente, sino también de manera ética y en el mejor interés del mercado y los consumidores.
La sentencia subraya que la acusación basó sus argumentos en el precio de la energía hidroeléctrica ofertada por Iberdrola, considerándolo excesivo. Sin embargo, el juez desestimó esta interpretación, recordando que la energía hidroeléctrica es parte de un mercado libre, lo que subraya la competencia leal y la libre determinación de precios en el sector.
