El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha actualizado la cifra de beneficiados por la conocida como ‘ley del solo sí es sí’ y ha elevado a 943 las rebajas de pena y a 103 las excarcelaciones en aplicación de la norma que entró en vigor el pasado 7 de octubre. Estas cifras podrían aumentar en los próximos días, ya que todavía hay audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia pendientes de informar sus datos.
La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida popularmente como la ‘ley del solo sí es sí’, fue aprobada en 2021 y ha tenido un impacto significativo en el sistema judicial español. Esta ley ha permitido la revisión de sentencias en casos de delitos sexuales, lo que ha llevado a la reducción de penas y la excarcelación de algunos condenados.
El CGPJ informó previamente que había 721 rebajas y 74 excarcelaciones en toda España a fecha de 1 de marzo, pero no tenía una cifra global debido a que no había podido recopilar datos de todos los órganos judiciales.
Desde entonces, el órgano se ha comprometido a actualizar periódicamente la información y hacerla pública. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará un Pleno monográfico entre el 6 y 7 de junio para fijar criterio sobre las revisiones efectuadas por los tribunales sentenciadores a causa de la reforma penal. Será la primera vez que el alto tribunal entre a analizar si los tribunales han aplicado correctamente la ‘ley del solo sí es sí’ en sus revisiones de pena.
Los magistrados llevarán a cabo este estudio con el objetivo de unificar criterios y fijar doctrina, ya que ya hay más de 20 recursos de casación contra autos de revisión. La ‘ley del solo sí es sí’ ha sido objeto de controversia en España desde su aprobación, y algunos sectores han criticado que pueda llevar a la excarcelación de delincuentes sexuales peligrosos.
No obstante, el gobierno ha defendido que la ley es necesaria para garantizar la protección de las víctimas y para avanzar en la igualdad de género. El Pleno monográfico del Tribunal Supremo será una oportunidad para aclarar algunos de los aspectos más controvertidos de la ley y fijar criterios claros para su aplicación.
