Los planes del ministro José Luis Escrivá para desincentivar las prejubilaciones pueden dar al traste con las esperanzas de cientos de trabajadores cuyo futuro pende de un hilo tras la fusión entre CaixaBank y Bankia. Sindicatos como CGT ya han alertado de que la operación supondrá una gran “destrucción de empleo” y denuncian que los despidos colectivos amparan una reforma laboral encubierta “hecha a medida de los empresarios, que permite el uso de esta herramienta a empresas con miles de millones de beneficios”. El sindicato advierte además de que los despidos supondrán un doble coste: por un lado la pérdida de ingresos a la Seguridad Social por cotizaciones en el IRPF y por otro el pago por parte del SEPE de prestaciones por desempleo y exenciones fiscales aparejadas al despido.
Bankia y CaixaBank se encuentran negociando una posible operación de fusión para elevar su rentabilidad en el actual contexto de crisis del coronavirus y tipos de interés negativos. Distintas compañías auditoras han coincidido en que la operación tiene sentido estratégico y permitirá a ambas entidades ahorrar costes, dando por sentado que implicará un importante ajuste de oficinas que previsiblemente afectará al empleo. Los sindicatos, de momento, se muestran prudentes y a la expectativa a la hora de calcular el posible excedente de plantilla, ya que ambas entidades se han dado un plazo de dos o tres años para digerir la fusión y consideran que aún es pronto para avanzar datos sobre despidos. Sin embargo, todo apunta a que el ajuste laboral puede llegar a ser importante.
Precisamente CGT recuerda que la “experiencia nos dice que las fusiones persiguen, entre otras cosas, la reducción de costes, aprovechando las sinergias que estas generan. Eufemismo que esconde tras de sí, salvajes reestructuraciones de plantillas que suponen la destrucción de miles de empleos, así como el cierre de un número muy importante de oficinas bancarias, que en muchos casos desbancarizan más el mundo rural”.
Para el sindicato, es evidente que solo el anuncio del estudio de la fusión por ambas entidades va a acelerar operaciones similares entre el resto de los bancos que operan en el Estado español, “lo que nos va a llevar a la tan deseada por algunos, concentración bancaria”. Una concentración que, de facto, va a suponer la creación de un oligopolio bancario que va a controlar, en perjuicio claro de la ciudadanía, las condiciones y servicios financieros de todo el país. “Servicios precarizados y bastante recortados ya para amplias capas de la población, bien por la incipiente digitalización, bien por la desbancarización de lo que denominamos la España vaciada”, insiste CGT.
“Precisamente contra esta precarización se hace más necesaria que nunca una banca pública que garantice unas condiciones financieras asequibles y unos servicios bancarios de calidad a la ciudadanía, independientemente de su edad, clase y ubicación. Banca pública que, tristemente con esta operación, el Estado, accionista mayoritario de Bankia, está renunciando a ella”, critica la organización sindical.
A esto hay que añadir que estas grandes empresas, lejos de aportar al SEPE lo que están obligadas por ley para los despidos de mayores de 50 años, finalmente en muchos casos “se escapan al pago por incapacidad o inoperancia del organismo público, que debiera garantizar estas aportaciones, velando así por los intereses de todos y todas”. Si a esto se añade que la idea de Escrivá es ir recortando prejubilaciones, la inquietud de las plantillas ante su futuro está más que justificada.
Los últimos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) del sector bancario español dan una idea del volumen de posibles despedidos o regularizados. En el caso concreto de CaixaBank, las peticiones de salida de la empresa excedieron en un 33% las más de 2.000 bajas previstas, lo que llevaría a pensar que un nuevo ajuste también sería bien acogido por la plantilla. Sin embargo, fuentes sindicales advierten de que todo dependerá de que las condiciones de un nuevo ajuste sean similares, con buenas condiciones de salida y prejubilaciones. Y es ahí donde las expectativas de los trabajadores chocan con el plan de José Luis Escrivá de ir recortando en prejubilaciones y alargar la vida laboral hasta los 67 años.
“Desde CGT creemos que estas reestructuraciones de plantilla deben correr totalmente a costa de la cuenta de resultados de las empresas, utilizando para ello la figura de la prejubilación a partir de determinada edad, exonerando con ello al Estado de sufragar coste alguno, garantizándole así los ingresos por cotizaciones e impuestos en unos momentos en donde todo el dinero público es necesario para construir lo que denominan ‘escudo social’. Es inasumible para la clase trabajadora que sea el Estado quien indirectamente rescate nuevamente al sector financiero. Por otro lado, no podemos aceptar que este momento que vivimos de pandemia, donde están recortados seriamente derechos fundamentales que hacen que sindicalmente no podamos realizar nuestras funciones con todas las garantías constitucionales, sean utilizados en su favor por los grandes grupos empresariales para negociar en clara posición de ventaja”, insisten las fuentes del sindicato.
De momento, los representantes de los trabajadores todavía no se han reunido con la dirección de CaixaBank o Bankia, y tampoco esperan hacerlo hasta que no se apruebe la operación, primero por los consejos de administración y después por las juntas extraordinarias de accionistas, que teniendo en cuenta los plazos legales no se reunirán, como mínimo, hasta mediados de octubre. Desde los sindicatos aseguran que se volcarán en preservar el empleo y que solicitarán medidas no traumáticas para las plantillas de ambos bancos. De hecho, apuestan por aprovechar la operación para dotar de más plantilla a las oficinas en la mejora del servicio a la clientela.
