Hay muchos intereses privados en Haití. Hay mucho dinero en juego, dinero que se obtiene pero que es muy fácil de ocultar por la opacidad existente en el país haitiano. La situación de caos absoluto, de control de bandas criminales y la falta de un gobierno con capacidad de actuación son elementos muy favorables para que esos intereses privados controlen Haití.
Por esta razón, el posicionamiento de República Dominicana y de Luis Abinader desde que llegó a la Presidencia es incómoda. Por eso se ha iniciado una campaña de desprestigio internacional muy bien financiada y dirigida desde organismos que, en teoría, son blancos, limpios e independientes. No obstante, son precisamente esas organizaciones en las que más poder tienen los poderosos.
Desde agosto de 2020, Luis Abinader ha venido insistiendo en cualquier foro, evento o cumbre internacional en la que haya participado en que era fundamental la creación de una fuerza internacional para que interviniera, con la aprobación de Naciones Unidas, en Haití. En la última Asamblea General, celebrada hace dos semanas, tuvo como principal consecuencia que la comunidad internacional abriera, por fin, los oídos a las reclamaciones del presidente dominicano y se hayan iniciado ya los procedimientos para que esa intervención sea un hecho.
Esto no ha debido gustar a quienes se están beneficiando del caos en Haití y están aprovechando para lanzar una campaña de desprestigio internacional contra República Dominicana en la que se pretende asemejar la gestión que está haciendo el gobierno de Abinader con las actuaciones, por ejemplo, del presidente de El Salvador. Sin embargo, hay que dejar clara una cosa. En República Dominicana no se están vulnerando los derechos humanos de los ciudadanos haitianos.
Primero se pretendió, a través de un informe de un supuesto experto independiente de la ONU, hacer ver que esa falsa vulneración de los derechos humanos se estaba produciendo con el cierre de la frontera. Esto es un bulo, se mire por donde se mire. La construcción de un canal ilegal por parte de esos intereses privados ocultos, que desviaría el cauce del río Masacre es una violación de la soberanía dominicana, fue la que provocó el cierre de la frontera y, desde luego, no vulnera los derechos de nadie. El millón y medio de haitianos que viven en República Dominicana no ha sufrido ningún tipo de represalia y siguen con sus vidas.
No fue casualidad que Leonel Fernández, líder de la oposición dominicana, estuviera en Estados Unidos cuando se inició la campaña de desprestigio internacional, como no lo fue que criticara duramente las medidas adoptadas por el gobierno de Luis Abinader en vez de colocarse en una posición de colaboración con la Jefatura del Estado, que es lo mínimo que se espera de un líder político.
Leonel Fernández aprovechó su estancia en Estados Unidos para atacar al gobierno de su país en un momento en que el presidente está en Nueva York junto a los mandatarios de todo el mundo. ¿Pretende Leonel que sus declaraciones sirvan de elemento de desprestigio internacional a República Dominicana? Eso, en esencia, sería un supuesto acto de alta traición inexplicable en quien, durante 12 años, presidió la nación. Cada cual sabe el alcance y la intención de sus palabras.
Tampoco fue casualidad que ya en el mes de julio, desde Estados Unidos, se atacara las políticas anticorrupción de Luis Abinader, políticas que, por cierto, fueron alabadas por el mismo presidente Joe Biden. El excongresista Connie Mack IV afirmó en una carta dirigida a la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana que «el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupción, ha convertido al Ministerio Público en un arma para castigar a los opositores políticos y recompensar a los aliados […] la mayoría de los líderes de su partido de oposición ahora estén presos o bajo amenaza de prisión».
Como las mentiras del supuesto experto de la ONU y del excongresista no tuvieron efecto y los procedimientos para enviar fuerzas a Haití se iniciaron, con petición expresa de Joe Biden al Consejo de Seguridad, los muñidores de la campaña internacional de difamación y desprestigio han utilizado a otro organismo aparentemente «blanco», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lanzar un nuevo ataque a República Dominicana y, por extensión, a su gobierno.
En un comunicado hecho público el pasado viernes, la CIDH instó a erradicar la apatridia derivada de una decisión judicial adoptada durante el gobierno de Danilo Medina (PLD). No es casualidad, evidentemente, que ahora se intente sacar este asunto en medio de una crisis en Haití y con la comunidad internacional movilizando los recursos para intervenir en ese país.
El gobierno dominicano, como es lógico, reaccionó de inmediato y rechazó «contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos».
La manipulación absoluta que hace de la realidad la CIDH se muestra en los datos oficiales y en las razones de esos datos. De todas las personas a las que se les restituyeron su estatus de nacionalidad, más de 34.000 no acudieron a recoger sus documentos por diferentes razones como el fallecimiento, la migración o el ignorar el llamamiento que se hizo desde el gobierno dominicano para que fueran a recoger sus papeles. Por tanto, las cifras que la CIDH afirmaba en su comunicado de personas a las que no se les había restituido su estatus de nacionalidad son, en realidad, de personas que no fueron a recoger su documentación, papeles que sí están expedidos oficialmente.
Lo que es cierto es que las políticas y la gestión de Luis Abinader, tanto a nivel interno como en su política exterior, se caracterizan por estar regidas por un eje estratégico que contempla como elemento prioritario la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, consagrados en su Constitución y los tratados internacionales.
La «curiosa» financiación de la CIDH
Gran parte de los intereses privados que rigen Haití se encuentran en los Estados Unidos, Canadá e, incluso, en República Dominicana. La CIDH tiene su sede en Washington. En sus cuentas anuales se puede comprobar que más de un 30% de su financiación procede de Estados Unidos, tanto de fondos públicos como de donaciones privadas.
Según se indica en sus propias cuentas, además de la financiación estadounidense, la CIDH recibe fondos de multinacionales tecnológicas, de fundaciones privadas, de prestigiosas universidades, como la de Georgetown, el alma mater de, precisamente, el expresidente Bill Clinton y algunos de sus amigos.
¿Los intereses privados que quieren seguir controlando Haití financian también, a través de terceros, la CIDH? Es una pregunta lícita en medio de la ilicitud del escenario y la campaña de difamación y desprestigio iniciada tras la crisis del canal ilegal del río Masacre porque, como dijo León Bloy, «la casualidad es la providencia de los imbéciles y la justicia quiere que los imbéciles no tengan providencia».
Es un caso muy triste e inconcebible.
Hay varios o varias personajes q hay q tener en cuanto. Los fallecidos, sus familias, ambos son las victimas. Y quienes deben ser los acusados? Primero, el empresario. Y despues el ayto, y en eso entran los politicos. Y dice el ayto q se presentará como acusación particular. Q se presente si quiere xq esta en su derecho. Pero el ayto es uno de los responsables de esta desgracia. Y no se de q partido es, eso m da igual.