Si hubo un móvil que no paró de sonar el 13 de julio pasado, ese fue el de Guillem Bou, matemático que elaboró el informe IRPH para la Dirección General de Consumo, la pieza clave de la cuestión prejudicial y el motivo por el que la magistrada Poveda escribiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se trataba de “una estafa de libro”.
El mérito de este profesor, además de la parte matemático-financiera, es haber ideado, contra viento y marea, con sólo la ayuda de un estrecho grupo de colaboradores, la vía administrativa para combatir el engaño del IRPH. Durante siete años, desde 2015 hasta 2022, estuvo llamando a las puertas de la administración, se entrevistó con todo tipo de políticos y explicó a la saciedad el tema del diferencial negativo y la publicidad engañosa, para siempre conseguir una sonrisa hipócrita y la inacción total de los responsables de turno.
Incluso, expuso el problema del IRPH en dos parlamentos, el de Cataluña y el de Baleares, porque, a pesar de estar en lista para comparecer en el Congreso de los Diputados, nunca fue convocado.
Sólo un “clásico” del movimiento vecinal de Barcelona, Josep Lluís Rabell (actualmente en las filas del PSC) le tomó en serio y le facilitó la vía Balear. No es casualidad que el informe IRPH haya existido gracias a tres políticos veteranos de izquierda: Rafael Ribó, Defensor del Pueblo de Cataluña y antiguo líder de Iniciativa por Cataluña, Josep Lluis Rabell (PSC, antes en Comuns) y Félix Alonso, actualmente en Sumar. La edad media se acerca más a los 70 que a los 60. Es toda una lección de gestión política de los seniors, los luchadores de la vieja escuela, frente a la nueva ola de fake news, debates sin contrastar y memoria de pez. Los viejos rockeros no sólo nunca mueren sino que, en realidad, nunca dejaron de estar allí, en su labor de zapadores.
En contrapartida, le ha faltado tiempo al Partido Popular de Baleares para disolver la Dirección General de Consumo. Fue la primera medida nada más formar gobierno. Es un secreto a voces que la intención del PP es desintegrar todos los organismos de protección de consumidores, incluido el propio Ministerio de Consumo, del cual han repetido hasta la saciedad que es “innecesario”. El partido que puede ganar las elecciones tiene un objetivo claro: cerrar la vía que ha abierto Guillem Bou.
Entender al autor del informe
¿Cómo se explica que a este profesor se le ocurriera semejante plan estratégico? La explicación se encuentra en un análisis de su trayectoria personal y profesional. Bou es matemático gracias a la universidad pública, y gracias a que pudo estudiar porque su padre, al ser funcionario de educación, tenía en aquellos tiempos matrícula gratuita para sus hijos. Es, pues, una persona que muchas veces ha criticado el mal funcionamiento de la administración, y en especial la corrupción, pero que siempre ha tenido fe en la función pública. Es quien es gracias a un sistema público de educación.
Por otra parte, además de trabajar en la universidad, ocupó cargos relevantes en la empresa privada y, cosa curiosa, fue convencido por la Escuela de Policía de Cataluña en el año 1998 para formar a los mandos en estrategia, teoría del conflicto y negociación. No hay que olvidar que a Bou le etiquetan de hombre del renacimiento: se licenció en matemáticas y en informática, pero se doctoró en ciencias sociales. Trabajó 3 años para el Departamento de Interior de la Generalitat, luego de este periodo escribió una colección de libros de estrategia que entraron en los más vendidos en ensayo empresarial allá por el año 2005.
Es lógico que una persona que cree en el Estado, un Estado garantista frente a los abusos de las grandes compañías, tuviera una fe ciega (una fe de 7 años) en la administración para llegar a la vía que tenemos ahora: 1- denunciar el IRPH ante la administración de consumo pertinente, 2- conseguir la sanción, 3- presentarse a un juicio civil respaldado por dicho pronunciamiento administrativo. El problema real, bien lo detectó este matemático en el inicio, es que se pide a unos jueces saturados de trabajo que dicten sentencias sobre productos financieros complejos, que exigen un esfuerzo de comprensión y una formación que no tienen.
Al respecto, el Defensor del Pueblo de Cataluña, Rafael Ribó insistió en el año 2020 en otro informe que pasó desapercibido, donde indicaba “Y además, esta falta de formación financiera específica afecta también muchos de los agentes a los que corresponde la tutela del consumidor, como el personal de la administración de consumo, abogados y jueces”. Durante 7 años, Bou había conseguido que la administración “hablase”, para crear una red de documentos que apuntalaran el camino que había abierto.
La línea abierta por Bou depende ahora de los votantes
Satisfecho por el resultado del pasado día 13 de julio, Diario16 se puso en contacto con Bou y le preguntamos por el futuro: era pesimista. Había dado una rueda de prensa con Félix Alonso porque, a pesar de que Bou nunca se había implicado en política activa, defendía que sólo el voto a Sumar es la opción que tienen los hipotecados y todas las personas que hayan sufrido abuso bancario. “Yo me siento en paz conmigo mismo porque le he devuelto a los ciudadanos lo que me dieron. Me dieron la oportunidad de ser matemático y he usado mis conocimientos para el bien de todos los españoles”, declaró a Diario16.
Hablamos con él sobre cómo el Partido Popular iba a destruir su obra y sobre el futuro pronunciamiento del Tribunal Supremo, en el que Bou apunta dos posibilidades: “Un Tribunal Supremo que fue nombrado por los populares, si gana Feijóo, se verá reforzado y no tendrá ningún reparo en inventarse lo que haga falta para defender a la banca”.
Además, nos recordó que, precisamente, el Tribunal Constitucional, que sí había sido renovado por el gobierno de coalición, había admitido a trámite tres cuestiones muy favorables a los hipotecados. “Estas elecciones no van de ETA ni de separatismos, van del poder económico, de la relación que estableció el narco con la banca, de impunidad y de víctimas financieras”.
En resumen, según Bou, “si se repite el gobierno de coalición y se renueva el Supremo, los hipotecados ganan; si gana el Partido Popular, el Supremo conservador sale reforzado y los hipotecados pierden. No sólo los de IRPH, sino también los de cuota creciente y contratos REDAL. Depende de los votantes: ellos pueden votar para que les quiten la vivienda o mantenerla”. No lo dice el profesor de matemáticas, lo dice el estratega.
Lo malo es que «la izquierda» le ha dado a la banca y a la Iglesia, más que los otros. —- https://www.calameo.com/books/00560931085b6c836aac1