Juego de Tronos judicial

Por si queda algún humano que no sabe de qué va la serie, ésta se desarrolla en un mundo ficticio medieval llamado Westeros, donde varias casas nobles luchan por el control del Trono de Hierro y el poder sobre los Siete Reinos. La trama se centra en un gran número de personajes, cada uno con sus propias ambiciones, conflictos y secretos, y sigue sus historias a medida que se enfrentan a desafíos políticos, militares y sobrenaturales.

Entre los personajes principales se encuentran la familia Stark, que gobierna el norte de Westeros; los Lannister, una familia poderosa que controla la riqueza de la región; los Targaryen, una familia exiliada que busca recuperar el trono perdido; y los Baratheon, una familia que gobernó los Siete Reinos antes del comienzo de la serie.

La serie es conocida por su violencia gráfica, su lenguaje crudo y fuerte donde dentro de una élite, se pelean o se alían entre ellos, quedando el resto de los habitantes de los siete reinos como menospreciada carne de cañón, al servicio de los intereses particulares de cada momento.

Algo parecido está ocurriendo en España dentro del Poder Judicial. Diversas facciones pelean entre ellas, pero todas ellas defienden la empalizada que los separa de los «Caminantes Blancos», una raza de criaturas sobrenaturales que viven en el norte de Westeros y están asociados con el frío extremo y el invierno. Los Caminantes Blancos son conocidos por ser altos, su piel pálida y ojos azules, y son considerados como una de las principales amenazas para la supervivencia de los personajes “humanos”, Caminantes Blancos a los que exterminan sin piedad, lleven o no coleta. Y es que son todos unos rojos separatistas y conforman el gobierno actual que quieren cargarse los valores patrios.

Estas historias gustan, pero al final, de tanto repetirse, cansan. De la misma manera que a la UE le está cansando esa posición de privilegio de la élite judicial/fiscal del tercer pilar español, permanentemente enfrentada con el gobierno y favoreciendo a  partidos, precisamente de derecha extrema y ultraderecha que justamente son los que han tenido los comportamientos más antieuropeos.

Y para ello, ya hace tiempo que la UE decidió ir asumiendo las competencias de gestión del Poder Judicial estableciendo el concepto de jurisdicción única europea para ciertos temas y proceder a imponer un modelo funcional nuevo donde, por ejemplo, a los jueces se les retira el poder de instrucción, quedándose como jueces de garantías. También se puso en marcha la Fiscalía Europea, que está por encima de los jueces y se la dota del poder de abocación; es decir de que si un juez de Madrid no place como está tramitando un asunto, sencillamente, puede retirárselo y llevárselo a un juzgado de Schleswig-Holstein o de Bruselas.

Y para ir sentando esas bases, desde 2017, ha aprovechado el también “juego de tronos” entre gobierno y poder judicial, en Polonia y Hungría. En este caso, los papeles están cambiados, los Caminantes Blancos son los jueces.

Los dos principales últimos pasos han sido la Directiva 2019/1937 de protección de “alertadores” donde se engloba expresamente a todo el poder judicial y a todos los jueces, sea cual sea su nivel. Solo excluye del control, la fase deliberativa de las sentencias; todo lo demás está sujeto a denuncias internas o externas, sin limitación de fronteras. Es decir, que para instruir una denuncia contra un juez, salvo en la fase decisoria, ya no es preciso que el instructor sea alguien del Poder Judicial.

Pero el TJUE, hoy, jueves 11 de mayo, ha dado un paso más allá, en la sentencia del asunto C-817/21, que nace de una prejudicial del Tribunal Superior de Bucarest, sobre los poderes reforzados de la figura del instructor disciplinario de los Jueces.

El Tribunal de Luxemburgo contesta a Rumanía que en un Estado de Derecho, el órgano responsable de los procedimientos disciplinarios contra los jueces debe ser independiente e imparcial. Pero es más importante lo que no dice: no tiene que ser un juez el que instruya los procedimientos disciplinarios de los demás jueces.

¿Lógico, no?

De esta manera valida y fortalece los buzones de denuncia o como aquí se les define “sistemas de información”, que como exige la Directiva Whistleblowers han de ser por definición externos, independientes y autónomos con jurisdicción en toda la Unión europea y no como las ha diseñado la cobarde Ley 2/2023 que son, justamente, internos, dependientes y parciales. Por eso la UE tiene demandada frente al TJUE, a España.

Y es que hasta ahora las élites westeras, se han venido tapando sus trapos sucios entre ellos y cortándoles la lengua a los que levantaban el dedo y criticaban el sistema. Pongamos unos pocos ejemplos: a) el negocio en negro que durante décadas han tenido montado fiscales y magistrados con la preparación de opositores, opositores que permiten y han permitido esas prácticas corruptas y que ahora estos opositores son lo que están ejerciendo; b) la edición pagada de libros para engrosar currículums, o c) las conferencias en universidades y cátedras financiadas por los mayores expoliadores del país.

Finalizemos recordando una frase que viene al pelo de  Tyrion Lannister, “Si le cortas la lengua a un hombre, no demuestras que estuviera mintiendo sino que no quieres que el mundo escuche lo que quiere decir.”