Justicia social y administración de justicia

Con el “si se puede” en cada mitin, las de Podemos, ahora pendientes de Sumar a los solos efectos de no restarse a sí mismas, alaban sus medidas de justicia social.

Dicen defender la igualdad en todas sus vertientes; de género, de oportunidades, de distribución de la renta, del acceso a la vivienda, y en derechos humanos y laborales, aderezando todo ello con una concepción extrema del feminismo, pero desvirtuando de plano el concepto, ya que para llegar a la igualdad como objetivo no se debe excluir la equidad, cuya interpretación más básica es la de no favorecer en el trato a una persona perjudicando a otra.  Claro, que igual es mucho pedir que los políticos actuales diferencien entre los dos términos.

Desde el punto de vista conceptual, sólo con su forma de proponer justicia social evidencian el desequilibrio, y desde el punto de vista aplicativo, el engaño resulta poco cuestionable. No admite discusión que esta política se basa en un machaque  publicitario, o mejor dicho, propagandístico de la igualdad, mientras se ningunea a la propia administración de justicia, a la que no se dota del presupuesto necesario desde hace décadas. Culpa del bipartidismo en alternancia, con concurso de los de la “coalición” en el gobierno actual. No hay duda al respecto.

Ellas, pudiendo o sumando, en modo percutor, dicen que regulan para procurar el bienestar social, la convivencia pacífica, y para que cada persona pueda desarrollarse en libertad, pero en realidad sólo hay un objetivo de propaganda y captación  de voluntades en cuanto a adhesiones por votos, los que se obtienen mediante el engaño con una justicia social de extraña configuración, votos que  no se alcanzan proponiendo y disponiendo la organización de juzgados y tribunales, para garantizar el ejercicio y protección de los derechos de los justiciables, entre ellos los de justicia social.

Con independencia de que una sociedad no puede ordenarse en base a planteamientos ideológicos, construidos sobre premisas falsas y abstractas, alejadas del derecho natural en cuanto principios propios e irrenunciables de la naturaleza humana, no podemos abstraernos que a los que legislan en serie no les importa nada cualquier justicia que no favorezca la publicidad de sus postulados. Que haya más o menos jueces o más o menos funcionarios y se disponga de medios suficientes para una justicia rápida y eficaz, les resulta indiferente.

No sería justo en este artículo si me centrara sólo en Unidas Podemos, y ahora Sumar,  aún con sonada exclusión, cuando el PSOE y el PP ni han movido los hilos adecuados ni han realizado las mínimas disposiciones, tan necesarias como urgentes, para que la administración de justicia funcione como tiene que funcionar, para que la mayoría de los jueces puedan trabajar con dedicación, pero sin más presión que la que ya supone su noble cometido,  con sus tiempos de análisis y estudio de cada caso y su necesaria conciliación personal y familiar, y se alejen de una vez por todas  de la única idea del CGPJ, cual es el exigirles un número de resoluciones que sólo se pueden alcanzar porque muchos de ellos abordan más de  lo que les corresponde, hasta la saturación, y ello porque ninguno de los gobiernos, de rosas o palomas, han estado a la altura.

Y es que al bipartidismo tampoco le ha interesado la justicia más allá de sus propias inquietudes y vicisitudes de corrupción, y por eso, en lugar de procurar soluciones de interés general, se pelean por el control y el nombramiento de miembros del CGPJ, con las etiquetas de conservadores y progresistas, que también se trasladan al Tribunal Constitucional, ya sin caretas, escrúpulos ni vergüenza. No hace falta más que analizar los más recientes nombramientos, digamos de  “afinidad”, que luego hay alguno que se enfada y dice que no pertenece a ningún partido, porque sus comparecencias en “Faes” han sido en foros técnicos y nunca ha estado afiliado.

Mientras, Europa nos pide garantías de independencia y desde Estrasburgo nos amonestan por la politización de la justicia, pero poca gente conoce, que el Consejo europeo,  con su “Informe Greco” y todo, no es precisamente un ejemplo, no ya de independencia, sino de un mínimo de coherencia con lo que exige y no se aplica, lo cual redunda en una auténtica indecencia.

Llega el 23 J.  ¿Cuántos debates habrá sobre Justicia?, ¿y propuestas de mejora en juzgados y tribunales?.  Eso sí, tendremos nuevo ministro, probablemente de otro color y mucha sopa de justicia social como alternativa,  para el  enésimo enfrentamiento  sin solución, entre gobierno y oposición, perpetuando la apariencia