La biografía (no autorizada) de Pedro González-Trevijano

Dicen que Pedro González-Trevijano (Madrid, 1958) dijo, al hacerse cargo de la Presidencia del Tribunal Constitucional, que pretendía “pacificar” el organismo, bastante enfrentado desde la sentencia que declaró parcialmente inconstitucional el Estatuto de Autonomía de Catalunya que había sido aprobado por el Congreso, el Parlament y, en referéndum, por la ciudadanía catalana.

No sólo no lo ha conseguido, sino que ha llevado al desprestigio total a la institución. Y, de paso, a su persona. La gran mayoría de la opinión pública le reprocha que no se haya abstenido en la votación que prohibió al debate en el Senado de la reforma del CGPJ y del TC en la que estaba previsto su cese. Nadie se explica cómo intervino en un asunto que le concernía directamente. Su imagen ha salido tan deteriorada sobre todo porque, ahora mismo, y si no lo remedian los grupos parlamentarios, seguirá disfrutando del sueldo de presidente, unos 160.000 euros anuales, de secretaria y asesores, y de coche oficial

No es nada nuevo en González-Trevijano. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense, catedrático de Derecho Constitucional, gracias a su amistad con el que fuera rector de la Complutense y consejero de Educación del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Gustavo Villapalos, entró en el círculo del Partido Popular que le colocó en el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad pública más controvertida de España donde funcionó el famoso Instituto de Derecho Público, IDP, en el que se produjo el famoso asunto de los “falsos másteres” que salpicó a la ex presidenta de la CAM, Cristina Cifuentes, el ex presidente del PP, Pablo Casado, y la ex ministra de Sanidad, Carmen Monzón.

A González-Trevijano no se le relacionó directamente con el asunto de los “másteres” de posgrado de la URJC. Pero el escándalo estalló durante su mandato al frente del Rectorado, y, además, formaba parte del comité asesor del IDP.

González-Trevijano apuró tres mandatos en el Rectorado, entre 2002 y 2013, el máximo permitido. Pero no satisfecho, intentó cambiar los estatutos para perpetuarse en el cargo. Al final, fueron los tribunales de justicia los que dijeron basta. No hubo reforma de los estatutos y González-Trevijano no se pudo presentar a una nueva reelección.

Pero no hubo problema porque, ese mismo año, el gobierno de Mariano Rajoy, tenía que designar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al ejecutivo. Y uno de ellos fue Pedro González-Trevijano.

En 2021, se le designó presidente del Organismo con la idea de que estuviese en el cargo tan sólo seis meses. Su mandato expiró el 12 de junio pasado. Lleva más de seis meses “en funciones”, como dicen en la derecha “con prorroga”, mientras que los progresistas insisten en que su mandato “está caducado”.

Entre las sentencias más controvertidas en las que ha participado como ponente, destaca la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma a raíz de la crisis del coronavirus. Se ha llegado a decir, aunque no está comprobado, que, en un primer borrador de su ponencia, González-Trevijano consideraba correcta la actuación del Gobierno ante la situación sanitaria. Pero, en el segundo, el que se sometió al pleno, “la bondad de la medida” había desaparecido. Es en estos momentos cuando se empieza a sospechar la conexión directa del presidente del Tribunal Constitucional con el Partido Popular. Se empiezan a recibir consignas con el propósito de cuestionar judicialmente al gobierno de Sánchez aún a costa de rechazar medidas razonables como las que se adoptó ante la pandemia. Una sospecha que ahora se confirma con la actitud que ha adoptado ante la reforma, ahora fallida, de las leyes orgánicas del CGPJ y del TC.

Sobre todo, la rapidez con que se ha llevado a cabo el trámite para prohibir la aprobación en el Parlamento de esas reformas. Cuando hay casos como el del exdiputado canario, Alberto Rodríguez, que también pidió medidas cautelarisimas hace un año tras ser apartado de su escaño y que todavía ni siquiera se ha entrado a discutir dicha petición, nadie entiende este apresuramiento del que se responsabiliza a González-Trevijano al que, a raíz de este gesto, se le vincula abiertamente con el PP.

Cuando fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos, González Trevijano colocó a su esposa, María Teresa Martín del Pozo,  como administradora de la Fundación Rey Juan Carlos,  a su cuñada, María Jesús Bravo, como personal administrativo, y a la hermana de Cristina Cifuentes, Margarita Cifuentes, a la prima de Ruiz-Gallardón, Isabel Ruiz-Gallardón, a la cuñada de Francisco Granados, María del Mar Alarcón, y a Fernando García Rubio que estuvo vinculado a la operación Púnica que se investiga en la Audiencia Nacional.

Pedro González-Trevijano es miembro de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Tiene asignada la medalla nº 13  para un personaje que el mismo se califica de “liberal” en el sentido estricto de la palabra, y que, en estos momentos se encuentra totalmente desprestigiado presidiendo una institución más desprestigiada aún que él.