Los casos de corrupción en los que se han visto involucrados dirigentes del Partido Popular no terminan nunca. Ahora, el que fue todopoderoso vicepresidente del Gobierno con José María Aznar, presidente del Fondo Monetario Internacional, y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, vuelve a sentarse en el banquillo, esta vez de la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de fraude a la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, y corrupción entre particulares. El fiscal pide para él más de 70 años de cárcel. Y todo ello cuando acaba de cumplir la totalidad de la condena por el escándalo de las tarjetas black. Cuatro años y medio de cárcel de los que cumplió dos en un centro penitenciario. El resto los pasó en libertad condicional que cumplió en febrero pasado.
Rodrigo Rato, el que negoció con Jordi Pujol la investidura de un José María Aznar que necesitaba los votos de CiU para obtener la mayoría parlamentaria, del que se dijo que sería el sucesor al frente del gobierno y que, al final, se quedó en el camino por criticar la posición de España en la guerra del Golfo, que manejó a su antojo un organismo que ha estado en varias ocasiones bajo sospecha como es el Fondo Monetario Internacional, que, a su vuelta, se reconvirtió en banquero arruinando Bankia, amasó una fortuna, según el escrito de acusación del Fiscal, que oculta en paraísos fiscales. El Ministerio Público la cuantifica en 8,5 millones de euros. Rato se acogió a la amnistía fiscal de 2012 decretada por el gobierno de Mariano Rajoy declarando un patrimonio en el exterior de 115.334 euros, de los cuales pagó al fisco 11.533. De resto, ni rastro.
Junto a él se van a sentar altos cargos del Partido Popular de la época como es José Manuel Fernández Norniella, exsecretario de Estado de Turismo, vicepresidente de Caja Madrid y Bankia, que durante mucho tiempo fue considerado un ministrable. Y también el excuñado de Rato, Santiago Alarcó, y el asesor fiscal del exministro, Domingo Plaza, que figura como administrador de la sociedad Krandonara, considerada la pieza principal de los negocios del expolítico en los que se mezclan presuntos sobornos y cobros irregulares de comisiones como es la de la adjudicación de la publicidad del grupo Caja Madrid a las agencias Publicis y Zenith por la que se embolsó 835.025 euros según la fiscalía anticorrupción.
En las conclusiones provisionales, el Ministerio Publico señala que, para blanquear el dinero oculto en los paraísos fiscales de la Isla de Man, Kuwait y Gibraltar, los acusados acudieron a métodos utilizados en los casos de corrupción de los años 90. El “crédito lombardo” era el principal. Un sistema que trascendió criminalmente en el Caso Banesto y que consistía en trasvasar cantidades de dinero mediante autopréstamos que se concedían los condenados. A Rato, además, se le detectaron otras fórmulas de blanqueo como es la rehabilitación y puesta en funcionamiento de un hotel en Berlín, y millonarias ampliaciones de capital de sus empresas.
Al que fuera todopoderoso vicepresidente económico se le han puesto las cosas difíciles para librarse de la cárcel. Si resulta condenado no podrá eludir el ingreso en un centro penitenciario, aunque recurra ante el Supremo, porque ya fue sentenciado y la jurisprudencia es muy clara al respecto. Le pasó a Mario Conde que fue detenido nada más hacerse pública su sentencia porque ya había estado en prisión por el Caso Argentia Trust. Es más, fue hacerse público el fallo e inmediatamente personarse en su casa la policía para llevárselo a Alcalá-Meco. Ahora, a Rato puede sucederle algo parecido.
Rodrigo Rato es considerado el autor “del milagro económico español” durante el mandato de José María Aznar. El propio exministro llegó a reconocer que el mérito no era suyo, sino que el anterior titular de Economía con el gobierno de Felipe González, Pedro Solbes, había “puesto los cimientos” para levantar el edificio económico que supuso una época de prosperidad para este país. Ese “milagro económico” de la España de Aznar le sirvió de plataforma para hacerse con la presidencia del Fondo Monetario Internacional. En el escrito de acusación del fiscal, se cuenta que sus actividades, presuntamente delictivas, comenzaron en 1999 cuanto todavía era vicepresidente y, luego, se mantuvieron cuando fue titular del organismo internacional encargado de ajustar las cuentas a los países en vías de desarrollo con excesivo endeudamiento internacional.
Una vez agotado su mandato, a su vuelta a España, se le propuso para la presidencia de Caja Madrid no sin polémica ya que la entonces presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, proponía otro candidato, su vicepresidente y también involucrado judicialmente en casos de corrupción, Ignacio González. Pero Mariano Rajoy impuso su criterio y Rato pasó a convertirse en banquero. Ahí comienzan sus problemas con la justicia. Acusado en el escándalo de las tarjetas black, unas tarjetas de la entidad que utilizaban los consejeros para uso personal sin ningún tipo de control, se le atribuyó un delito de administración desleal por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel junto a políticos de todo signo: consejeros designados por el PP, pero también por el PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
Luego vendría la apertura del sumario judicial por la salida a bolsa de Bankia. Se le acusó de estafa y falsedad documental. La Audiencia Nacional le absolvió al entender que las decisiones adoptadas estaban avaladas por los supervisores bancarios y la legislación en materia de entidades financieras. Bankia fue rescatada y el gobierno de Rajoy tuvo que poner 22.000 millones de euros de dinero público para salvar a la entidad. Inversores, accionistas y preferentistas acabaron arruinados, pero Rato salvó la cárcel.
Y ahora puede volver a ella por lo que se considera un enriquecimiento ilícito y al margen del fisco. Y ese estigma va a perseguir al Partido Popular durante muchos años a pesar de que en Génova no hacen más que decir que todas estas causas por corrupción obedecen al pasado y que los actuales dirigentes no tienen nada que ver. Eso lo dirán ellos porque las responsabilidades judiciales les siguen persiguiendo.
