En un estudio reciente, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha arrojado luz sobre las preocupantes diferencias en las condiciones de jubilación entre los profesionales de la abogacía que cotizaban en la Mutualidad de la Abogacía comparados con aquellos inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Muchos abogados y procuradores, tras dedicar toda una vida al ejercicio profesional, enfrentan una jubilación con ingresos por debajo del Ingreso Mínimo Vital, una situación que la UPTA califica de inaceptable e incomprensible. Aunque también es cierto que los abogados que han cotizado en el RETA han desembolsado cantidades que absolutamente nada tienen que ver con las pagadas por estos profesionales a la Mutualidad.
Los datos presentados por UPTA pintan un cuadro sombrío para los mutualistas, con pensiones de jubilación media, tras 35 años de actividad, oscilando entre los 300 y 500 euros. Esta cifra contrasta drásticamente con la pensión media del RETA, situada en 959,74 euros en la base mínima. A esto se suma la ausencia de prestaciones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad para los mutualistas, así como condiciones más restrictivas para la baja por incapacidad temporal, limitada a un pago de 30 euros por día con un máximo de 1 año durante todo el ejercicio profesional.
La respuesta de las mutualidades
Ante la propuesta de UPTA de crear una pasarela hacia el RETA para estos profesionales, las mutualidades se han defendido, argumentando la gestión de un volumen de ahorro que supera los 10.000 millones de euros. Sin embargo, UPTA critica que este modelo de gestión hace negocio con las aportaciones de los profesionales sin ofrecerles una protección social adecuada.
La propuesta de pasarela al RETA
La solución propuesta por UPTA incluye permitir que los profesionales opten voluntariamente por abandonar el Sistema Mutualista Alternativo para incorporarse al RETA, capitalizando sus aportaciones a la Mutualidad. Esta medida buscaría asegurar que la mayoría de estos profesionales puedan disfrutar de una jubilación con una pensión media mínima de 1.100 euros al mes, además de una cobertura social completa que incluye protección ante incapacidad temporal, accidentes de trabajo, y pensiones de jubilación, orfandad y viudedad dignas.
Una llamada urgente al Gobierno
Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha expresado que la implementación de esta pasarela debe ser una prioridad para el Gobierno de España. La situación actual, que deja a los profesionales de la abogacía y la procura con jubilaciones inferiores al Ingreso Mínimo Vital, es considerada insultante. UPTA, junto con el Movimiento J2 y la Asociación ANAMA, continúa trabajando para hacer de esta pasarela una realidad, buscando una solución que garantice la protección social y una jubilación digna para todos los profesionales.
No obstante esta solución que pide UPTA para los abogados que no han cotizado en el RETA puede suponer un agravio comparativo para los que sí lo han hecho toda o parte de su vida profesional, muchos de ellos cambiaron de sistema una vez recibieron de la Mutualidad de la Abogacía información sobre los cambios que se producían y cómo les iba a afectar en sus pensiones.
