El senador del PP José Antonio Monago ha afirmado en el Senado que el “mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España fue el párrafo que introdujo en la sentencia de la Gürtel el juez José Ricardo de Prada” y que provocó “la caída del Gobierno de Mariano Rajoy”. ¿Qué pretende decir Monago con esto? ¿Que uno de los mayores casos de corrupción de este país tendría que haber quedado impune? Por lo visto, al senador no le gusta que la Justicia indague hasta el final en los trapos sucios del PP. Ni que los magistrados condenen al partido como responsable de los delitos investigados, algo que no ha ocurrido nunca a lo largo de décadas de democracia. Si Monago considera que impartir justicia es lo mismo que practicar el lawfare o guerra sucia judicial contra la oposición, el rival político y la disidencia, apaga y vámonos.
Así lo ha asegurado el senador del PP en su intervención en el pleno del Senado durante una interpelación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Esa frase de marras [la condena del PP como organización delictiva], fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto”, explica Monago. ¿Y qué pretendía su señoría que hiciesen los jueces, que miraran para otro lado, que dejaran irse de rositas al PP cuando había decenas de cargos públicos en varias comunidades autónomas implicados en el turbio asunto de adjudicaciones ilegales, cobro de comisiones ilegales y mordidas?
En la interpelación, Monago ha acusado al Gobierno de “colonizar” las instituciones con sus nombramientos, acusación que el ministro ha considerado “antidemocrática”, ya que el Ejecutivo, ha dicho, nombra a personas de acuerdo a las competencias que le confiere la ley, como han hecho todos los gobiernos.
Se conoce como guerra jurídica, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o acoso judicial (en inglés, lawfare) a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. ¿Qué tendrá que ver eso con indagar en un escándalo político y económico mayúsculo que ya ha sido sentenciado como no podía ser de otra manera en un Estado de derecho? Miles de páginas de sumario del caso Gürtel sirvieron para promover la moción de censura que precipitó la caída de Rajoy, algo perfectamente lícito y constitucional. Y con eso es con lo que hace demagogia barata, populista y torticera el señor Monago.
El acoso judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del ‘golpe blando’, una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación. Prácticas de ese tipo (véase la puesta en marcha de la Policía patriótica y la persecución contra Podemos en los tribunales) coinciden más con lo que vimos en los últimos años de Gobierno Rajoy. Que no engañe al pueblo el señor Monago.
