Manuel García Castellón sí, José Ricardo de Prada no. Los magistrados de la Audiencia Nacional que el Consejo General del Poder Judicial miden por un rasero radicalmente diferente. A uno se le protege y se protesta por las descalificaciones de la ministra Ribera, al otro se le niega el amparo a pesar de que Monago, expresidente de la Junta de Extremadura y ahora Senador, le acusó de “lawfare”. ¿A qué obedece esa diferencia de criterio en casos similares? A que el Consejo General del Poder Judicial está controlado, desde la cúpula hasta la más humilde de las comisiones, por la derecha conservadora que se apropia de una identidad que no le pertenece, que se aleja de la realidad política y social. Para esto quiere el Partido Popular seguir bloqueando la renovación de la institución. Para que siga siendo un instrumento a su servicio.
Se había decidido no tomar postura sobre los ataques que está recibiendo García Castellón hasta que el Tribunal Supremo se pronunciase sobre si en el caso Tsunami Democràtic hay que investigar un delito de terrorismo. Así lo había manifestado Vicente Guilarte, el presidente del CGPJ, (recordemos que es “el sustituto del sustituto”, la situación más anómala y antidemocrática que se ha registrado en la historia judicial de la democracia), pero la comisión permanente, o mejor dicho los vocales conservadores de la comisión permanente, Carmen Lombart, Ángeles Carmona y José Antonio Ballestero, forzaron la convocatoria de un pleno en el que, como viene siendo costumbre en los últimos meses, la mayoría de los ocho vocales designados a propuesta del PP, frente a los cinco progresistas, someterán a votación una declaración pidiendo la dimisión de la vicepresidenta tercera, e inclinando a la institución del lado de García Castellón. Los vocales de signo progresista votarán en contra, pero no impedirán que la caverna mediática señale que es el Consejo, en pleno, el que se sitúa enfrente del gobierno. Así está funcionando la justicia y su cómplice, el periodismo de derechas de este país.
Ya lo hicieron con la declaración contraria a la amnistía que se convirtió en institucional a pesar de que votaron en contra los vocales progresistas. Ahora intentan guardar las formas y han decidido que la ponencia sobre el informe que se debe elaborar a solicitud del Senado, un informe ilegal ya que la cámara alta no tiene potestad para dirigirse al órgano de los jueces pidiendo su opinión sobre una ley que debe debatirse en su seno, la elaboren dos vocales, uno conservador y otro progresista, Wenceslao Olea y Mar Cabrejas. Con toda seguridad, Olea, que aspira a liderar a los conservadores de la institución mientras permanezca en funciones, impondrá su criterio que no es otro que el ya señalado en el informe que elaboraron cuando todavía se desconocía el contenido de la proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados. Sólo hace falta consultar el informe para comprobar cuál va a ser el sentido del nuevo dictamen que pide el Senado: “el Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.
Con toda seguridad, el dictamen será desfavorable a la proposición de ley, un dictamen que el Partido Popular quiere que se vote y se apruebe inmediatamente. Pero los expertos advierten que la maniobra puede ser ilegal porque, si el informe se emite ahora, no se pronunciará sobre las posibles enmiendas al texto que se incorporarán en los debates del Congreso y del Senado. De ahí la contradicción, porque si el CGPJ dictamina antes podrá incurrir en irregularidades al no incorporar una valoración de esas enmiendas. Y si se hace una vez haya concluido la tramitación parlamentaria, servirá de poco. No podrá ser utilizado por la derecha en la cámara alta para desautorizar la labor efectuada por el Congreso que, recordemos, será el que tenga la última palabra por mucho que los senadores veten el texto alegando el rechazo del órgano de los jueces.
Con veto o sin veto, lo cierto es que de poco servirá que los vocales conservadores se salgan con la suya. El dictamen no es vinculante y sólo servirá de caja de resonancia dentro de esa campaña que lleva a cabo el Partido Popular contra la iniciativa progresista.
Y en cuanto a la actuación del juez García Castellón, de poco servirá una reprobación a la ministra Ribera. El anterior secretario de estado de Justicia, Txontu Rodríguez, fue reprobado por el CGPJ y la entonces ministra, Pilar Llop, le mantuvo en el cargo. Rodríguez dijo que José María Aznar “tendría que contar muchas cosas sobre García Castellón” cuando éste reabrió el sumario del Caso Tsunami Democràtic coincidiendo con los acuerdos del PSOE con Junts per Catalunya y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. El exsecretario de Estado ni se inmutó. Es más, calificó de “okupas” a los vocales del Consejo por llevar cinco años en funciones.
Desde que Guilarte sustituyó a Rafael Mozo por su jubilación, el cual, a su vez, había relevado a Carlos Lesmes, dimitido en protesta por la situación que se vive en el organismo, los vocales conservadores han utilizado permanentemente su mayoría sin dejar participar, apenas, a sus compañeros progresistas los cuales ni siquiera aparecen por la sede de Marqués de la Ensenada. Alguno de esos vocales, como Álvaro Cuesta, insisten en que la única alternativa es la dimisión en bloque para dejar sin quorum al órgano. Sus compañeros consideran que llevar a cabo ese gesto sería una irresponsabilidad. Mientras tanto, apenas participan en las decisiones que se adoptan y los conservadores monopolizan la institución. El Partido Popular se sigue saliendo con la suya.
