La reducción es más acusada en las entradas por vía marítima, que muestran una caída generalizada en las costas de la península, Ceuta, Islas Baleares y Canarias, tanto en el número de inmigrantes irregulares como en el de embarcaciones. Las llegadas ilegales por mar descienden en un 27,9 por ciento, lo que supone una reducción de 11.170 personas respecto del año anterior. En el caso de las embarcaciones, la cifra baja en 445, un 20,7 por ciento menos.
El descenso más significativo en números totales se produce en las Islas Canarias, donde los inmigrantes irregulares se redujeron en 6.634, desde los 22.316 hasta los 15.682, una disminución del 29,7 por ciento respecto a 2021. En el caso de las embarcaciones, la caída es aún mayor, del 35,4 por ciento, 192 menos que en 2021.
El progresivo descenso de la inmigración irregular, que disminuye por segundo año consecutivo y por tercera vez en cuatro años, se apoya en la política migratoria impulsada por el Ministerio del Interior en este periodo, «promoviendo la cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración y reforzando la lucha contra las mafias que trafican con personas. Esta doble estrategia permite evitar en origen cerca del 40 por ciento de las salidas hacia el territorio español».
Ceuta, caso pendiente
La Fiscalía archivaba en Navidad las investigaciones por la muerte de al menos 40 personas en Melilla el pasado 24 de junio, según Caminando Fronteras, y la desaparición de otras 77, que continúan en paradero desconocido. Mientras, más de 150 organizaciones rechazan el archivo de la causa y han firmado una declaración conjunta al respecto.
En su escrito, el Ministerio Público descarta la participación de España en la muerte y desaparición de decenas de personas, «en contra de las evidencias que han sido publicadas desde el momento de los hechos. Esta noticia pone de manifiesto la necesidad de que se realice una investigación independiente e imparcial«, sostienen desde la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), una de las organizaciones firmantes.
«Las imágenes sobre lo ocurrido ese día en la frontera entre Melilla y Nador, junto con los reportajes periodísticos publicados, los testimonios recogidos, la resolución de Defensoría y el último informe publicado por Amnistía internacional ponen en evidencia unos hechos que no pueden quedar impunes y la necesidad de que se determine la responsabilidad tanto de España como de Marruecos», manifiestan.
Amnistía Internacional señala que «las muertes estarían relacionadas con el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, así como del uso indebido de material antidisturbios, concretamente pelotas de goma y gas pimienta a corta distancia contra personas indefensas y atrapadas, y la omisión del deber de socorro«.
También apuntan la gravedad de que, en su resolución, «la Fiscalía avala las devoluciones en caliente de 470 personas; devoluciones que han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo por impedir el acceso a un procedimiento con garantías y al derecho de asilo, vulnerando el derecho internacional y nacional», detallan.
Por otro lado, la Fiscalía reconoce y constata el lanzamiento de piedras por parte de la Guardia Civil, pero asegura que no se provocaron lesiones graves. Dejan en mano de la Guardia Civil la posibilidad de sanción de estos agentes y descartan sanciones penales.
Es importante recordar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha señalado en reiteradas ocasiones la falta de investigaciones por parte de los Estados ante un alarmante uso de la violencia, devoluciones en caliente y malos tratos en las fronteras de la Unión Europea. En este marco, «es urgente poner en marcha mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la justicia, la verdad y la no repetición«, reivindican las organizaciones.
Racismo de las instituciones del Estado
Seis meses después de la tragedia, denuncian que están siendo testigos «de una impunidad que daña profundamente nuestro sistema democrático y pone en evidencia el racismo de las instituciones del Estado en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas; en la falta de asunción de responsabilidades y en la negación de los hechos».
Las más de 150 organizaciones firmantes consideran extremadamente grave la decisión de archivar estas investigaciones y «continuamos exigiendo una investigación independiente e imparcial de los hechos, así como la determinación de responsabilidades y la garantía de no repetición, como pilares fundamentales de un estado de derecho».
