La Justicia española se ceba con los más débiles

El juicio por el descarrilamiento del Alvia en Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, el llamado “Caso Angrois”, está a punto de concluir y la jueza Elena Fernández Currás dictará sentencia probablemente en septiembre tras las vacaciones judiciales.

A la magistrada, se lo han puesto muy fácil ya que el fiscal ha retirado la acusación contra una de las dos personas que se han sentado en el banquillo, el ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte quedándose solo el maquinista, Francisco Garzón.

Independientemente de que éste haya asumido su responsabilidad por la velocidad del tren que provocó el descarrilamiento, choca, y mucho, la exculpación del responsable de la infraestructura ferroviaria porque siempre se ha hablado de que el accidente se pudo evitar si se hubiese contado con una serie de medios. Y no sólo el sistema de seguridad ASFA, sino también otros que inducen a la frenada ante el peligro de una curva. El responsable de avisar de los contratiempos que pueden aparecer en el trazado de la línea que une ferroviariamente Ourense con Santiago era Cortabitarte quien, un año antes del siniestro, había emitido un extraño certificado de seguridad que algunos califican de “irregular” y poco sujeto a los protocolos en la materia.

Tampoco se ha esclarecido por qué se había calificado la línea de alta velocidad cuando existen una serie de obstáculos que impiden considerarla como tal ya que en algunos tramos no se puede circular a más de 80 kilómetros por hora como es lo que ocurrió en Angrois. Son muchas las circunstancias que se han expuesto a lo largo de este proceso cuya instrucción ha durado siete años. Tantas como acusaciones particulares se han personado representando a 90 víctimas, cuyos abogados recibieron la decisión del fiscal con sorpresa porque si se exculpa al responsable de Adif habrá que ver quien es el que se hace cargo de las indemnizaciones que corresponden a los heridos y familiares de los fallecidos, además de que se ha cargado toda la responsabilidad sobre el maquinista.

Unos expertos que declararon en el juicio a petición de RENFE quien parece ser que se haría cargo de las indemnizaciones si se exculpa a Adif, los ingenieros ferroviarios Frans Heijnen y James Robert Catmur, destacaron que no existe un expediente de seguridad de toda la línea, lo que se ha dado en llamar el análisis integral de seguridad. “Yo esperaba de Adif un certificado en que se dijera que todos los riesgos de operación en la línea fueron mitigados”, explicó Heijen. Catmur, por su parte, echó de menos la disminución del peligro del factor humano en una curva en la que el paso de 200 por hora a 80 dependía en exclusiva del maquinista. Todo esto llevaba a un “accidente previsible al 100%”. Solo había que esperar cuándo iba a suceder”, coincidieron ambos, que achacaron al gestor de la infraestructura una serie de “deberes incompletos” en su gestión de la seguridad de la línea. “Si firmo un documento que dice que la línea es segura asumo también la responsabilidad”, afirmó Heijnen sobre el papel de Cortabitarte en el caso.

En un momento determinado, el fiscal Mario Piñeiro, cambió de parecer. El defensor del maquinista y los letrados que representan a las 90 víctimas personadas en la causa penal coinciden en señalar que el ministerio público ha justificado su decisión porque cree que Cortabitarte aplicó los procedimientos europeos establecidos para evaluar los riesgos y que estos se estimaron tolerables, además de que previamente en ningún momento se había identificado como un peligro la reducción de velocidad en la curva de Angrois en la que volcó el tren. Un extremo que para ellos no “figura en el famoso certificado presentado por Adif”.

“Todos los peritos judiciales han dicho que no hay análisis de riesgo», destaca el defensor del maquinista, Francisco Garzón, para el que se pide 4 años de cárcel por la comisión de un delito de homicidio imprudente por los 80 muertos y 145 heridos en el siniestro. Los 90 letrados que representan a las acusaciones personadas en la causa mantienen la acusación contra el directivo de Adif. Pero, habitualmente, los jueces suelen hacer más caso a las conclusiones de la fiscalía por lo que las partes se temen que, al final, el que va a “pagar los platos rotos” de esta tragedia va a ser el maquinista quien, de todas maneras, siempre ha asumido la responsabilidad por lo que su condena está asegurada. No tanto la del responsable de la seguridad de Adif por lo que las indemnizaciones quedarán a cargo de la aseguradora contratada por RENFE de quien depende Garzón laboralmente.

No van a servir de mucho las continuas movilizaciones llevadas a cabo por los sindicatos para defender a su compañero. Las centrales creen que no es el único culpable del siniestro, pero, salvo que la jueza decida, en su sentencia, exigir a la fiscalía que establezca otras responsabilidades mediante la apertura de una pieza separada, va a ser el maquinista quien cargará con las culpas. Algo que no ven con buenos ojos las víctimas.

Adif es un ente público con mucho poder en la industria española. Ya no sólo se trata de su reputación sino también de la credibilidad en materia de seguridad de las infraestructuras ferroviarias que gestiona. Existe la sospecha de que tal circunstancia ha pesado a la hora de redactar las conclusiones definitivas por parte del fiscal. Pero eso no es hacer justicia. Eso, como siempre, es librar al poderoso y que sea el eslabón más débil el que pague el pato. Eso es injusto.