Tal y como hemos publicado en Diario16 en múltiples ocasiones, los denunciantes de corrupción en España han recibido constantes represalias por parte de los organismos públicos o de las personas con responsabilidad denunciadas que han terminado, en muchos casos, con la muerte civil de quienes tuvieron la dignidad de denunciar comportamientos corruptos.
Una de estas personas fue María Serrano, una suboficial de la Guardia Civil, que denunció la corrupción de uno de sus subordinados. Esto derivó en multitud de presuntas represalias por parte de los mandos. Uno de ellos fue nombrado general de brigada por el gobierno de Pedro Sánchez.
La lucha judicial de esta suboficial de la Guardia Civil continúa a día de hoy y el próximo 12 de octubre el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dictará sentencia. El 8 de febrero de 2021, María Serrano elevó al Parlamento una petición sobre la violación en España de las medidas de protección y de garantía de los derechos fundamentales reconocidos por la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La petición fue registrada. En ella, María Serrano exponía las presuntas irregularidades cometidas en el marco de un proceso militar en el que había sido acusada y que, según ella, condujeron a la vulneración de sus derechos de defensa.
María Serrano sostiene que el proceso fue incoado contra ella a raíz de una queja penal que había presentado contra uno de sus superiores, al que acusaba de haber obstaculizado una investigación tras un aviso de corrupción relativo a uno de los subordinados de aquél.
Según la suboficial de la Guardia Civil denunciante de corrupción, el proceso penal es una represalia en el sentido de la Directiva. En su petición al Parlamento Europeo, rogaba que se pronunciara, en base a lo indicado en la Directiva, la existencia de una infracción y, de haberla, que velara por que se respetaran las medidas de protección y de garantía de los derechos fundamentales.
El 16 de septiembre de 2021, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento, la exministra del Partido Popular, Dolors Montserrat, le notificó una decisión en la que comunicaba a María Serrano que su petición había sido archivada, debido a que el Parlamento no puede anular decisiones competentes de los Estados miembros.
El argumento presentado para tal archivo fue que, al no ser un órgano jurisdiccional, el Parlamento no tendría facultades para llevar a cabo investigaciones judiciales, ni para dictar sentencias ni para revocar decisiones de los tribunales de los Estados miembros.
El Parlamento indicó que las peticiones que pedían ese tipo de intervención son declaradas inadmisibles. En la decisión se señalaba asimismo que el plazo de transposición de la Directiva para los Estados miembros estaba fijado el 17 de diciembre de ese año.
Sin embargo, eso no era lo que reclamaba María Serrano y, en consecuencia, solicitó al Tribunal General la anulación de la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento al considerar que no está correctamente motivada.
El cordobés que denunció el saqueo de las cajas de ahorros, está amenazado de muerte. —- https://www.youtube.com/watch?v=U4xuvWpkvbc