Didier Reynders respira tranquilo. Para cabreo de Génova, el comisario europeo de Justicia no será el mediador en la negociación de Estéban González Pons y Félix Bolaños sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la ley orgánica que regula su funcionamiento. Antes de marzo deberá abandonar su cargo tras ser nominado oficialmente candidato a la secretaría general del Consejo de Europa, cargo para el que ha sido designado por su partido, el liberal belga. Si encima a ésto se añade que el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha pedido tiempo para dar una respuesta a la petición española, además de matizar que este es un asunto que “corresponde resolver a las autoridades del país”, la puesta en marcha de la propuesta de Alberto Núñez Feijóo, aceptada por Pedro Sánchez, se complica porque el Partido Popular no ve con buenos ojos la alternativa de la vicepresidenta Vera Jourova, mejor relacionada con el gobierno progresista y más proclive a las propuestas de los socialistas. La espantada de Reynders ha dejado descolocados a los populares que daban por hecho una intervención más cercana a sus planteamientos. Eso es lo que se piensa en Génova.
Mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial sigue en funciones con los vocales de signo conservador decidiendo en nombre de la institución sin contar con el parecer de sus compañeros progresistas. La última, fue la denegación de amparo al magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, por parte de la comisión permanente del organismo, al considerar que las acusaciones del senador popular, José Antonio Monago, ya no pueden “causar perturbación” al magistrado. Monago señaló a Prada de haber “sido el único juez que ha hecho lawfare en este país” por la sentencia del Caso Gürtel. Posteriormente se retractó y pidió la retirada de sus palabras del acta del pleno de la cámara alta.
Y no sólo eso. Se han ratificado en la declaración contraria a la amnistía efectuada con el voto en solitario de los conservadores cuando todavía no había sido presentada la proposición de ley. Y la declaración sirve de base al informe solicitado por el Senado, un dictamen de cuya legalidad dudan los expertos porque la cámara alta no tiene capacidad para pedir al CGPJ este tipo de actuaciones además de que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencias en la materia, según se señala en la ley orgánica que lo regula. Sólo puede pronunciarse sobre proyectos de ley aprobados por el Consejo de ministros y nunca de consultas parlamentarias.
Este Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en el verdadero problema de un estado de derecho que empieza a ser cuestionado por la práctica totalidad de los socios europeos. Aunque la derecha judicial ve con buenos ojos esta situación, lo cierto es que en el Partido Popular empiezan a sufrir las consecuencias del bloqueo. Porque en Bruselas ya nadie duda de que la responsabilidad de esta anomalía hay que buscarla en los despachos de Génova. Y encima, con la mediación en el aire por la salida de su principal valedor, Didier Reynders. Lo más probable es que sus competencias serán asumidas por otro miembro de la Comisión Europea ya que este colegio de comisarios entrará en funciones a partir del 9 de junio cuando se celebren las elecciones a un nuevo parlamento europeo. Una de las opciones es que sea la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, con quien el Gobierno tiene una interlocución más fácil. Aunque Reynders forma parte de la familia liberal, ha recibido la presión de Ciudadanos y PP durante toda la legislatura por este asunto mostrándose más proclive al entendimiento con la derecha conservadora. De hecho, Reynders mantuvo una reunión secreta con el entonces eurodiputado del PP y vicesecretario institucional, Esteban González Pons, una semana antes de viajar a Madrid en septiembre de 2022 para intentar desbloquear la situación. El todavía comisario siempre expresó la voluntad del ejecutivo de Bruselas de que se procediese a una urgente renovación del CGPJ mediante el sistema de elección vigente para, posteriormente, proceder a su reforma insinuando solamente que “los jueces deberían de participar más directamente en este proceso” sin especificar más detalles.
Y es que Didier Reynders no podía ir más lejos porque el sistema que propone el Partido Popular, la elección directa de jueces y magistrados a semejanza de lo que hacen los fiscales para el Consejo Fiscal, no es posible porque no lo permite la constitución ni la ley orgánica del Poder Judicial que establece esta designación como competencia exclusiva del Congreso y del Senado. Por eso, el comisario europeo siempre ha manejado el asunto con cautela a pesar de simpatizar con la idea conservadora. De ahí que respire con alivio por no tener que llevar a cabo una casi imposible mediación. Ponerse de parte de una de las dos posturas antagónicas significaría la enemistad del otro lado en un momento en el que el comisario se postula para un importante cargo institucional como es la secretaría general del Consejo de Europa, un organismo que no sólo reúne a los 27 miembros de la UE sino a otros 19 países hasta completar los 46, y que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.
Reynders ha salido bastante quemado por la polarización existente en España. Sin conocer la proposición de ley de amnistía pidió explicaciones justo en el peor momento de todos, cuando se estaba ultimando el acuerdo entre el PSOE y Junts, lo que obligó al ministro Bolaños a reunirse con él para exigirle, primero, que justificase esa “multitud de correos” que el comisario decía haber recibido quejándose de la iniciativa, y, segundo, su estricta neutralidad debido a su condición de comisario europeo. Bolaños dijo, al término de la reunión, que “en Bruselas existe preocupación cero sobre el tema de la amnistía”. Sus declaraciones fueron matizadas posteriormente por los portavoces comunitarios.
Un asunto demasiado delicado para la Comisión Europea que no ve con buenos ojos su intervención. Todavía no han dado respuesta a la petición española que ahora peligra. Y si hay negativa a intervenir, Sánchez y Feijóo deberán buscar una alternativa porque lo del CGPJ empieza a ser mucho más que una necesidad: una pesadilla que cada vez más erosiona la imagen de España.
