No empieza bien el fin de semana para la relación entre el PSOE y Unidas Podemos. Si la mañana empezaba con la petición por parte de Unidas Podemos de una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto de Gobierno tras las injerencias inaceptables de Nadia Calviño en las negociaciones para la derogación de la reforma laboral, la tarde se ha iniciado con la decisión de Meritxell Batet de retirar la condición de diputado a Alberto Rodríguez.
La presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado esta decisión a través de un comunicado en el que refiere cómo ha trasladado a Alberto Rodríguez el oficio del presidente del Tribunal Supremo por el que se daba traslado de la sentencia de la Sala Segunda. También se ha remitido la sentencia a la Junta Electoral para que se activen los procedimientos de sustitución del diputado.
Batet ha cedido a las presiones del Supremo, puesto que la sustitución de la condena de prisión por una multa suponía que la inhabilitación quedaba eliminada. Sin embargo, según el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, este hecho no conlleva la eliminación de la inhabilitación por ser una pena accesoria.
Podemos denuncia prevaricación
Las reacciones en Unidas Podemos no se han hecho esperar. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha sido contundente en un tuit en el que señalaba que «Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación«.
Por su parte, Pablo Echenique, ha afirmado que «condenaron a Alberto Rodríguez sin pruebas. Aún así, en la sentencia no figura la retirada del escaño. Hoy Batet ha cedido a las presiones de Marchena y de la (ultra)derecha política y mediática que pedían sangre y, encima, lo ha hecho aún a riesgo de prevaricar. Vergüenza».
El portavoz Pablo Fernández, por su parte, ha ido más allá en la dureza de acusaciones: «Lawfare. Golpes de Estado blandos. Prevaricación. La democracia española en jaque».
El problema que tiene Unidas Podemos es que si quiere denunciar esa prevaricación, lo tendrá que hacer en el propio Supremo y tendría que tratar el asunto la propia Sala Segunda, la misma que ha presionado para retirar la condición de diputado a Alberto Rodríguez. El lío está servido. ¿Afectará al gobierno de coalición?
Exactamente. No lo había pillado al comienzo, pero es correcto e intelixente. Una vez que conteste la sala segunda se obtiene la prueba por escrito, necesario para presentar oportunas alegaciones sin intermediarios ante el tribunal europeo. Si es cierto lo que se ha publicado sobre la prueba del video que demuestra la inexistencia del delito… Es lo más inteligente que veo en años y me gusta.