La comparecencia de Koldo García en la Comisión del Senado, en la que se ha mostrado arrogante y belicoso, proclamando su inocencia, ha dejado estupefactos a los agentes de la UCO que investigan el caso de las mascarillas. Nadie podía imaginarse un Koldo al ataque, un Koldo de lenguaje gestual agresivo, un Koldo que se permitió hablar con soberbia a los parlamentarios que le preguntaban por sus contactos con el Gobierno y sus presuntas mediaciones con la empresa Soluciones de Gestión.
De momento, los investigadores guardan silencio (la Guardia Civil jamás responde a declaraciones públicas de personas investigadas), pero remiten al atestado policial al que ha tenido acceso Diario16, en el que se asegura que “esta Unidad ha observado que el patrimonio de Koldo y de su entorno habría aumentado significativamente y de forma inusual, coincidiendo en el tiempo esta variación con las adjudicaciones investigadas, y habiendo sido constatado la existencia de una fuente desconocida de dinero en efectivo”. Por otra parte, existen indicios de que Cueto y Aldama [Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama, ambos empresarios relacionados con la trama] “pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos investigados”.
Además de los ingresos en efectivo y préstamos hipotecarios, la Benemérita investiga 27 líneas telefónicas y una flotilla de 8 vehículos, entre turismos y motocicletas, a nombre de Koldo García y su mujer, Patricia Uriz, en el marco de la operación Delorme contra el cobro de comisiones en la compraventa de mascarillas sanitarias en lo peor de la pandemia.
El informe de la UCO que obra en poder del magistrado Ismael Moreno recoge, uno por uno, los negocios en los que presuntamente andaba metido el asesor del exministro José Luis Ábalos, y “se hacen constar las Administraciones Públicas adjudicatarias junto con la fecha, número de identificación del número de expediente, y valor del contrato, entre otros datos”. Así, el 21 de marzo de 2020 la Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, cuyo presidente en el año 2020 era Francisco Toledo Lobo, adjudicó el contrato con número de expediente E/019/20 a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio del covid 19, por un valor de 24.200.000 euros, IVA incluido. Los agentes investigan las relaciones de Koldo García con Soluciones de Gestión, la empresa que se hacía con el negocio mayoritario de las mascarillas.
Además, el 27 de marzo de 2020, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ente público empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, presidido en el año 2020 por Isabel Pardo De Vera Posada, adjudicó el contrato con número de expediente 2.20/04110.0055 a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas FFP2 por un valor de 12.500.000 euros, IVA incluido.
Por otra parte, el 20 de abril de 2020, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, dirigida por José Manuel Fraile Azpeitia adjudicó el contrato con número de expediente 20V019 a la misma empresa para la adquisición de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por un valor de 3.479,355 euros.
A su vez, el 22 de diciembre de 2020, INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad, firmó con la UTE formada por Ferrovial de Servicios SAU y Soluciones de Gestión el acuerdo marco con número de expediente AM 2020/070, mediante el cual se adjudicó parcialmente los lotes 8 y 9 de suministro de mascarillas, sin especificar el precio final.
La Justicia ha emitido requerimientos con el fin de que los entes y organismos públicos adjudicatarios aportaran copia de cuanta información obrara en su poder sobre los contratos investigados. “Teniendo en cuenta la información disponible sobre Soluciones de Gestión en la Plataforma de Contratación del Sector Público en su apartado ‘Licitaciones’, el día 27 de mayo de 2022 esta Unidad procedió a informar del interés existente en los contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud, el Servicio de Salud de Illes Balears e INGESA”, asegura el informe policial. Al mismo tiempo, se solicitó la emisión de un nuevo requerimiento dirigido a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras para la Seguridad a fin de que aportara “copia de la información que tuviera sobre una posible reunión interministerial que podría haber definido a Soluciones de Gestión como una de las empresas proveedoras de material sanitario de protección a la Administración Pública”. ¿Qué se sabe de esa reunión interministerial que terminó favoreciendo a esta empresa hasta otorgarle contratos que llevaron supuestamente a pelotazos millonarios para sus gestores? De momento, nada.
Además, el atestado recuerda que esta unidad llevó a cabo requerimientos a los anteriores organismos según lo decretado por la Fiscalía en tres fechas diferentes, 12, 19 y 21 de julio de 2022. “La documentación recabada en cada uno de los requerimientos fue puesta a disposición de la Fiscalía y analizada por los agentes de esta Unidad. El Anexo II del informe número 137/2022 elaborado en el marco de esas diligencias de investigación contiene un informe del resultado de este trabajo por cada requerimiento realizado”.
