La derecha judicial está utilizando dos importantes instituciones para desgastar al gobierno progresista. En un Consejo General del Poder Judicial caducado hace casi cinco años, los vocales conservadores, utilizando su cuestionado derecho a dictaminar sobre las leyes que aprueba el Parlamento, señala que la ley de la vivienda, recientemente aprobada por el Congreso, es “inconstitucional” porque “expropia” competencias de las comunidades autónomas y “contradice la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, convirtiendo normas de carácter excepcional en definitivas”. El CGPJ reivindica su legitimidad para opinar sobre los proyectos de ley tras las críticas recibidas no sólo por el gobierno sino por los políticos y expertos juristas. Pero mejor estarían calladitos siendo conscientes de cual es su precaria situación.
Peor lo hacen los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Saben que están en minoría, pero utilizan los medios de comunicación afines para expresar opiniones como la de la ley Celaá que ha sido avalada por el pleno de la Corte. Para la derecha mediática ese pleno no existe. Existen las opiniones de sus magistrados los cuales han dicho que esta ley “reduce a la nada el contenido esencial del derecho a la educación” al prohibir que se financie con dinero público a los centros que segregan a los alumnos por sexos. Esos mismos magistrados tuvieron la mayoría hace tan sólo unos meses y avalaron a un presidente, Pedro García-Trevijano, que tuvo el cuajo de votar a favor de la admisión a trámite de un recurso del Partido Popular con la medida cautelar de prohibir la discusión parlamentaria de una reforma de la ley orgánica del TC por la que se le cesaba al haber caducado su mandato y el de tres magistrados más. Los vocales progresistas callaron, entonces. Podrían haber mostrado su discrepancia públicamente porque casi todos los expertos juristas del país calificaron este hecho como de “golpe de estado” contra la democracia parlamentaria.
La derecha judicial no aprende la lección. Van a seguir manifestándose en contra de todo lo que se mueva porque es su estrategia: desgastar al gobierno de la manera que sea. El caducado e ilegal Consejo General del Poder Judicial se ha atrevido a apoyar las reivindicaciones salariales de los jueces que se van a presentar en la mesa de retribuciones que se reunirá este miércoles. De una manera implícita están apoyando las movilizaciones convocadas por las asociaciones conservadoras y, en especial, la huelga que amenazan llevar a cabo. Una huelga, por cierto, que los expertos califican de ilegal. Los jueces no tienen regulado el derecho a la huelga porque se les considera que forman parte de uno de los poderes del Estado. No tienen consideración de funcionarios. Un prestigioso jurista dice que “es como si los ministros, la mesa del Congreso o un grupo parlamentario deciden plantear una convocatoria semejante”. Aun así, lo que es más cuestionable es el apoyo de esta por parte de su órgano de gobierno que, se vuelve a reiterar, está en una situación atípica, caducado desde hace casi cinco años.
Los vocales y magistrados de las instancias judiciales tienen el derecho a expresar sus discrepancias respecto a las resoluciones aprobadas por mayoría a través del voto particular. Y de hecho es una práctica que se hace habitualmente. Lo que ahora llama la atención es la repercusión que están teniendo todas esas discrepancias en los medios de comunicación afines a la derecha. Hacía mucho tiempo que no se destacaban estas posiciones que se manipulan presentándolas como si fuesen las oficiales de la institución cuando, en realidad, sus autores de encuentran en minoría. En un medio concreto se ha llegado a escribir: “El Constitucional dice que la ley Celaá vulnera el derecho a la educación” cuando la Corte de Garantías ha avalado dicha norma en su totalidad.
La derecha judicial sigue con su estrategia de tierra quemada. El problema es que hace mucho daño a las instituciones en las que participa. Según el último sondeo del CIS, la justicia es el servicio público peor valorado por los españoles. El 65,7% de los encuestados cree que funciona poco o nada satisfactoriamente en este país.
La realidad es esa. La imagen del “poder judicial” está deteriorada. Y de ello hay que responsabilizar a la derecha que utiliza sus instituciones con fines políticos. Eso sí, el PP no hace más que decir que cuando ellos estén en el Gobierno harán lo posible por recuperar esa imagen y “la independencia de los jueces”.
La justicia es un asunto de Estado. Y por eso, para su buen funcionamiento, los políticos siempre han buscado el consenso. ¿Por qué ahora no se hace lo mismo? Habrá que preguntárselo al Partido Popular que se niega a acatar el mandato constitucional que ordena la renovación del máximo órgano judicial del país, el CGPJ.
Yo no entiendo como los principales valedores de su constitución son los principales destructores de esta cuando ya no les interesa para su beneficio. Unos delincuentes, a mi parecer, son los que dictan o influyen en la vida y leyes de su gobierno para manipular sus resultados: ¿Si fueran catalanes: cuantos años de prisión les caerían? Todavía hoy los están masacrando. Y, hablando de catalanes: Para cuando el 155 andaluz y madrileño