El PSOE ha denunciado en el Congreso que el PP “utiliza recursos públicos que son de la ciudadanía y no del Gobierno”, dijo la portavoz socialista Adriana Lastra dirigiéndose al ministro Cristóbal Montoro en la Sesión de Control, apostillando que el Gobierno del PP se resiste a cumplir con las más elementales normas de transparencia “que nos imponen”, y deberían “mantener la más mínima decencia pública”.
Lastra recordó que tres años atrás, el PSOE denunció que el PP incumplía la Ley de Transparencia negándose a publicar las declaraciones de bienes patrimoniales de más 175 altos cargos, y señaló que la Vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, aludió simplemente “al incremento patrimonial de los altos cargos, si hubiera hay algún tipo de enriquecimiento injustificado”. La diputada socialista avaló las obligaciones de transparencia, pero destacó que dichas normas no se cumplen.
El Partido Popular desde 2014 solo ha remitido al Congreso dos hojas, dijo Lastra, apuntando a “un escueto informe donde sólo aparecen el número de declaraciones presentadas y en su caso, los procedimientos sancionadores”, y este proceder político “ha hurtado a esta Cámara la posibilidad de saber si en las alrededor de 200 declaraciones – más o menos las personas que han cesado desde 2014-, podría haber algún enriquecimiento injustificado”.
Desde el Grupo Socialista se hizo mención al caso del Subsecretario de Presidencia, “que tuvo que dimitir cuando se hizo pública su implicación en el caso Acuamed”, hecho en el que Lastra insistió: “¿Cuántos otros Acuamed se nos están ocultando a esta Cámara y a la Ciudadanía española?”.
En este momento, se encuentran recurridos 36 recursos judiciales presentados contra las decisiones del Consejo de Transparencia, “22 son del propio Gobierno del PP”, señaló la portavoz adjunta del PSOE, subrayando que “no solamente se dedican a incumplir la ley, sino que la recurren sistemáticamente”, lamentando que “ocho ministerios han decidido recurrir la decisión de hacer públicos el reparto de fondos a los medios de comunicación de publicidad institucional”, sentenció Lastra.
