Los juristas afines al gobierno están enfocados en la creación de la esperada Ley de Amnistía, un acto que podría abrir las puertas a una solución duradera y cambiar el curso de la relación entre el gobierno central y Cataluña.
El debate sobre la amnistía, durante largo tiempo una materia tabú, ha cobrado vida este verano como una proposición plausible para poner fin de una vez por todas a las tensiones que han marcado la historia reciente de Cataluña.
En un intento por asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, las fuerzas independentistas catalanas han presentado esta carta como un requerimiento indispensable. Tras los indultos otorgados a los condenados por sedición y ajustes en delitos asociados al proceso independentista, la Ley de Amnistía podría ser el nexo que restaure una relación tensa y ayude a avanzar en un camino hacia la reconciliación.
La amnistía no está en contra de la Constitución
El debate legal sobre la viabilidad de esta amnistía ha sido y es intenso, pero el análisis jurídico ha demostrado que, a diferencia de los indultos generales, la amnistía no está en contra de la Constitución. Esta interpretación se basa en la distinción entre los dos conceptos, reservando la amnistía para ser ejecutada a través de una ley orgánica, que requiere una mayoría absoluta, evitando así una concentración excesiva de poder en el gobierno central. En lugar de ser una subversión, la amnistía podría convertirse en un procedimiento legal legítimo para afrontar el conflicto catalán.
Definir la extensión de la amnistía
La piedra angular para avanzar ahora es definir la extensión de la amnistía y los fundamentos que respaldarán este acto de perdón. Este desafío se convierte en el epicentro del debate entre los partidos involucrados, donde el PSOE, Sumar y los partidos independentistas desempeñan roles cruciales. Las cifras de personas potencialmente impactadas por esta amnistía son notables, según las estimaciones de las plataformas independentistas. Cerca de 1.432 personas están bajo investigación en casos penales, mientras que otras 1.200 enfrentan procedimientos administrativos y contables derivados de lo que denuncian como una «causa general contra el independentismo».
Evitar que la amnistía se convierta en un indulto general
Para evitar que la amnistía se convierta en un indulto general encubierto, los expertos legales abogan por restringir los actos que se verían afectados por esta medida. Se han propuesto enfoques específicos, que abarcan actos relacionados con el proceso participativo de 2014 y el referéndum de 2017, así como manifestaciones de protesta en rechazo a las autoridades gubernamentales. El objetivo subyacente es permitir el retorno de líderes independentistas, como Carles Puigdemont, sin cargar con antecedentes penales, además de levantar inhabilitaciones y clausurar casos contables pendientes.
La trascendencia de este proceso de amnistía radica en su capacidad para brindar un punto de partida fresco y renovado. No obstante, el camino no estará exento de desafíos. Los partidos independentistas buscan un reconocimiento de su papel como víctimas de la represión y persecución política estatal. Aunque es poco probable que se respalde la legalidad de las leyes de desconexión o el referéndum, la amnistía podría sentar bases para la resolución dentro del marco constitucional.
Así, la Ley de Amnistía podría ser el trampolín hacia la reconciliación y la clausura de un capítulo de conflicto en la historia catalana. Aunque los detalles finales están en proceso de definición, esta medida representa una oportunidad para que todas las partes involucradas se unan para superar las divisiones y avanzar hacia una solución que beneficie al conjunto de España.
