Los comisionistas Luceño y Medina falsificaron el contrato que entregaron al Ayuntamiento de Madrid, según la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Desde la Fiscalía han podido comprobar que los documentos tenían un logotipo antiguo y que los contratos incluyen cláusulas que la ICC niega que estén en sus modelos.
Contratos falsos
Los documentos bajo el foco judicial se encuentran aportados al sumario. En ellos, se reconoce “supuestamente a Luceño y Medina como agente único y exclusivo” y “socio”, respectivamente, en la adquisición y abastecimiento de productos cárnicos congelados, lo que incluye ave, vacuno, cerdo y cordero.
“Otras commodities pueden incluir azúcar, soja, leche, aceite, entre otros productos agrícolas, o productos de protección sanitaria”, recoge uno de estos documentos supuestamente falsos. Estos documentos están fechados antes de la pandemia, a pesar de que la relación de Luis Medina con la firma Malasia, antes del Covid era inexistente.
Otro dato extraño es que en la cabecera se incluyan las señas del FBI y la Interpol. “Me parece que es muy sólido por el tema de engaño”, dijo al respecto Luceño sobre uno de los documentos, elaborado por él mismo y que lleva el encabezado de la Cámara de Comercio Internacional. Como se ha sabido más tarde, con los logos y los textos incorrectos.
Agestes exclusivos
A la fiscalía le extraña que sean agentes exclusivos. Desde el Ministerio Fiscal estan extrañados que Medina y Luceño entregasen a sus bancos “documentos exactamente iguales”, pero en los que se hacía referencia a personas distintas.
Mientras que el hijo del duque de Feria y de Naty Abascal incluía a ambos como agentes, el de Luceño solo se mencionaba a sí mismo y a un tal Chan Beng Kay.
Durante la declaración de ambos en los diligencias previas, el fiscal se preguntó, según se puede escuchar en las grabaciones publicadas: “¿Cómo puedo decir un día que mis agentes exclusivos para el pollo, la carne congelada, la soja y los productos sanitarios son Chan Beng Kay y Luceño y el mismo día decir que para los mismos productos mis agentes exclusivos son Luceño y Medina?”.
La fecha del contrato es anterior a la pandemia
En su comparecencia este lunes Luceño volvió a clamar ante el juez, en la validez de los papeles. “No hay ninguna falsedad en ningún documento”. Lo único que reconoció fue “una errata en una fecha. Es decir, que como se trabaja con borradores, yo se lo mando a una parte y a otra y se me olvidó cambiar la fecha”, explicó.
Este supuesto fallo ya fue comunicado a la fiscalía durante la investigación previa. Se refería al contrato de confidencialidad en el que aparecía también la firma de Luis Medina. Un documento fechado en 2019, antes de que estallara la pandemia, pero que el investigado asegura que se hizo en plena crisis sanitaria.
San Chin Choon, el empresario malayo
El aristócrata que estuvo presente en el interrogatorio de Carretero señaló
“–Ninguna falsedad en ningún documento. ¿Incluso las firmas son de San Chin Choon o de Medina? Medina dice que a San Chin Choon no lo conoce de nada”. Sin embargo, hay un documento de San Chin Choon en el que declara agente exclusivo a Medina.
–Porque se hace así en el comercio…
–Se hace así en el comercio…
–Me manda Luis la firma, yo se la mando a San Chin Choon, me la acepta y entonces esos documentos se presentan.
–De acuerdo, bueno.
“¿Usted tiene amistad con él?”, pregunta el juez instructor. “Bueno, amistad… Es una relación comercial”, respondió Luceño.
“¿Y por qué este señor no quiere colaborar con la justicia española para nada, ni quiere testificar, ni quiere saber nada?”, insiste el magistrado.
“Yo me puse en contacto con él y me ha dicho que sí que va a declarar”, contesta el comisionista.
“¡Ah, que va a declarar! Pues la noticia que tenemos nosotros a través de la comisión rogatoria es que se niega a testificar”, contesta el magistrado. Para a continuación preguntar sobre quien fijaba los precios en el marco de dichos contratos y, sobre la comisión que percibieron o sobre su ocultación al consistorio.
“No se lo dije, es normal”, señala Luceño sobre esto último.
“Será normal para usted”, responde el juez instructor Carretero.
Tras sus declaraciones, Carretero retiraba a ambos los pasaportes y les imponía la obligación de comparecer cada quince días. “Los delitos son graves, no solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia, sino también porque llevan aparejadas penas de 23 años de prisión, que supone la posibilidad de riesgo de fuga”, señala el auto.
El juez valora el hecho “de que se disponga de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa” y el “riesgo existente de que el investigado pueda abandonar el país para manipular pruebas con el pagador malayo de las comisiones, cuya colaboración con la justicia española hasta el momento es nula”.
