Los corruptos utilizan las leyes de privacidad para reforzar su impunidad

Poco a poco, parece que se están produciendo avances lentos pero constantes en materia de transparencia para destapar las tramas de corrupción o las redes de evasión fiscal por parte de grandes multinacionales y fortunas. Sin embargo, los que continúan beneficiándose de la opacidad han encontrado una estrategia para eludir la acción judicial. En concreto, están utilizando como arma los derechos a la privacidad y la protección de datos para impedir el acceso a la información de las autoridades competentes.

El secreto es la principal herramienta utilizada por delincuentes, corruptos, grandes empresas y millonarios que se benefician de flujos financieros ilícitos de miles de millones de dólares relacionados con el abuso fiscal, el blanqueo de capitales, la corrupción, el tráfico de armas, drogas, personas o la financiación del terrorismo que escapan de las arcas públicas de todo el mundo. 

Gracias a esquemas sofisticados desarrollados por los grandes despachos de abogados, contables, proveedores de servicios y otros facilitadores, estos fondos se canalizan a través de compañías, fideicomisos y otros vehículos legales, hacia cuentas bancarias, criptoactivos, activos inmobiliarios, negocios y muchas transacciones que cubren el rastro y evaden a los investigadores. Estos esquemas permiten a quienes participan en flujos financieros ilícitos disfrutar de fondos sin preocuparse por la aplicación de la ley, los impuestos o el escrutinio público. 

Ahora, esos facilitadores del crimen han descubierto un arma exitosa: manipular el sistema judicial, para amenazar gran parte de la débil infraestructura de transparencia que se ha venido desarrollando.

Con cada nueva medida de transparencia, los promotores del secreto y las jurisdicciones secretas contraatacaron, sin éxito. Cuando la UE empezó a discutir el intercambio automático de información, Suiza intentó impulsar su propia versión, conocida como los acuerdos de Rubik , que implicaban retener impuestos en lugar de intercambiar información. Así pretendían mantener el secreto. Cuando el intercambio automático global de información se hizo realidad en 2017, las jurisdicciones opacas eligieron cuidadosamente con quién intercambiarían información. Cuando se exigió a los países que intercambiaran automáticamente información bancaria entre sí, los facilitadores comenzaron a promover esquemas de elusión a través de transferencia de cuentas a países que aún no participaban o la concesión de visas doradas. 

Antes del Brexit, el Reino Unido presionó a la Unión Europea para que los fideicomisos estuvieran sujetos a menos requisitos de propiedad efectiva y divulgación que las empresas y las personas jurídicas. Por ejemplo, en 2015 solo los fideicomisos que generaban consecuencias fiscales debían registrar información en virtud de la Cuarta Directiva de la UE contra el blanqueo de dinero. 

Sin embargo, en 2018, la UE había modificado su directiva contra el lavado de dinero y eliminó la condición de consecuencias fiscales, e incluso exigió el acceso a información sobre el beneficiario real del fideicomiso basado en un interés legítimo. Respecto a las empresas, la UE estableció el acceso público a la información. Muchos países fueron aún más lejos y ofrecieron acceso público gratuito en línea.  

Después de muchos intentos, los facilitadores del secreto descubrieron que los argumentos relacionados con los derechos a la privacidad y la protección de datos fueron bien recibidos por los tribunales y las autoridades de algunos países. 

El 22 de noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el acceso público a información sobre beneficiarios reales con fines de blanqueo de dinero violaba el derecho a la privacidad, lo que permitió a varios países de la UE cerrar sus registros públicos en línea. Sin embargo, este no fue un caso aislado, sino parte de una serie de demandas y medidas para convertir el derecho a la privacidad, la confidencialidad y la protección de datos en un arma contra la transparencia. 

El 24 de mayo de 2023, la autoridad belga de protección de datos prohibió el intercambio automático de información de cuentas bancarias de ciudadanos estadounidenses «accidentales» que residen en Bélgica con Estados Unidos porque consideró que el acuerdo para intercambiar información no estaba en consonancia con el reglamento general de protección de datos de la UE.

El mismo intento se hizo en el Reino Unido para suspender y obtener compensación por violaciones a la protección de datos de un estadounidense cuya información de cuenta bancaria había sido intercambiada automáticamente con los Estados Unidos.

Antes de la sentencia del TJUE del 22 de noviembre de 2022, un tribunal de Francia también invalidó el acceso público a la información sobre beneficiarios reales después de dictaminar que violaba el derecho a la privacidad. El caso tenía algunas similitudes con otros casos: se trataba de un estadounidense que residía en Europa. Este caso de 2016 se refería al acceso público a información sobre beneficiarios reales de fideicomisos contenida en un registro de fideicomisos francés que se había establecido para abordar, no el blanqueo de dinero, sino los riesgos de abuso fiscal de los fideicomisos. 

En la UE, las reglas de divulgación obligatoria relacionadas con el abuso fiscal  y la elusión del intercambio automático de información  fueron requeridas como parte de una enmienda a la Directiva de la UE sobre Cooperación Administrativa. En Bélgica hubo una demanda contra intermediarios profesionales que necesitaban reportar cierta información porque afectaba a sus derechos a la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes. El TJUE falló a su favor. 

Los promotores del delito, la corrupción y el secretismo están utilizando como arma el derecho a la privacidad para proteger los intereses de quienes participan en flujos financieros ilícitos.