La reapertura de la antigua mina de cobre de Galicia situada en el Concello de Touro, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona. Se trata de un nuevo caso de actividad química-empresarial que amenaza a un entorno natural altamente sensible y cuya polémica ha llegado al Parlamento Europeo, donde el BNG ha solicitado a la Comisión de Peticiones que envíe una delegación para supervisar la situación que se vive en la zona. Lamentablemente, PP, Ciudadanos y Vox han optado por rechazar la moción para el envío de los europarlamentarios a Galicia y han apostado por otra iniciativa para que se investiguen los 379 crímenes de ETA sin esclarecer.
Según Ecologistas en Acción, la contaminación por aguas residuales en la zona “ha sido un motivo de queja constante entre los vecinos durante años. Aún sin actividad han tenido que padecer continuados desbordes de la balsa de estériles abandonada, coincidiendo con la temporada de lluvias”. Las consecuencias socioambientales podrían extenderse mucho más allá de la comarca de Arzúa. Se teme que los residuos pudiesen alcanzar al río Ulla, uno de los caudales más importantes del país, parte elemental del ecosistema de toda la Ría de Arousa. La recuperación del salmón en las aguas del Ulla, así como los bancos de marisqueo y pesca de la ría se verían, sin duda, afectados. Esta posibilidad ha provocado las airadas protestas de la población y de varias cofradías de las Rías Baixas, que ya han manifestado su oposición al proyecto minero. A su vez, los consistorios de 42 localidades han aprobado distintas mociones en contra, y todas las organizaciones ecologistas, así como la mayoría de las organizaciones sociales, han rechazado la reapertura de la mina.
El incremento de la actividad minera y del terreno destinado a ella precisaría del levantamiento de dos nuevas balsas de 55 metros de altura, que flanquearían a la aldea de Arinteiro por dos de sus tres lados, “suponiendo un riesgo evidente para sus habitantes, pues dichas balsas contendrían productos químicos usados para lavar el cobre en bruto”, aseguran los ecologistas. En una situación similar se encuentran las aldeas de Bama y Loxo, amenazadas por estas balsas y por las seis voladuras diarias que se prevén.
La mina de Touro frenó su actividad a finales de los 80, tras quince años de funcionamiento. Sin embargo, el aumento del precio de las materias primas ha provocado que sus reservas “llamen de nuevo la atención, ahora de las multinacionales de la minería”. Las dimensiones del proyecto sobrepasarían los límites del municipio de Touro, extendiéndose a O Pino y a la periferia de Santiago de Compostela, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad. El proyecto implica una ampliación de la mina original, alcanzando una dimensión total de 122 kilómetros cuadrados, “lo que perjudicaría a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona, pero también a sus manantiales y ríos, e incluso al valor pasajístico del Camino Francés, que transcurre a escasos dos kilómetros”.
“¿Qué hay del Gobierno autonómico?”, se pregunta Ecologistas en Acción. Galicia ha sido históricamente un territorio importante en la producción minera del Estado. Su especialización en roca de cantera, pizarra y granito coloca a nuestro país como uno de los mayores productores a nivel global de estos materiales. La ausencia de una gran minería metálica había desincentivado, hasta ahora, la inversión de grandes empresas en el sector, a excepción del carbón de lignito, agotado en el 2007 tras 25 años de extracción, y el cuarzo, utilizado para la fabricación de silicio. Lo último que se sabe es que las empresas interesadas en la explotación del área minera han puesto ahora sus ojos en las “vetas de plata, también presentes en los terrenos, extendiendo su actividad unos 30 años en lugar de los 13 dedicados inicialmente al cobre. Este cambio de rumbo sigue sin convencer a los colectivos damnificados por la minería en Touro”, aseguran los ecologistas.
En los últimos años el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha tratado de atraer inversiones a la zona para reactivar la actividad económica. Como contrapartida, Galicia corre un grave riesgo de depredación ecológica. “Si se lleva a cabo la apertura de la mina de Touro-O Pino, se levantará una balsa de lodos tóxicos, rodeada por un muro de hasta 55 metros de altura y casi tres kilómetros de longitud, con un alto riesgo para la población”, alerta Ecologistas en Acción. La balsa estaría situada a menos de 200 metros de distancia de zonas habitadas. En caso de rotura o filtración, la contaminación tardaría doce horas en llegar a la Ría de Arousa y afectaría a los bancos marisqueros y a los polígonos mejilloneros, así como a los 150.000 habitantes de los 13 municipios que consumen agua del río Ulla. Además, afectará al Camino de Santiago a su paso por el municipio de O Pino, a solo 300 metros del área, a lo que habrá que sumar el grave impacto ambiental, económico y paisajístico. La mina eliminará 341 hectáreas forestales y 150 de cultivos y vegetación.
Una delegación integrada por representantes vecinales y socios que se oponen a la reapertura de la mina de Touro ha acudido al Parlamento europeo con el objetivo de que la Comisión de Peticiones investigue el asunto. “Igual que conseguimos que la denuncia por el mal estado de la ría de O Burgo quedase abierta y que una delegación de eurodiputados la visitase para comprobar su contaminación, desde el Bloque queremos que la denuncia sobre la mina de Touro quede abierta y sea visitada por una delegación de la Eurocámara para que investigue la contaminación que causa”, aseguró la portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda.
