Amnistía aparte, lo que mas ha molestado a los jueces es que el PSOE y Junts hayan acordado que el llamado “lawfare” pueda ser investigado y valorado en comisiones de investigación del Congreso de los Diputados. Rechazan tajantemente que sus actuaciones sean investigadas por el Parlamento y por eso advierten de que se ha dado un golpe de mano a la separación de poderes.
En realidad, lo acordado es revitalizar dos comisiones de investigación que se generaron dentro de los acuerdos para la constitución de la mesa de la cámara baja y la elección de Francina Armengol como su presidenta. Las dos comisiones se refieren al Caso Pegasus, de espionaje, y a la Operación Cataluña. Y nada más. Y hay quien piensa que esas dos investigaciones son insuficientes porque la realidad es que, con un Consejo General del Poder Judicial que es a quien compete la vigilancia de las actuaciones judiciales, que lleva cinco años caducado y que está siendo manipulado descaradamente por la derecha, es muy difícil esclarecer las anomalías que se producen en el seno de la judicatura. Y las sentencias en los tribunales, como la del Craso Crusach, se cuentan con los dedos de la mano.
En torno a la Operación Catalunya existen tantas incógnitas y más después de que el responsable de los hechos que se están investigando, el ministro de Interior con Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, haya manifestado que prefiere callar “porque así me lo ha aconsejado mi abogado”. La excusa que se suele dar cuando no se quieren contar los detalles de un asunto de extrema gravedad porque en él están implicados policías e, incluso, algún que otro fiscal y juez.
Se llama Operación Catalunya a una serie de actuaciones llevadas a cabo dentro de la guerra sucia que el Estado llevó a cabo contra el soberanismo catalán. Grabaciones en restaurantes, encargos a policías amigos, pagos con fondos reservados del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz o del PP a través de Dolores de Cospedal, fiscales compinchados, informes y noticias falsas, escuchas ilegales y detenciones. Todo con el conocimiento del expresidente Mariano Rajoy. Un ataque contra empresarios, políticos y activistas catalanes durante la última etapa del PP en el Gobierno que contó, incluso, con la complicidad de algunos jueces. Uno de los casos más sonados se refiere a la información de un medio de comunicación afín a la derecha en la que se describe una supuesta cuenta en Suiza del dirigente de la entonces Convergencia i Unió, Xavier Tías. Una cuenta cuya existencia fue negada por el propio banco que, para demostrarlo, alegó que su numeración no coincidía con el código de la entidad. Trías no lo dudó y presentó una demanda ante el Tribunal Supremo que fue desestimada. El juez que dictaminó tal desestimación era José Manuel Maza que poco después fue nombrado fiscal general del Estado. Maza era amigo del policía jubilado y uno de los principales implicados en la operación Kitchen, José Manuel Villarejo. Incluso había efectuado colaboraciones para su empresa, Cenyt.
La Operación Cataluña es sólo una de las muchas donde aparecen implicados jueces y magistrados que siempre acaban en el archivo judicial. Salvo algunos casos concretos, las investigaciones a los jueces acaban por olvidarse. Por eso cobra especial importancia la condena al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán quienes durante tres años intentaron desentrañar las actividades presuntamente corruptas del empresario mallorquín Bartolomé Cusarch. El tribunal les ha condenado por delitos de obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones. Queda claro que, con la colaboración de policías también condenados, tanto el exjuez como el exfiscal llevaron a cabo una persecución contra Cusarch en un caso evidente de corrupción judicial. Penalva y Subirán pretendían cargarse al empresario mallorquín para acabar con sus actividades de ocio nocturno en Palma y, para ello, utilizaron recursos ilegales.
De todas maneras, la condena no llega ni a la cuarta parte de la petición del fiscal anticorrupción, 118 años de cárcel para Penalva y 121 para Subirán. Y todavía quedan por juzgar otras causas. En cualquier caso, es la mayor condena dictada contra un juez y un fiscal en España lo que da la medida de la escasa persecución de las actuaciones ilícitas en la judicatura. A Javier Gómez de Liaño se le condenó por prevaricación siendo inhabilitado. Curiosamente fue indultado por el gobierno de José María Aznar en el año 2000, y hay que decir, también en honor a la verdad, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció que había habido “falta de imparcialidad” a la hora de juzgarle. Otro juez condenado por prevaricación es Elpidio Silva por haber encarcelado al expresidente de Cajamadrid, Miguel Blesa, siendo titular del juzgado nº 9 de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia le inhabilitó 17 años y medio, sentencia ratificada por el Supremo.
Y poco más. hay casos extraños como el de la jueza Coro Cillán, titular del juzgado número 49 de Madrid, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a 15 años de inhabilitación por el cierre de la discoteca Momo, pero a la que se la relaciona con la Operación Catalunya. Ella asegura que su expulsión de la judicatura obedece a una represalia del comisario José Manuel Villarejo al cual manifiesta “haberle parado los pies” en una investigación que llevó a cabo para desprestigiar al expresident Jordi Pujol.
El Caso Crusach no es el primero donde se condena a un juez a prisión. Salvador Alba cumple seis años y medio en la cárcel de Salto del Negro en Las Palmas por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, “los más graves que puede cometer un juez” en el ejercicio de sus funciones, como han reiterado diversas resoluciones judiciales. Cuando era magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Alba intentó perjudicar la carrera política y profesional de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones de 2015 como independiente en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas. Los informes falsos que el exjuez remitió al Supremo fueron claves para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella que contra Rosell había presentado José Manuel Soria, que en aquellas fechas presidía el Partido Popular en Canarias, era ministro de Industria y rivalizaba con ella en los comicios.
Y poco más. Los jueces gozan de fuero y, sobre todo, se tapan entre ellos. Tienen que cometer actos de extrema gravedad para que acaben siendo juzgados por sus compañeros. De ahí ese malestar expresado en los últimos días. Una fiscalización de sus actuaciones puede acabar con esa autonomía ciudadana de la que gozan gracias a la su interpretación de “la separación de poderes”.
El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, por ello el Consejo del Poder Judicial tendría que ser electo directamente por los ciudadanos. Todo lo demás es usurpación de la soberanía por parte de unos funcionarios. El haber aprobado unas oposiciones no le pueden dar más derechos que los de cualquier funcionario del Estado.
Los jueces de este país tendrían que ser extranjeros. Los autóctonos, en su inmensa mayoría, parece ser, vienen con un sesgo fascista que tumba.
Controla las desviaciones de jueces y policías corruptos, sería un gran paso en la buena dirección. Ahora hay una posibilidad de comprobarlo, ¿Qué tal si ponemos en cintura las desviaciones corruptas del juez Castellón? Este personaje ha prevaricado y sigue prevaricando contra políticos y política que no les gusta al pp/vox, su partido. El daño que hacen y, están haciendo: ¿Quién lo paga? ¿Qué tal si examinamos la conducta del juzgado que lleva, el no caso de la Sra. Oltra? ¿Ya han conseguido desmembrar la política del País Valenciano y, todo, con falsedades. ¿Y ahora quién lo paga el mal hecho a todo un País Valenciano?
Querían los jueces tirar la piedra y esconder la mano, el mundo está lleno de cobardes. Ahora empieza a preocuparles la independencia de poderes, pero no han tenido empacho en meter las manos hasta lo indecoroso.
Los jueces de este país no tienen ni puta idea de nada. Como acertadamente apunta alguien de los comentaristas, cobardes. Inútiles cobardes y corruptos, la excepción a la regla, cualquiera que haya, incurre al menos en cobardía al no actuar de oficio en honor a la independencia de poderes que debiera defender y por el mínimo de dignidades que debiese tener cada asalariado del estado. No hay valor alguno en la judicatura, lo siento, y desde luego no es por ellos precisamente. Rameras, las hay más dignas en el turno de noche de la puerta del sol.
LOS HISTORICAMENTE LACAYOS RETORNARON GRACIAS A UN TRABAJO BIEN HECHO:
El poder de la judicatura y de los altos funcionariados mayormente afiliados a sangre y fuego con el franco/falangismo proviene de la restitución que por encargo de J. M. Aznar llevo a término el ínclito exministro F. Trillo Figueroa. Desde el primer gobierno de Aznar, Dedico diez años a preparación de todos aquellos jóvenes descendientes de las mismas familias que siempre han ostentado el poder, para posicionarlos nuevamente al mando (gobierno en la sombra) del país por encima del gobierno legítimo del momento.
HOY SUFRIMOS EL RESULTADO Y ASI NOS LUCE EL PELO