UGTyCCOO exigen al Gobierno que cumpla su compromiso de crear una prestación extraordinaria para quienes las han consumido durante la pandemia. Ya el II ASDE (Acuerdo Social en Defensa del Empleo) recogía en junio la reivindicación sindical de extender la protección por desempleo a las personas que habían consumido sus prestaciones durante el estado de alarma.
Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, ha recordado que “este compromiso asumido por el Gobierno en el II ASDE, debía implementarse de manera inmediata”.
Esta negociación se desarrolló durante el pasado mes de julio. La propuesta sindical fue que se reconociera un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma. El Gobierno rechazó esta propuesta, sobreestimando claramente su coste, que resultaba, en opinión de las organizaciones sindicales perfectamente asumible (1.500 millones repartidos entre 2020 y 2022).
La intención de los sindicatos es no dejar a nadie atrás
Alternativamente, el Gobierno ofreció la creación de un subsidio extraordinario para quienes hubieran agotado sus prestaciones o subsidios por desempleo durante el Estado de Alarma (230.000 personas), lo que no fue aceptado, alcanzándose un acuerdo finalmente que debía dar cobertura, al menos, a 550.000 personas que habían agotado o agotarían sus prestaciones, en principio, hasta el 30 de septiembre., además de contemplarse la posibilidad de que se prorrogaran estas prestaciones con la prórroga entonces posible de los ERTES.
De este acuerdo formaban parte las organizaciones sindicales y empresariales, además del propio Gobierno, claro está. Por último, y para evitar más agravios comparativos y no dejar a nadie atrás en materia de protección, solicitamos la apertura en septiembre de la mesa de diálogo social para la reforma de la protección por desempleo, para dar respuesta al 1.600.000 desempleados y desempleadas que ya no tenían prestación antes de la crisis del COVID19.
Mari Carmen Barrera ha señalado que “tras esa negociación, de manera inexplicable, el Gobierno ha demorado la concreción escrita del resultado de la negociación. En este momento aún no lo ha hecho, pese a que la negociación se inició bajo la premisa de una respuesta urgente a esta situación que ya debería estar en marcha”.
UGT y CCOO consideran que “esta es una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTES dirigidos a mantener y preservar el empleo y las empresas, donde el esfuerzo realizado por la sociedad española es innegable”.
Ambos sindicatos consideran inaceptable “la falta de sensibilidad que el Gobierno de España está mostrando con centenares de miles de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo, han consumido protección por desempleo, durante un periodo en el que sus posibilidades de encontrar un empleo han sido, en muchos casos siguen siendo, nulas”, tal y como vienen denunciando reiteradamente desde el inicio de la crisis sanitaria.
CCOO y UGT no van a caer en el error de identificar la responsabilidad de esta cuestión en un Ministerio u otro, “o hacerse eco de quien tiene más o menos sensibilidad en esta materia”. Por eso emplazan al Gobierno de Pedro Sánchez “a cumplir con los reiterados compromisos y anuncios que en este sentido ha realizado. No hay razón económica, social y, desde luego, política, que justifique no resolver esta cuestión urgentemente”.
Abordar cuanto antes la reforma de la protección por desempleo
De forma más estructural, asimismo, las principales organizaciones sindicales de España “insisten en abordar cuanto antes la tantas veces anunciada por sucesivos gobiernos (entre ellos los dos últimos), negociación de la reforma de la protección por desempleo, para dar una respuesta inmediata al conjunto de personas paradas que carecen de protección”, ha señalado la responsable de empleo de UGT,
La intención de los sindicatos es no dejar a nadie atrás, eliminar los vacíos de cobertura en la protección por desempleo y que España no pague la factura aumentando las desigualdades tal y como sucedió en la anterior crisis económica.
