La semana pasada, los países miembros de la Unión Europea firmaron un pacto migratorio que, en realidad, no es otra cosa que la aplicación de las tesis más restrictivas defendidas por la extrema derecha. Una clara victoria de Giorgia Meloni sobre Pedro Sánchez, un fracaso absoluto para finalizar la Presidencia española de la UE.
Para el gobierno de Pedro Sánchez, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trata de un acuerdo histórico «en una cuestión clave» para la Unión Europea, «que durante muchos años ha sido motivo de división» entre los 27. «Llegamos a este acuerdo tras años de negociaciones, especialmente intensas durante el semestre de la presidencia española, que situó este pacto migratorio como su primera prioridad.»
Pacto represivo
El Pacto sobre Migración y Asilo es una propuesta legislativa, compuesta por cinco reglamentos, realizada por la Comisión Europea en septiembre de 2020 con el objetivo de aportar nuevas soluciones jurídicas y políticas para afrontar las necesidades y desafíos que plantean los flujos migratorios hacia Europa. El Consejo alcanzó su posición sobre estos cinco reglamentos en junio de 2022, junio de 2023 y octubre de 2023 y desde entonces se han mantenido negociaciones con el Parlamento Europeo para acordar una postura común.
Los cinco reglamentos afectan a todas las fases de la gestión del asilo y la migración: el control de las llegadas irregulares; la toma de datos biométricos; los procedimientos para presentar y tramitar las solicitudes de asilo; las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo; la cooperación y solidaridad entre Estados; y la gestión de las situaciones de crisis.
Las nuevas normas, una vez adoptadas, harán el sistema europeo de asilo más efectivo e incrementarán la solidaridad entre los Estados miembros, reduciendo la carga de aquellos Estados de primera entrada en los que se concentra la mayor parte de la migración.
El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo permitirá continuar trabajando en las próximas semanas en los detalles técnicos del articulado, con el fin de elevar el resultado a Coreper para su revisión y confirmación definitiva en 2024.
Rechazo absoluto
Distintas organizaciones de la sociedad civil han mostrado su claro rechazo a este pacto migratorio. «El Pacto no es una solución a la ‘crisis migratoria’ de Europa, ni un acuerdo histórico. Es simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo,» lamenta Raquel González, coordinadora de Médicos Sin Fronteras (MSF).
El derecho a solicitar asilo, nacido de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, se erige como piedra angular de las leyes y los valores europeos. Sin embargo, hoy en día, existe una preocupante tendencia entre los líderes europeos a deshacer este principio fundamental, socavando un legado construido sobre los derechos humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados. Los equipos de MSF en Grecia, Italia, Francia, Libia y el Mediterráneo han sido testigos de los devastadores efectos en la vida y la salud de las personas, y de la disminución del derecho de asilo en Europa.
«Este alarmante cambio es absolutamente inaceptable y profundamente preocupante, especialmente porque coincide con una creciente normalización de la violencia en las fronteras. Es imperativo que los líderes europeos reconsideren sus decisiones y aseguren a los ciudadanos europeos que el bienestar y la dignidad de todas las personas se sitúan en el primer plano de sus políticas,» afirma la coordinadora de MSF.
En lugar de garantizar a las personas que buscan seguridad en Europa unas condiciones de acogida dignas, el Pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo.
«Las fronteras de Europa no deben ser puertas de entrada al sufrimiento y la violencia. Es hora de políticas europeas que salven vidas, no que las sacrifiquen,» añade Raquel González.
Las organizaciones humanitarias llevan años denunciando las gravísimas consecuencias de la devolución de personas a Libia, donde se enfrentan a detención, violencia, agresión sexual, extorsión y trabajos forzados. «Es una vergüenza que la externalización de la gestión de fronteras en países inseguros como Libia constituya la piedra angular del Pacto» recalca la coordinadora de MSF.
Dicha externalización se está utilizando como modelo para firmar acuerdos similares en otros países como Túnez.
El Pacto tampoco hace nada para evitar que las personas mueran en el Mediterráneo Central. En su lugar, escondiéndose tras una vaga redacción, los dirigentes de la UE tienen libertad para desentenderse de su obligación de rescatar y continuar con la obstaculización y la criminalización de las actividades de búsqueda y rescate de la sociedad civil. Las soluciones que propone actualmente el Pacto no dan respuesta a la pérdida continua y evitable de vidas en las fronteras europeas.
Por su parte, Cristina Fernández-Durán, especialista en migración de Oxfam Intermón, señaló que «lo que se ha acordado no es mejor. En muchos sentidos, es mucho peor. La Unión Europea ha perdido la oportunidad de pactar mejores normas que garanticen que hay solidaridad y un reparto de responsabilidades entre países europeos.»
Para la organización humanitaria, el acuerdo avala más detenciones, incluso de niños, niñas y familias, en unos centros similares a prisiones. «El acuerdo también implica cerrar la puerta a las personas solicitantes de asilo», dice Fernández-Durán, «con procesos deficientes para tramitar sus peticiones o una aceleración de las deportaciones. En definitiva, pone en jaque las vidas de las personas al aumentar el riesgo de devolución.»
