El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra las decisiones de las juntas electorales de Madrid y Central, ratificadas por el Tribunal Supremo, que se niegan a hacer un nuevo recuento de los 30.000 votos declarados nulos que podrían cambiar el último escaño por Madrid en el Congreso de los Diputados adjudicado al PP en perjuicio del PSOE. Y la Corte de Garantías ha ido más lejos. El pleno de la semana que viene discutirá el asunto y se pronunciará sobre el fondo de este recurso. Es la última posibilidad que tienen los socialistas de recuperar ese escaño, inicialmente adjudicado a ellos, pero que, al final, debido al recuento de los votos emitidos por los ciudadanos españoles en el extranjero, se inclinó a favor del PP.
El PSOE considera necesario el recuento de los 30.000 votos que fueron anulados porque la diferencia con el PP es tan sólo de 1.341 sufragios en Madrid. Las autoridades electorales se negaron. Apenas argumentaron su negativa. Más bien parece que hubo cierta desidia. Pero existe la sospecha sobre la existencia de maniobras por parte de la derecha judicial. Y más después de comprobar que una sala del Supremo como es la de Lo Contencioso Administrativo, muy beligerante con la izquierda política, daba la razón a las juntas electorales señalando que el PSOE “no ha presentado prueba alguna que justifique un nuevo recuento de esos votos anulados” y argumentando que «la mera diferencia numérica en los resultados que se aducen en este caso no es base suficiente para la revisión». Como si el solo hecho de que la escasa diferencia de votos entre los dos partidos en comparación con el alto número de papeletas anuladas no fuese suficiente como para atender la demanda.
Menos mal que el Tribunal Constitucional vuelve a poner las cosas en su sitio y va a estudiar el asunto y a debatirlo. Ha dado tiempo a las partes para que presenten sus alegaciones y en tal sentido es muy importante lo que diga el fiscal. Hasta el momento, el ministerio público se ha pronunciado a favor de llevar a cabo un nuevo recuento. Así lo dijo en el Tribunal Supremo y se espera que mantenga la misma postura en el Constitucional. En el Supremo, la fiscalía se mostró a favor de la revisión porque considera que “lo que se impone es afirmar la primacía que tiene la búsqueda de la verdad material”. Defiende el recuento porque “es susceptible de afectar al resultado electoral” y asegura que ve aceptable la petición de los socialistas toda vez que considera que hay que “despejar cualquier asomo de duda razonable sobre la voluntad verdadera y exacta” de los electores. Argumentos lo suficientemente razonables como para que el pleno del TC los tenga en cuenta a la hora de resolver el recurso..
La admisión a trámite ha contado con dos votos en contra, el de Enrique Arnaldo y el de Carlos Tolosa. Ambos parecen haberse instituido en los líderes del sector conservador dentro del tribunal. Son conocidos por sus afinidades con las posturas más conservadoras de la derecha judicial. Tolosa está muy cuestionado porque fue uno de los miembros de la llamada sala de vacaciones que rechazó el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont contra la orden de detención dictada por el juez instructor del procès, Pablo Llarena, una vez conocida la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le desposeyó de la inmunidad parlamentaria, una sentencia cuyo recurso, por cierto, ya ha sido presentado. Por su parte, Enrique Arnaldo, desde que fue designado magistrado por el Congreso a propuesta del PP sigue dando conferencias en actos de la fundación de José María Aznar, FAES el reducto mas reaccionario del Partido Popular, se muestra contrario al aborto, a la eutanasia, a la ley de Memoria Democrática, y sigue sin dar explicaciones sobre las sospechas de corrupción que recaen sobre él y sobre su presunta participación en los casos Palma Arena y Lezo. Fue uno de los magistrados más activos a favor de las medidas cautelarisimas que provocaron la mayor injerencia del Constitucional en el órgano donde está depositada la soberanía popular, el Congreso, prohibiendo el debate parlamentario sobre la reforma de la ley que quería modificar la forma de elegir a los magistrados de la Corte de Garantías. Con ellos y, por supuesto con “querida Concha”, la magistrada Concepción Espejel, cuentan en el PP para que el pleno no modifique la postura de las juntas electorales ratificada por el Supremo y el disputado escaño quede en su poder.
No sólo por las decisiones que adoptaron en torno a este asunto, sino también por otros motivos, el trabajo de las juntas electorales ha sido muy cuestionado. La Junta Electoral Central la componen 8 magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo. Los otros 5, de un total de 13, por los partidos entre catedráticos de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología. Es un organismo opaco y sus resoluciones siempre, no sólo ahora, han sido controvertidas por su particular interpretación de la ley y, sobre todo, porque siempre, salvo en un mandato, ha contado con mayoría conservadora. En ámbitos jurídicos y académicos próximos a la izquierda están convencidos de que aquí también se produce el fenómeno denominado “lawfare”, la instrumentalización de la política con el fin de derrotar jurídicamente al adversario cuando no se puede hacer políticamente.
Por eso es tan importante la intervención del Tribunal Constitucional y, sobre todo, la rapidez con que se va a pronunciar sobre este asunto. Porque no es que un nuevo recuento vaya a favorecer al PSOE o vaya a modificar la actual correlación de fuerzas del Parlamento, algo que es importante pero no fundamental. Lo verdaderamente trascendente de este asunto es que no haya sospecha de irregularidades electorales en un país cuyos comicios, hasta ahora, han sido ejemplo de limpieza en todo el mundo.
