“No es lo mismo ser moderado que suavón”. La frase ya mítica es de la ya ex parlamentaria andalucista Teresa Rodríguez, con la que quiso resumir la idiosincrasia ideológica del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, principal adalid de un PP supuestamente centrado y moderado que Alberto Núñez Feijóo quiere tomar como ejemplo para asaltar definitivamente la Moncloa en las elecciones generales de finales de año. Pero, lejos de la imagen de moderación de Moreno Bonilla, impulsada a diario gracias a medios afines y un equipo de imagen bien aleccionado por el actual coordinador general, Elías Bendodo, el Gobierno andaluz, con una aplastante mayoría absoluta recibida de los andaluces el pasado junio, mantiene en pie no pocas iniciativas que son santo y seña de Vox, cuando el PP andaluz se vio obligado a atraer en la pasada legislatura el apoyo externo de los ultraderechistas para arrebatar el poder a los socialistas tras gobernar Andalucía durante 37 años ininterrumpidos.
Una de estas iniciativas de la ultraderecha que el actual gobierno andaluz del PP ha decidido mantener sin el más mínimo rubor es el teléfono de violencia intrafamiliar, con resultados más que irrisorios después de más de dos años de funcionamiento, primero al mando de Ciudadanos y ahora del propio Partido Popular ya con mayoría absoluta. Se trata sin duda de un arma de propaganda con la que Vox siempre ha pretendido blanquear y negar la clamorosa realidad de la violencia machista.
De hecho, la actual consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y ex secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha defendido a capa y espada su mantenimiento pese a las peticiones desde la oposición parlamentaria para que clausurara el servicio. “Mientras tenga la oportunidad de ser consejera, no voy a eliminar ninguno de los servicios, voy a luchar contra todo tipo de violencias y, en la medida de mis posibilidades, no entraré en el juego ideológico, porque creo que es hacerle un flaco favor a las víctimas que desgraciadamente existen”, señaló recientemente la consejera, quien ha tirado de mantra de partido para asegurar que “los extremos son malos” y ella no entrará en lo que denomina una “guerra entre PSOE y Vox”.
A modo de balance, de las escasas llamadas telefónicas que recibe este teléfono impulsado por Vox en Andalucía la pasada legislatura, ocho de cada diez son derivadas a otros servicios telefónicos ya existentes con anterioridad. Durante el primer año de funcionamiento entre finales de 2020 y 2021, el teléfono de violencia intrafamiliar de la Junta andaluza recibió una media de dos llamadas diarias, en la mayoría alertando de agresiones de hijos a padres, que son derivadas precisamente a otros teléfonos de asistencia gratuita ya existentes, por lo que la utilidad del teléfono de violencia intrafamiliar queda claramente en evidencia.
El Gobierno de Moreno Bonilla, que dice abanderar la lucha contra “todo tipo de violencias”, como asegura la titular de Igualdad, tuvo que cambiar la propia denominación de este departamento apenas unas horas después de su constitución al comienzo de esta legislatura. De llamarse Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad de Oportunidades pasó a perder el complemento “de Oportunidades” para quedarse con Igualdad a secas tras la avalancha de críticas recibidas por la oposición y organismos de lucha por la igualdad.
Dinero público para asociaciones antiaborto
En un enésimo intento de blanquear o incluso negar la lucha contra las violencias ejercidas sobre la mujer, el ejecutivo andaluz, que se arroga el apelativo de “centrado y moderado”, también “riega” con una importante cantidad de dinero público a asociaciones que, periódicamente, organizan actos de presión y coacción a mujeres embarazadas a las puertas de centros privados de interrupción voluntaria del embarazo, como ha recordado la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.
“Eso lo hacían cuando gobernaban gracias a los votos de Vox y lo hacen ahora que tienen mayoría absoluta y que han aprobado en solitario un presupuesto que vuelve a poner 700.000 euros a disposición de asociaciones de esa naturaleza como Red Madre y otras que son lamentablemente conocidas por esa práctica hacia las mujeres”, recuerda Nieto. Esta cantidad está prevista en los Presupuestos autonómicos aprobados por la mayoría absoluta del PP para este 2023.
