El proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros se enfrenta a una nueva resistencia: una cascada de recursos judiciales, presentados por arquitectos vinculados al ideario franquista y por la organización ultracatólica Abogados Cristianos, intenta paralizar el concurso público impulsado por el Gobierno. Mientras el Ejecutivo defiende el derecho a la memoria histórica, sectores reaccionarios se aferran al legado del dictador y maniobran para impedir su resignificación.
Una estrategia calcada del pasado
El Valle de Cuelgamuros, símbolo monumental del franquismo construido por orden de Franco, vuelve a ser escenario de una batalla legal e ideológica. Esta vez, la resistencia a su transformación en un lugar de memoria democrática no proviene únicamente del activismo nostálgico, sino de un frente jurídico cuidadosamente articulado. Siete recursos calcados, firmados por ocho arquitectos –varios de ellos vinculados con universidades católicas y con manifiestos en defensa del dictador–, fueron presentados el mismo día y con los mismos argumentos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
A estos escritos se suma uno adicional promovido por Abogados Cristianos, grupo habitual en acciones judiciales contra iniciativas progresistas, y otro recurso más presentado por el arquitecto José Ismael de la Barba Palacio, conocido por sus vínculos con la Fundación Francisco Franco y por haber contribuido con un informe clave para intentar frenar la exhumación del dictador en 2019. La ofensiva no es nueva: es parte de una estrategia sistemática para sabotear la memoria histórica mediante el abuso del aparato judicial.
El tribunal ha admitido una medida cautelar solicitada por Benjamín Cano Domínguez, uno de los recurrentes, y ha paralizado temporalmente la resolución del certamen. Aunque no se ha detenido la presentación de candidaturas –que continúa hasta el 16 de junio–, el Ministerio de Vivienda no podrá elegir a los diez proyectos finalistas si no hay un pronunciamiento antes de esa fecha.
Franquismo disfrazado de legalismo
La batería de recursos presentada por estos arquitectos y activistas ultracatólicos apunta a desacreditar la competencia del Ministerio de Vivienda para convocar el concurso, invocando supuestas violaciones del derecho de culto y apelando a acuerdos con la Santa Sede. Sin embargo, el propio ministerio señala que existe un convenio formalizado con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –entidad titular del enclave– que respalda la legalidad del proceso.
Los argumentos de los recurrentes no ocultan su carga ideológica. Se repiten nociones como la “inviolabilidad de los lugares de culto” y se califica el concurso como una “iniciativa política e ideológica” que “vulnera la libertad religiosa”. Esta retórica no es nueva, y ha sido usada con anterioridad para intentar mantener impune el relato franquista que aún pervive en Cuelgamuros.
El recurso de Abogados Cristianos incluso habla de un posible “delito de profanación”, pese a que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno, el Vaticano y el Arzobispado de Madrid preserva la sacralidad de los espacios litúrgicos como el altar mayor. Aun así, no reconocen la legitimidad de un proceso que tiene como objetivo honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, desplazando el protagonismo simbólico del dictador y de su régimen.
Memoria histórica frente a nostalgia autoritaria
El intento de bloquear la resignificación de Cuelgamuros repite el patrón ya observado durante la exhumación de Franco y los esfuerzos del Gobierno por identificar y devolver los restos de miles de víctimas enterradas sin consentimiento de sus familias. Las mismas asociaciones, los mismos nombres y los mismos argumentos buscan retrasar, diluir o enterrar cualquier acto que cuestione la narrativa impuesta por la dictadura.
Desde el Ministerio de Vivienda se muestra confianza en que el tribunal resolverá a tiempo y de manera favorable para permitir que el concurso siga su curso. Esta decisión, sin embargo, se encuentra ahora en manos de una justicia administrativa que ha demostrado ser, en ocasiones, permeable a este tipo de ofensivas ideológicas.
El proyecto de resignificación no es solo una cuestión urbanística o patrimonial. Se trata de un paso esencial para saldar la deuda histórica de España con las víctimas del franquismo. Lo que está en juego es si el país será capaz de transformar un símbolo de la victoria fascista en un espacio de memoria, dignidad y justicia. Y también, si logrará hacerlo sin dejarse chantajear por quienes aún defienden al dictador, su legado y su mausoleo.