El Tribunal Supremo (TS) ha fijado una vista para el próximo 29 de mayo para que el Gobierno detalle las medidas adoptadas para el reparto de unos 1.000 migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias después de que la Administración del Estado no haya dado "cumplimiento" a lo que le fue reclamado previamente.
Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han adoptado esta decisión con el fin de que la Administración del Estado informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar que le impuso el Supremo para que garantizase en un plazo de 10 días el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de dichos menores.
En una providencia que recoge Europa Press, la Sección Quinta de la Sala indica que, dado que la respuesta recibida de la Administración demandada (la del Estado) "parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos" al requerimiento acordado el pasado 25 de marzo, procede convocar tanto a la propia Administración del Estado como a la comunidad autónoma de Canarias -ésta última como demandante- a la citada vista pública.
El Supremo indica que en la vista la Administración del Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y, en concreto, sobre una serie de extremos. En primer lugar, deberá dar detalle sobre los menores que han sido ya evaluados individualmente en el ámbito del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional y de los que estén pendientes de evaluación. En el caso de los menores ya evaluados individualmente, la relación detallada que ha de aportar "deberá incluir la indicación del recurso de acogida de dicho sistema asignado a cada uno de ellos, así como la relación detallada de los que estén pendientes de asignación del recurso de acogida".
El alto tribunal explica que si el sistema actual no tuviera recursos sucientes para el ejercicio de dicha competencia estatal, se deberá aportar "detalle de las iniciativas concretas que se han adoptado para obtenerlos por cualquiera de las fórmulas reglamentariamente previstas y plazo para obtención de dichos recursos". En esa vista, la Administración del Estado también tendrá que informar sobre las "unidades administrativas responsables de la realización de estas actuaciones", además de los "concretos acuerdos o protocolos concertados con la comunidad autónoma de Canarias y calendario detallado establecido para su ejecución".
Cabe destacar que, en su auto del pasado 25 de marzo, el Supremo acordó, como medida cautelar positiva, requerir a la Administración del Estado para que, en el improrrogable plazo de 10 días, garantizase el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de esos menores. En concreto, de aquellos que estuvieran actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias que hubiesen solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de solicitarla, con la necesaria colaboración y cooperación de la comunidad autónoma requirente, unas actuaciones que deben desarrollarse bajo el principio del interés superior del menor. El tribunal señaló entonces en esa resolución que decidiría sobre la celebración de vista pública sobre el cumplimiento de la medida cautelar tras recibir la información sobre el requerimiento.
Vox y PP prefieren que vuelvan a sus países
Mientras, la Comisión de Interior del Congreso ha aprobado la proposición no de ley de Vox por la que insta al Gobierno a retornar a todos los menores migrantes no acompañados a sus países de origen. Ha contado con 18 votos a favor (PP y Vox) y 16 en contra (PSOE y socios). En defensa de la iniciativa, el diputado de Vox, Francisco Javier Ortega Smith-Molinaha exigido la repatriación "inmediata" de todos los menores migrantes no acompañados que hay en España.
En este sentido, ha llamado a cumplir los acuerdos internacionales, un control "efectivo" de fronteras y terminar "con ese falso relato del humanitarismo y del buenismo que lo pagan, precisamente, los menores y, después, los españoles que ven sus barrios amenazados por falta de seguridad".
Asimismo, ha explicado que el 6 de marzo del 2007 España y Marruecos firmaron un acuerdo con el objetivo de prevenir el tráfico de menores y su protección con el retorno a su país de origen. "Este acuerdo, a pesar de que se ratificó en el 2013, no se ha cumplido, ni un solo menor ha sido devuelto a su país. Pero eso sí, se les llena la boca a unos otros, otros y unos, hablando siempre de que hay que ser humanitarios, generosos", ha subrayado. Igualmente, Ortega Smith-Molina ha expuesto que, desde el 2019, han entrado en España más de 20.332 "supuestos menores". Además, ha agregado que en 2023 se hicieron 7.400 expedientes para comprobar la edad de estos jóvenes. De ellos, ha señalado que un 33%, 2.436, resultaron ser mayores de edad y a 1.700 no se les pudieron hacer las pruebas porque desaparecieron de los centros.
En el turno de portavoces, la socialista Andrea Canelo ha señalado que iniciativa de los de Santiago Abascal es "una vergüenza", a quienes les ha reprochado que no propongan "ni una medida de protección, ni una propuesta de mejora, ni una referencia al interés superior del menor"."Sus señorías de Vox creen que tenemos que imitar a Trump con su política de jaulas, de vuelos nocturnos, de identicación de ADN de menores deportados. Su única solución es calcar el modelo más inhumano posible", ha asegurado. También ha afeado al PP que "alimente" a la "ultraderecha". "Y el Partido Popular calla. Continúan de la mano, entendiéndose, votando junto a quienes desprotegen a los menores. No se puede hablar de centralidad mientras se alimenta a la ultraderecha", ha indicado.
El PP lo ve "coherente"
Por el contrario, el PP ha apoyado la iniciativa de Vox, por ser "coherente" con lo que llevan defendiendo "durante muchísimos años". Así, a juicio de los 'populares', no contemplar la opción del retorno "es un error siempre". "En primer lugar, porque no se puede inhabilitar uno de los instrumentos jurídicos necesarios en la política migratoria, la devolución y el retorno. Y segundo, porque se naturalizan las vías irregulares de acceso a nuestro país exponiendo a los menores a todo tipo de riesgos, incluida su integridad física, a la vez que se incentiva la llegada irregular a España", ha explicado Sofía Acedo. Además, ha advertido al PSOE de que el fenómeno de la migración "ha ido a más" con los años y ha avisado de que si no se adoptan medidas "se incrementarán por miles" las llegadas. "Lo que tienen que hacer las delegaciones de gobierno es dar salida a todos los expedientes que ya se han tramitado en este sentido y no pararlos como lo están haciendo", ha señalado.
Mientras, por Sumar, Enrique Santiago ha tildado el discurso de Vox de "racista, xenófobo y descalicatorio contra los más vulnerables". "Es la estrategia de la ultraderecha de crear miedo, zozobra y preocupación", ha destacado. En esta línea, ha precisado que "en situaciones de desamparo, de crisis humanitaria, hay una obligación recogida en el Derecho Internacional de acoger a las personas que se encuentran desprotegidas, especialmente si son menores". También se ha referido al procedimiento de determinación de la edad, que ha tachado de "complejo" y ha agregado que se mueve "siempre en márgenes no precisos"