La certificación energética de una vivienda revela, en una escala de la A a la G, su consumo real de energía y sus emisiones, al tiempo que identifica posibles mejoras en su aislamiento y equipamiento. Su utilidad está fuera de toda duda. De hecho, es obligatoria si se va a alquilar o vender una vivienda e imprescindible para acceder a ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia de los hogares, así como para aprovechar deducciones fiscales. Lamentablemente, su realización deja mucho que desear, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, tras analizar el trabajo de 15 profesionales en dos viviendas tipo, ha observado numerosas deficiencias.
Certificación sin visita a la vivienda
Para empezar, uno de los profesionales a los que acudió ni siquiera visitó la vivienda y basó su certificación en un formulario enviado al propietario, que podría rellenar a su conveniencia. «Una práctica ilegal y más extendida de lo que pudiera parecer: hasta el 11% de los profesionales consultados previamente por teléfono accedían a certificar sin acudir al domicilio», explica la organización.
Otra deficiencia, más habitual, es la incorrecta identificación de los sistemas de producción de calor y frío de la casa: uno de cada dos profesionales no supo reconocer que el sistema multisplit de aire acondicionado de una de las viviendas tenía bomba de calor y por lo tanto también podía generar calor durante el invierno; y varios de ellos confundieron el tipo de caldera. Errores básicos que influyeron decisivamente en la valoración final de la etiqueta energética, que varió para una misma vivienda según el profesional contratado. Pero que también influyeron en los consejos de mejora de eficiencia para la vivienda visitada, igualmente obligatorios.
Son precisamente los consejos de mejora la otra irregularidad detectada. Si bien es cierto que las medidas propuestas van en la misma dirección (mejora del aislamiento de muros y ventanas, instalación de equipos de calefacción y refrigeración más eficientes o la instalación de paneles solares), cerca de la mitad de los profesionales no concretaron detalles, como por ejemplo el tipo de producto o el grosor del material que recomiendan para mejorar el aislamiento, lo que impide al propietario calcular el coste de la reforma.
Por todo ello, OCU ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y a las consejerías competentes «aumentar los controles sobre los profesionales que elaboran este tipo de certificados. Además de exigir que estos documentos incluyan propuestas claras de mejora. De lo contrario, la realización de las etiquetas energéticas se convertirá en un sacacuartos sin utilidad práctica para el propietario, que las paga a precios que pueden superar los 200 euros».
OCU también ha detectado grandes diferencias de precios en un estudio paralelo realizado en 25 ciudades para la realización de una certificación energética. Dentro de la misma localidad, pero también entre ciudades: frente a un precio medio inferior a los 90 euros en Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, el coste supera los 150 euros en Bilbao, Burgos y Ávila. De ahí que, antes de contratar este servicio, recomienda pedir varios presupuestos (preguntando si incluyen el registro posterior que se paga en 11 comunidades autónomas). Además de consultar en los foros de energía las valoraciones que otros usuarios han hecho de los profesionales contratados.
