Durante el encuentro, organizado a petición del Gobierno de España, el ministro ha defendido que se establezcan mecanismos de vigilancia de los efectos de la Directiva puesta en marcha el pasado 1 de enero, ante el impacto que pudiera tener sobre el transporte marítimo y la actividad de los puertos europeos. Asimismo, ha presentado a sus homólogos europeos una declaración para solicitar las activación una serie de medidas dirigidas a vigiar las posibles consecuencias de la extensión del sistema de derechos de emisión, como, por ejemplo, los desvíos de rutas.
Así, el ministro ha expresado que existen riesgos «de fuga de carbono, pérdida de competitividad portuaria y de control sobre la soberanía comercial de la UE, debido al desvío del tráfico marítimo a puertos vecinos no europeos para evitar los costes de los ETS».
En la reunión han participado 17 países miembro de la Unión Europea: España, Chipre, Finlandia, Malta, Italia, Croacia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Francia, Portugal, Suecia, Romania, Eslovenia, Países Bajos y Grecia.
Propuesta española
La declaración presentada por el ministro Óscar Puente ante el Consejo de Ministros informal de Transportes de la Unión Europea plantea la necesidad de ampliar el alcance del mecanismo de revisión previsto por la Directiva, monitorizando no sólo las alteraciones del tráfico, sino también las probabilidades de desvío este, además de activar medidas preventivas cuando exista una amenaza inminente de cambios de ruta.
De esta forma, el texto recoge las peticiones y la preocupación expresadas tanto por los países de la zona mediterránea como por el propio sector portuario y, entre otros puntos, incluye una evaluación de riesgos en el mecanismo de seguimiento para poder anticipar posibles desvíos de ruta; instar a la Comisión a comenzar a diseñar medidas que se aplicarían en caso de desvíos de ruta, con el objetivo de enviar una señal al mercado, y establecer una red de puntos focales nacionales para intercambiar información sobre el análisis y seguimiento a nivel nacional de la aplicación de la Directiva al sector marítimo, para compartir periódicamente esta información con la Comisión Europea.
El ministro ha destacado el papel clave de la cofinanciación europea, a través del mecanismo CEF para potenciar la construcción de infraestructuras de valor añadido europeo, como las conexiones ferroviarias transfronterizas con Francia y Portugal, las conexiones ferroportuarias o el impulso a los dos corredores que atraviesan España, el Mediterráneo y el Atlántico.
Además, ha recordado que uno de los principales objetivos del Gobierno es potenciar la resiliencia de las infraestructuras, incluyendo el desarrollo de un plan de adaptación al cambio climático.
