¿Qué les pasa a los jueces?

La derecha, política y mediática dirá que es un invento de los social comunistas bolivarianos, pero no es así. Se ha generado alarma social debido a la actitud que están manteniendo algunos jueces en España. Actitud que tiene como objetivo obstaculizar la vida ciudadana. Con violadores y pederastas en la calle o reducidas sus estancias en la cárcel, y con condenados por malversación que, los tribunales reconocen no se llevaron ni un euro, entrando deprisa y corriendo en la cárcel mientras que un exjuez, Salvador Alba, tardó casi un año gracias a las triquiñuelas de sus abogados.

Por supuesto que los jueces están aplicando al pie de la letra la Ley Montero. Están siendo demasiado rigurosos. Se están dando prisa. No esperan a que el Supremo se pronuncie sobre la interpretación judicial que hay que dar a la nueva norma.

Y todo por una razón. Tienen que hacer buenos los argumentos del Consejo General del Poder Judicial que, en su día, avisó de que si se aprobaba esta ley muchos delincuentes iban a ver reducida su condena. Y los jueces son muy corporativos. Si lo dicen sus “jefes”, ellos son sus alumnos aventajados.

De lo que se olvidan esos “alumnos” es de que este dictamen es de un organismo que lleva cinco años en funciones. Que no responde a la realidad social que vive este país en 2022. Que tiene una mayoría de vocales procedentes de una candidatura del Partido Popular, ese partido que está dilatando en el tiempo toda posibilidad de renovación judicial a la espera de volver al poder dentro de un año y dejar las cosas como están: con una justicia que les beneficia y reprime. Si, reprime, hay que decirlo bien claro, a la izquierda.

Hay un juez empecinado en procesar a los fundadores de Podemos. Una Audiencia que va a meter en la cárcel sin miramientos ni recursos que valgan a una persona condenada por malversación cuando sus miembros reconocieron en la sentencia que no se había llevado ni un euro. Haciendo una interpretación perversa de la ley, que, además, será modificada. Un Supremo que ratifica esa intención de meter en la cárcel cuanto antes al reo a pesar de que están siendo cuestionados por todos los lados. Incluso por sus superiores morales, los del TJUE, el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Unos jueces que se hicieron los “remolones” a la hora de pronunciarse sobre los recursos que presentó el abogado de Salvador Alba, exjuez condenado, curiosamente, a la misma pena de cárcel que Griñán, seis años. ¿No es tan grave una condena como la otra? Entonces, ¿porqué se apresuran con Griñán y no hicieron lo mismo con Alba, que estuvo libre durante un año desde que se le condenó en firme?

Si se habla de los jueces de menor nivel, habría que acudir a la que suspendió la emisión de los sellos conmemorativos del centenario de un partido político legal e, incluso ahora mismo, en el Gobierno, como es el PCE. Esa que la derecha dice que trabajó para el PSOE mientras que la izquierda lo niega y argumenta, con documentación incluida, que colaboró con el PP

No hace falta que se señale políticamente a los jueces. Quien más o quien menos sabe cómo se accede a la carrera judicial. La Escuela Judicial es un semillero de alumnos conservadores. De extracción clasista media y alta, ya que es casi imposible que un titulado en Derecho recién salido de la facultad pueda pagarse los cursos que jueces y fiscales, en ejercicio o en excedencia, imparten cobrando cifras astronómicas para que puedan acceder a la Escuela Judicial de donde salen los nuevos titulares de los juzgados.

De todos es conocido el escándalo de la “academia” que en los años noventa tenían montada unos fiscales de la Audiencia Nacional. Uno de los cuales, por cierto, ha acabado siendo abogado del Partido Popular.

Pero no hace falta ir tan lejos. Ahí está la maniobra de los populares que están en el Consejo General del Poder Judicial, con un ex director general de un gobierno de Aznar al frente como fue Carlos Lesmes, para designar a los magistrados del Supremo. Todos de extracción conservadora, próximos o militantes a la Asociación Profesional de la Magistratura, APM. Esos mismos que ahora deben pronunciarse sobre la Ley Montero lo antes posible para evitar que se sigan cometiendo tropelías sociales como es la puesta en libertad de gente que ha sido condenada por violar, y abusar sexualmente. El delito más rechazado por la sociedad. Tanto, incluso, como el asesinato alevoso.

Veremos cuanto tarda el Supremo en dar respuesta a la interpretación que corresponde. Lo mismo se demoran tanto como se tardó en meter a la cárcel a Santiago Alba.

¿Qué les pasa a los jueces?. Pues eso.