Pedro Sánchez anuncia “medidas para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal constitucional”. ¿Qué medidas? Se puede legislar lo que se quiera. Se puede, incluso, retorcer la Constitución y forzar un cambio en las leyes orgánicas que regulan estos organismos que han quedado desprestigiados totalmente. Pero ya nada será igual. Se ha intervenido en la soberanía popular. ¿Cómo se va a ir a votar y a quien sabiendo que luego llegarán otros que, por la cara y sin tener legitimidad para ello, patean la democracia?
La decisión del Tribunal Constitucional es muy grave. Ha generado una situación institucional muy difícil de recomponer. Y, socialmente, la izquierda progresista ya no confiará en los resortes del Estado. De ahí a la lucha fratricida sólo hay un paso. Y los responsables tienen nombres y apellidos. Se llaman Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Representan a la derecha más rancia. Esa que ha heredado el principio patrimonial de la cosa pública de los franquistas. Ese “el poder es nuestro”. Y es que siempre lo ha sido.
Varios comentaristas de la izquierda progresista han efectuado un análisis demoledor. En 1978 se formuló un pacto no escrito. El franquismo aceptó la “reforma democrática” con la condición de que nunca llegase a gobernar nadie situado a la izquierda del PSOE. Se aceptó a Felipe González, pero se le puso esa condición. A su izquierda nadie. Y se le dejó claro que existían resortes en el aparato del Estado para acabar con “la fiesta democrática” si los socialistas, convidados de piedra en el sistema, se atrevían a traspasar esa línea roja. Y cuando hablaban de “resortes” no se referían al estamento militar.
No, las asonadas y pronunciamientos con las armas han quedado obsoletos. No se pueden llevar a cabo, a pesar de que muchos lo desearían, porque estamos en una institución, la Unión Europea, que no lo permitiría. Pero quedan otras alternativas.
El aparato burocrático, policial y judicial apenas ha cambiado en este país desde mediados del siglo pasado. El aparato judicial, el que se está poniendo de moda en el mundo para parar los pies a cualquier veleidad progresista, sigue dominado por la derecha.
Hace años, eran las academias militares los núcleos donde se formaban a los reaccionarios. Ahora no hace falta llegar a tanto. La Escuela Judicial, y, sobre todo, las oposiciones a los juzgados, desde el administrativo hasta el aspirante a juez, están controlados. Hubo ejemplos reveladores, en la segunda mitad del siglo XX, de fiscales y jueces a los que se les sacó los colores porque tenían “academias” donde formaban a los aspirantes a ingresar en la carrera judicial. Y no todos esos aspirantes tenían la capacidad económica suficiente como para pagar esos cursos. Sí. Había quienes se presentaban a las oposiciones “en frio”, pero las condiciones eran semejantes a las de un partido de futbol entre un equipo con casi mil millones de presupuesto y otro de barrio. La goleada era de escándalo. Muy pocos lograron ese objetivo de entrar en la carrera judicial y los que lo consiguieron no han salido de un triste juzgado local de primera instancia. Cuando han intentado ascender, como es el caso de Pablo Ruz, interino de la Audiencia Nacional, se le han cortado las alas y ha tenido que regresar a su juzgado de Móstoles.
Porque entrar en la Escuela Judicial se puede conseguir. Muy difícilmente, pero se puede conseguir. Pero, una vez dentro, el ascenso es prácticamente imposible si no estás afiliado al PP, a Vox o a Ciudadanos, donde están los letrados de prestigio, los fiscales, los jueces y magistrados, y los abogados del Estado. Basta con repasar las cifras de afiliados a las asociaciones judiciales. Los de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora, son tres cuartas partes del total de jueces que hay en este país. Y la otra cuarta parte se reparten entre la Asociación Francisco de Vitoria, también de carácter conservador, y la “progresista” Juezas y Jueces para la Democracia. La casi totalidad de presidentes de las audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y Tribunal Supremo son reconocidos dirigentes de la APM.
Y en el mundo fiscal ocurre algo parecido. La Unión de Fiscales, de carácter conservador es mayoritaria. La Unión Progresista de fiscales se encuentra en minoría. Y el órgano representativo de la carrera fiscal, el Consejo Fiscal, está dominado por la UF.
Y no hablamos de las asociaciones que representan a los letrados de la administración de Justicia, que actualmente mantienen una huelga por unos complementos salariales. Un paro que amenaza en convertirse en indefinido. Y si eso ocurre, entonces sí que nos vamos a enterar. El que no haya jueces para la Sala Militar del Supremo, o que la Sala de Lo Civil del mismo organismo se encuentre bajo mínimos va a ser cosa de niños comparado con la paralización de la acción burocrática en todos los juzgados de España.
El desprestigio de la justicia en España es de tal magnitud que nadie se atreve a pronosticar cual es el futuro del “tercer poder”. Ahora mismo, nadie en un juzgado se atreve a levantar la voz a un simple detenido porque corre el riesgo de que ese detenido desobedezca descaradamente. Incluso a riesgo de ir a la cárcel.
Oído en una vista oral de un juzgado en Villalba. “Total, señoría, si me manda a la cárcel comeré caliente tres platos al día y viviré a costa del Estado. O sea que mándeme a la cárcel por desobedecerla. Que lo estoy deseando”.
