El objetivo es sentar a testificar al mismísimo presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la macrocausa del caso Gürtel. Rajoy lo ha sido todo en el Partido Popular durante décadas, el mismo tiempo que estuvo actuando presuntamente a sus anchas esta red clientelar de corrupción que afecta de lleno hasta 70 ex altos cargos populares y al propio PP como presunto beneficiario irregular de la misma.

Dos acusaciones populares del caso Gürtel han pedido que Rajoy declare en el macrojuicio de la trama sobre el dinero que el extesorero del partido Luis Bárcenas se llevó supuestamente de la ‘caja B’ de la formación a Suiza. La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) ha reiterado su petición de que el presidente del Gobierno en funciones declare como testigo en el juicio, que ya fue rechazada por la sala en la fase de instrucción y a la que este martes se ha sumado otra acusación ejercida por el PSOE.

Rajoy lo ha sido todo en el Partido Popular durante décadas

Los abogados recuerdan que Rajoy ha sido secretario general del PP y presidente del partido y ha aclarado que su citación como testigo «no es en función de lo que hoy es, sino de lo que fue». En la primera jornada del juicio, alrededor de una hora y cuarto han tardado en recitar las penas que se solicitan para cada uno de los 37 acusados y por cada delito, agrupadas además en las tramas territoriales que se juzgan.

En la sesión de este martes, el nuevo abogado del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, no ha planteado ninguna cuestión previa en un nuevo gesto de cooperación, tras haber colaborado hace unos días con la Justicia al abonar 2,2 millones de euros de la fianza civil que pide contra él la Fiscalía.

Sin embargo, su abogado ha negado que esté negociando un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa del extesorero Luis Bárcenas ha pedido al tribunal de Gürtel que reclame a la Fiscalía aclarar si hay algún tipo de acuerdo o «conformidad» con cuatro de los 37 acusados y si es el motivo que le ha llevado a pedir cambiar el turno de los interrogatorios, que en un principio estaba previsto que abriese Correa.

El abogado Joaquín Ruiz de Infante, que ejerce junto a Francisco Maroto la defensa de Bárcenas y que ha sido el encargado de exponer las cuestiones previas, ha manifestado sus sospechas de que esta alteración en el turno de declaración de los acusados que ha pedido la fiscal responde a un acuerdo con esos acusados, por lo que ha reclamado que eso se aclare en aras de la defensa de su cliente.

La representante del Ministerio Fiscal ha pedido concretamente que antes de Correa declaren por este orden los acusados Jacobo Gordón, exsocio de Alejandro Agag (yerno del expresidente José María Aznar); el constructor Alfonso García-Pozuelo y el ex edil de Pozuelo Roberto Fernández, solicitud que aún no ha resuelto el tribunal y que ha llevado a otros abogados a intuir que estos cuatro acusados, Correa entre ellos, han llegado a algún tipo de acuerdo con Fiscalía. Ruiz de Infante también se ha opuesto a la pericial propuesta por el Ministerio Público dirigida a acreditar el origen de los fondos de Bárcenas. El abogado ha considerado que esta solicitud la tenía que haber hecho antes de que fuera firme el procesamiento, ya que ahora estaría fuera de plazo. «Lo que no puede hacer Ministerio Fiscal es aportar una prueba sorpresiva para completar un escrito de acusación incompleto», ha subrayado.

Si bien el abogado del supuesto ‘número dos’ de Gürtel, Pablo Crespo, ha pedido la nulidad de las grabaciones que hizo a Correa el delator de la Gürtel, José Luis Peñas, y que destaparon este caso, el nuevo letrado de Correa, Juan Carlos Navarro, no lo ha hecho. La defensa de Pablo Crespo ha llegado a pedir imparcialidad al tribunal después del «sambenito» que se ha colgado a los acusados por parte de la opinión pública. «Por ahí no, por ahí no continuamos», ha interrumpido el presidente del tribunal que juzga el caso Gürtel al abogado del número dos de la trama. Otros acusados, como Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, o Isabel Jordán, supuesta administradora de Gürtel, solicitaron ausentarse de las vistas alegando «dolencias físicas», el primero, y tener que cuidar de su hija, la segunda.

Pablo Crespo ha pedido la nulidad de las grabaciones que hizo a Correa el delator de la Gürtel

El día arrancaba en la sede de la Audiencia de San Fernando de Henares a pocos minutos de las nueve de la mañana, cuando el extesorero Bárcenas, el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y otros acusados iban llegado a la Audiencia Nacional para ser juzgados en el primer macrojuicio de la trama. Bárcenas llegó al tribunal acompañado de su abogado, Francisco Maroto. Cuatro preferentistas que se han concentrado para protestar con ocasión del juicio de las tarjetas black de Caja Madrid, que se celebra al mismo tiempo, le han increpado «ladrón» y «chorizo». Quince minutos después de Bárcenas ha llegado Correa, a quien los preferentistas han gritado «maleante», «sivergüenza», «cabrón» y «¡corre, corre!».

El primer macroproceso por el caso Gürtel, epicentro del rifirrafe político desde hace más de un lustro, daba una hora después comienzo sin más demoras. El extesorero Luis Bárcenas se ha sentado por primera vez en el banquillo junto a los «cabecillas» de esta trama para responder sobre el origen de los 48,2 millones que acumuló en Suiza. Según publica el diario El Mundo, la defensa del extesorero tiene previsto implicar a Ana Mato y a su marido, Jesús Sepúlveda, como artífices de la adjudicación de contratos a la trama, en su labor de encargados de las campañas electorales.

El que acaba de arrancar este martes está considerado el juicio del año en España por los vínculos de buena parte de los 37 acusados con el partido del Gobierno en funciones, por estar el PP o la exministra de Sanidad Ana Mato presentes en el procedimiento como partícipes a título lucrativo, y por los exdirigentes llamados a testificar (Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos o Esperanza Aguirre).

En plena incertidumbre sobre la formación de Gobierno, el proceso comienza siete años y medio después de las primeras detenciones por una tortuosa instrucción de casi seis años que ha pasado por las manos de tres jueces distintos –Baltasar Garzón, Antonio Pedreira y Pablo Ruz–.

Tampoco resultó fácil alcanzar la composición de un tribunal con apariencia de imparcialidad. Dos de los tres magistrados que lo componían en un principio —Enrique López y Concepción Espejel— fueron apartados por afinidad ideológica al PP tras ser recusados. Una nueva recusación al miembro del tribunal José Ricardo de Prada por su amistad con el exjuez Baltasar Garzón (inhabilitado por esta causa) se desestimaba el lunes ‘in extremis’ en un último intento de retrasar el calendario previsto.

El interés reside ahora en comprobar si se cumplen las amenazas de Correa de tirar de la manta

Los 125 años a los que se enfrenta el presunto «capo» de Gürtel Francisco Correa, le llevaron a buscar en el último momento una atenuante de reparación del daño y ofreció a la Sala dar autorización a su banco en Suiza para abonar la responsabilidad civil (2,2 millones de euros) que le reclama Anticorrupción. El interés reside ahora en comprobar si se cumplen las amenazas de Correa de tirar de la manta y contestar sin tapujos a todas las preguntas que le realizen los fiscales, principalmente aquellas que puedan involucrar a políticos.

Bárcenas se enfrenta a 42 años de cárcel, en el que será su primer juicio por su actividad irregular en el PP y que le llevó a estar 19 meses en prisión preventiva y a litigar con su partido por su despido o a cuenta del borrado de los ordenadores que usaba, acusación que ha acabado retirando para centrarse en este proceso y por «cuestiones económicas». Cuesta creerlo cuando se sabe que llegó a acumular en cuentas en Suiza 48,2 millones de euros, cantidad que trató de justificar con la compra venta de inmuebles y obras de arte y con su «buen hacer» en Bolsa.

La Fiscalía cree que lo obtuvo de comisiones de Gürtel y de apoderarse «como mínimo» de 299.650 euros de la caja B, cuya contabilidad fue aireada en sus ya famosos «papeles», de los que primero negó su autoría y luego blandió como una espada para defenderse. Le acompañará su mujer Rosalía Iglesias, a la que piden 24 años.

Otro extesorero, Ángel Sanchís, se sentará también con ellos por ayudarles supuestamente a repatriar el dinero de sus cuentas en Suiza. Un tercero, Álvaro Lapuerta, estaba también entre los acusados, pero una «demencia sobrevenida» le ha dejado finalmente fuera del banquillo. Los que lo ocuparan serán el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, al que la Fiscalía pide 46 años de cárcel por cobrar al menos 448.870 euros de Gürtel; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que se enfrenta a 50 años, o el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, al que le piden 15 años.

La implicación de Sepúlveda en la trama ha arrastrado también a este juicio a su exmujer, Ana Mato, que deberá responder como partícipe a título lucrativo por los regalos que recibió de la trama en forma de viajes o fiestas para sus hijos. La exministra no ha comparecido este martes al juicio por la primera época de la Gürtel en ejercicio de su derecho a ausentarse debido a que está acusada en la vista oral como partícipe a título lucrativo, han aclarado fuentes de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía le reclama 28.467,53 euros con los que la trama financió fiestas familiares como cumpleaños y comuniones. En la misma situación se encuentra el PP, que como persona jurídica también se le ha considerado partícipe a título lucrativo de los beneficios que obtuvo de la trama en Pozuelo y Majadahonda.

La sala ha fijado 31 sesiones hasta marzo sólo para cuestiones previas y declaración de los acusados, por lo que, ya en 2017, será el turno de los testigos, 300 en total. Entre ellos cuatro exministros –Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Ángel Acebes (Interior), Rodrigo Rato (Economía) y Jaime Mayor Oreja (Interior)– y la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

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