El caso de Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, continua destapando un complejo entramado de engaños fiscales y esfuerzos por evadir las consecuencias legales de tales actos. El relato comienza con la admisión por parte de González Amador de haber cometido dos delitos fiscales, defraudando un total de 350.000 euros a través de sus declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
El novio de Ayuso quiere eludir la cárcel
Lejos de ser un acto aislado, este admite la intención de reparar el daño mediante el pago de más de 380.000 euros, buscando una rebaja en la pena que pudiera eludir la cárcel. Este acto de contrición financiera, sin embargo, se revela como una estrategia para mitigar las repercusiones legales más que un gesto de genuino arrepentimiento.
Lo que agrava la situación es la defensa pública de Ayuso, quien acusa a los poderes del Estado de perseguir injustamente a un particular y denuncia las acciones de Hacienda como una «inspección salvaje». Este apoyo incondicional a González Amador, lejos de ser una simple muestra de lealtad personal, parece buscar desviar la atención sobre la gravedad de los delitos fiscales cometidos, pintando una narrativa de victimización injustificada.
El caso da un giro cuando se revela que la Agencia Tributaria había iniciado una investigación sobre González Amador mucho antes de que su relación con Ayuso se hiciera pública. Los inspectores descubrieron una discrepancia significativa en las declaraciones de impuestos de la empresa de González Amador, específicamente una reducción drástica en la cuota tributaria a pesar de un incremento considerable en los ingresos. Esto sugiere que los engaños fiscales de González Amador eran premeditados y sistemáticos, contrariamente a cualquier narrativa de un error involuntario o una acción aislada.
Querella contra la fiscalía
El empresario también intentó desafiar a la fiscalía presentando una querella por un supuesto delito de revelación de secretos, argumentando que su relación con Ayuso podría distorsionar el proceso legal en su contra. Esta acción, sin embargo, parece ser un intento de intimidación legal más que un reclamo legítimo de injusticia procesal. Lo que resulta particularmente cínico es la admisión implícita de culpa en la querella, donde se señala que los actos de fraude fiscal únicamente buscaban evitar el escrutinio público debido a su relación con una figura política prominente.
El caso de Alberto González Amador no es simplemente un incidente aislado de evasión fiscal, sino una manifestación de cómo las conexiones políticas pueden ser utilizadas para intentar influir en el proceso legal y en la percepción pública. La defensa de Ayuso a González Amador, lejos de ser un acto de solidaridad personal, refleja un intento preocupante de manipular la narrativa pública, socavando la integridad del sistema fiscal y la justicia. El ofrecimiento de una suma considerable para evitar la prisión no solo subraya la gravedad del delito cometido sino que también resalta un esfuerzo calculado por minimizar las consecuencias legales, a costa de la justicia fiscal y la equidad.
