La tensión en el seno del Tribunal Constitucional se ha hecho evidente tras el regreso de las vacaciones estivales. Y todo en un momento en el que la Corte de Garantías se va a enfrentar a asuntos de gran calado político durante este otoño que coincide, además, con las investiduras de Alberto Núñez Feijóo y, probablemente, de Pedro Sánchez. El próximo pleno se prevé intenso porque hay que discutir el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión de la llamada “sala de vacaciones” de inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont y Toni Comín contra la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena, de dictar orden de captura y detención contra ellos. La decisión de los dos magistrados conservadores no ha sentado nada bien a los miembros progresistas que la consideran precipitada e inapropiada ya que esta sección “debería haberse limitado a resolver asuntos de trámite dejando temas como éste para la reanudación del curso”. Y también está la polémica sobre el recurso presentado por el PSOE contra la decisión de las juntas electorales, ratificada por el Supremo, de rechazar el recuento de los 30.000 votos de Madrid declarados nulos en las elecciones generales. Pero el trasfondo de la tensión es otro: la fuerte polarización que hay en el mundo judicial en torno a la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para los participantes en el “procès”, que también ha contagiado al TC.
El presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha intentado calmar los ánimos de los magistrados. Les ha dicho que no se puede efectuar un análisis sobre la constitucionalidad de este tema porque “ni siquiera hay un texto”. Y eso es cierto. Se está hablando mucho sobre la amnistía y todavía no se ha puesto en papel ninguna propuesta, al menos que haya trascendido. Conde-Pumpido está molesto por este debate que considera ficticio y rechaza de plano que los magistrados entren “en este juego de suposiciones”.
Lo que realmente está ocurriendo es que el sector conservador del TC se ha tomado en serio las advertencias de Alberto Núñez Feijóo sobre las consecuencias de la famosa amnistía para el poder judicial. La batalla ya ha empezado y en ella tienen que participar los cuatro magistrados conservadores que son conscientes de que están en minoría frente a los siete progresistas pero que sus opiniones van a ser tenidas en cuenta por la opinión pública a través de las cajas de resonancia de la caverna mediática.
Y para empezar a incordiar lo primero es hacer frente por todos los medios posibles a las iniciativas que se tienen que discutir con carácter de urgencia. Los conservadores se van a oponer contundentemente a que el pleno decida que se recuenten los 30.000 votos de Madrid que fueron anulados en los comicios del 23-J.
El asunto de la inadmisión a trámite del recurso presentado por Puigdemont parece que tiene una sencilla solución: la toma en consideración del recurso presentado por el fiscal anularía la resolución de la llamada “sala de vacaciones” y punto. No se quiere generar más enfrentamiento aún a sabiendas de que los magistrados Concepción Espejel y César Tolosa rompieron la tradicional admisión a trámite que el Constitucional lleva a cabo en los amparos solicitados y que esa mal llamada “sala de vacaciones” no debía de haber entrado en este tema ya que su competencia se limita a asuntos de trámite como corresponde a una instancia que se hace cargo de los mismos durante el periodo de inactividad provocado por las vacaciones, tanto las estivales como en el periodo de navidad.
Pero Conde-Pumpido no pretende hacer de esta extralimitación de funciones un asunto que divida, aún más, a los magistrados por lo que resolverán admitiendo el recurso del fiscal y discutiendo el fondo de la petición de amparo de Puigdemont y Comín sobre la constitucionalidad de la orden de busca y captura dictada por Llarena. El presidente quiere evitar a toda costa una división después de haber logrado un clima de colaboración de todos los magistrados y haber evitado la crispación que, tras la polémica sobre la amnistía, parece haber regresado a la Corte de Garantías.
Y más cuando hay que abordar asuntos de calado como es la constitucionalidad de la ley trans, el derribo de la urbanización de Valdecañas, la ley del sólo si es si, y la modificación de la ley orgánica del poder judicial para prohibir los nombramientos de altos cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones. Además, se encuentran pendientes de resolución la constitucionalidad de la condena del diputado canario Alberto Rodríguez, la reforma laboral, la ley rider, y la ley de memoria democrática entre otros controvertidos asuntos que Conde-Pumpido quiere resolver antes de que concluya el año.
