El pasado 1 de enero venció la moratoria que impedía construir o ampliar macrogranjas porcinas en Castilla-La Mancha. A partir de ese momento la Junta de Castilla-La Mancha ha notificado a los promotores de los 61 proyectos cuya tramitación quedó en pausa durante la moratoria si desean reactivar la tramitación. Se encuentran en 43 municipios de las 5 provincias. Si se reactivaran esos 61 proyectos supondrían 362.863 cerdos más en la región, un 19% más respecto a la cifra actual del Registro Ganadero de enero 2025 -Ministerio de Agricultura.
Según asegura Stop Ganadería Industrial, analizando la información de los promotores (disponible en el buscador de expedientes de impacto ambiental de la Junta) las grandes empresas del sector cárnico (Cefusa-El Pozo, Incarlopsa, Tello y JISAP) representan casi la mitad de las cabezas de los proyectos pausados y que ahora podrían reactivarse (163.852 cerdos).
Aumenta la preocupación vecinal
"La preocupación vecinal es enorme debido a que en una reunión en octubre con responsables de la Consejería de Desarrollo Sostenible estos afirmaron que la ganadería industrial en nuestra región tiene todavía mucho margen de crecimiento, poniendo como ejemplo Cataluña donde todas las aguas analizadas en esta campaña están contaminadas y Aragón, que corre una suerte similar (las mayores regiones por censo porcino), por lo que no se planea ningún tipo de limitación a su crecimiento y no se detendrán hasta que toda nuestra agua esté contaminada", explica la plataforma.
Estas afirmaciones son calificadas por los colectivos vecinales integrados en Stop Ganadería Industrial C-LM como “extremadamente preocupantes, ya que la Consejería con las competencias medioambientales defiende que Castilla-La Mancha aumente su censo porcino, y lo más grave es que tomen Cataluña como modelo a seguir, donde el 45% de los municipios están declarados como vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola”.
Temen que se favorezca la proliferación de estas explotaciones industriales que, según apuntan, tanto daño están causando al mundo rural, pues “lejos de crear tejido económico en el territorio o fijar población los efectos de la producción industrial de carne amenaza la calidad de vida de los pueblos: malos olores, problemas de salud pública, contaminación de agua, suelos con excesos de nitratos”.
De hecho, Castilla-La Mancha ya es la región española con una mayor proporción de su suelo declarado como zona vulnerable a nitratos (47%) debido a las altas concentraciones de este componente en las aguas subterráneas. Esta contaminación dejó en 2023 sin agua apta para el consumo al menos a 18.611 habitantes de 25 pueblos de la región, según datos del SINAC-Ministerio de Sanidad.
Desde Stop Ganadería Industrial sostienen: Como se puede comprobar, gran parte de los proyectos están promovidos directamente por las grandes empresas cárnicas, que no tienen ningún tipo de arraigo en los pueblos en los que se instalan. Además, la mayor parte de la carne se dedica a exportación al extranjero, por lo que no estamos hablando de carne que el mercado español necesite para abastecerse. En 2023, España exportó el 55,35% de su producción de carne de cerdo (datos del Ministerio de Agricultura).