La enseñanza concertada a examen

“El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada” (Constitución de la segunda República de 1931, artículo 48).

Ante una ley educativa cercana, la escuela concertada ha hecho siempre demasiado ruido. La razón es doble: o porque quiere afianzar en ella su mantenimiento y alcanzar mayores cotas de presencia y visibilidad, o porque temen que recorte sus privilegios. Tanto en un caso como en otro trabaja siempre en función de sus propios intereses. Para entender la situación hay que remontarse a los comienzos.

El Estado tiene una función educadora ineludible, que es la instrucción pública. Por pertenecer a una sociedad aprendemos en ella y practicamos el saber, que es un bien social. Platón en la alegoría de la Caverna expone que el que llega al conocimiento de las ideas está obligado a bajar y enseñar a los demás prisioneros. Los sabios no se deben extasiar en la contemplación de las ideas, sino dirigir a todos mediante leyes justas, que se van aprendiendo en la convivencia social. Tienen que educar necesariamente. En las sociedades modernas esto se hace en la escuela, mediante un sistema de enseñanza establecido en una ley ad hoc.

Por eso el artículo 27 de la Constitución actual establece en el punto uno que “todos tienen el derecho a la educación”, que debe garantizar el Estado. Además, cualquiera puede crear centros docentes. Por tanto, hay dos tipos de centros: los estatales y los creados por personas físicas y jurídicas. La Educación pública es para todos y la privada para quien desee ser educado de acuerdo a sus propias convicciones particulares, que tales centros privados ofrecen.

De modo que para la Constitución existen centros públicos y centros privados. En la escuela pública la educación es científica, es decir, que no adoctrina, sino que se apoya en la ciencia, que es neutral y respeta la conciencia y las convicciones, porque no está orientada a ninguna confesión.

Es también  laica, es decir, que excluye dogmas religiosos, o ideologías políticas, para respetar la conciencia del educando; es solidaria, igual y libre.

Tiene que ser gratuita, sin una estructura jerarquizada con sometimiento a la autoridad. No se trata de que todos sean iguales, lo que no es realista, sino que actúen democráticamente en las decisiones que se tomen, que todos sean consultados: profesores, alumnos, padres y personal no docente. Así se hace una escuela comunitaria, en la que cada elemento de la misma debe comportarse con responsabilidad, cumpliendo con la función que tenga asignada, mediante democracia participativa. De este modo se pueden ir resolviendo las desigualdades.

La escuela privada tiene características muy distintas. Es del propietario del centro o de la institución que la regente. Establece unos principios o ideario, a lo que todo tiene que ajustarse. Cobra por los servicios que ofrece y desea conseguir la excelencia en la formación. En este sentido es libre para aceptar a los estudiantes que considere de acuerdo con sus ideas y convicciones. Hay centros que antes de inscribir al estudiante tienen una entrevista con él o sus progenitores para asegurarse de su fidelidad futura. Educan de acuerdo con las ideas establecidas previamente y cada uno sabe a lo que atenerse. Así selecciona y segrega a sus posibles clientes. Ofrece buenos profesionales, disciplina firme y control para que los padres puedan delegar en ellos, porque tiene confianza total. Por tanto, se trata de centros muy distintos.

La educación concertada, es decir, de centros privados financiados con dinero público, fue una necesidad excepcional, dado que a comienzos de los 80 no había una red pública suficiente, cuando la educación se hizo universal. Ante tal escasez, el Gobierno de Felipe González tomó una decisión política, que los centros privados pillaron al vuelo, especialmente los religiosos. Se les ofreció una subvención a cambio de atender a la educación universal en forma de complemento. El régimen de subvención reconocía el papel subsidiario de los sistemas privados. Después, esto se formalizó en la modalidad de concierto con lo que el sector privado comenzó a controlar privadamente las escuelas públicas.

De hecho, el Tribunal Constitucional estableció en Sentencia 86/1985, de 10     de julio, que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad en un centro privado, ya que los recursos públicos no han de extenderse a las preferencias individuales. Después, los conciertos se mantuvieron, extendiéndose cada vez más, en lo que las Comunidades contribuyeron, apoyando casi con preferencia a tales centros. Desde los 80 hasta el 2020 han pasado 40 años y la Concertada se ha hecho fuerte.

Antes faltaban centros públicos, pero actualmente algunos han tenido que cerrar por falta de alumnado. Si ahora hay suficientes, ya no tiene sentido el sistema de conciertos, pero cualquiera se atreve a tocarlos. No pueden justificarse por carencia de red pública, pero sí por razones ideológicas. Y encima los recursos públicos son ahora más escasos. Sin querer, se ha creado una competencia contra el Estado mismo, que tiene que recortar la financiación a los públicos. Muchas Comunidades ofrecen, incluso, terrenos para la construcción de nuevos centros concertados.

La última ley Wert permitió hasta la segregación del alumnado. Ahora se quejan porque la próxima y elimina la financiación pública a los centros que separan por sexo, estableciendo la educación diferenciada, que impide la equidad, ciertamente. Sonroja leer que se cargan la pluralidad, que odia la libertad y la petición de una escuela abierta. Más plurales, más libres, más iguales con escuela inclusiva, proclaman. ¿Saben realmente de lo que están hablando? Se quejan de que se elimine la demanda social de la ley Wert. Pues ya era hora.

Si protestan actualmente es porque no conocen la historia de los privilegios que llevan disfrutando 40 años y los que queden. Y todo porque la nueva ley somete a control la Concertada. Qué menos que esto. El Estado cargó con una servidumbre que amenaza con prolongarse hasta la eternidad. Los que concedieron esta excepcionalidad no debieron irse sin haberla resuelto. No se pueden dejar las rémoras y las cargas a los sucesores. Ahora exigen derechos que nunca tuvieron las escuelas concertadas. Son injustos y nada agradecidos.