Imagínense de que va la cosa. Dividida en dos partes dada su amplitud para leer de una sola pasada. Obviamente, con las máximas precauciones, pues uno está entre los que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) calificó como “los roba gallinas”, la gente de “poca monta”, y aunque no ha robado nada a nadie (excepto algún tiempo de trabajo a cierta Administración por no pagarme con arreglo al puesto que desempeñaba), como pertenece a los de a pie, entra en el galimatías judicial de los que “siempre pierden”.
Quizás hubiera sido más acertado para este escrito otro título más fuerte (por ejemplo: “Hampones de togas, mucetas y puñetas”), pero entrañaría un gran peligro para el autor a pesar de que se presuma que vivimos en un país donde no está penada la libertad de expresión y de opinión, aunque esté en la cárcel alguien por unas “expresiones desafortunadas” que la Justicia no consideró como libertad de expresión, lo cual no deja nada claro hasta dónde llega esa libertad de expresión. Es decir, con la Justicia hay que andar con mucho cuidado, pues a la mínima “te toca la botella de anís de la rifa”.
Me van a perdonar las personas que leen mis escritos (a las que estoy sumamente agradecido, ya que, sólo soy un simple escribidor) por terminar éste -en su segunda parte-con una serie de “procedimientos” vividos en los Juzgados Uno y Dos de Castuera (Badajoz), donde resido desde hace más de cuarenta años, a modo de anexo, simplemente, para que vean que en cualquier sitio “cuecen habas”.
A los jueces -no a todos, evidentemente, pero sí a muchos- les pasa lo que dijo G. Bernard Shaw: “Cuando alguien estúpido (masculino genérico) hace algo que le avergüenza, siempre dice que cumple con su deber”. Y cuando eso ocurre, no es que la Justicia esté ciega, es que está “cara al sol”, dijo alguien que ahora no recuerdo. O sea, cuando la Justicia, presumiblemente, está “gobernada” por un Banco (puede leer si quiere, Banco Santander), la Democracia está “secuestrada”. El Gobierno es un títere de ese Banco y del Oligopolio que él mismo forma con las principales empresas del Ibex bajo la tutela de la presidenta y su familia de ese Banco. Y el partido que gobierna en coalición lo deja todo para después, caso de la derogación de la Reforma Laboral, sin enterarse que como dijo Marguerite Duras: “Muy pronto en la vida es demasiado tarde”; o como dijo Indira Gandhi: “cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto”.
De tal modo y manera, que los españoles (los de a pie, sobre todo; a los ricos les prescriben los delitos y a los pobres los derechos, dijo alguien que no recuerdo) nos estamos acercando demasiado a los sinónimos de Injusticia: “Favoritismo”, “inmoralidad”, “atropello”, “abuso”, “componenda”, “desafuero”, “iniquidad”, “privilegio”, “sin razón”, “tropelía”, “parcialidad”, “arbitrariedad”, “cacicadas”, “tiranía”…, hasta el punto de que hay jueces que rozan el término “hereje” o “heresiarca”, ¿no es el caso, por ejemplo, del Presidente del CGPJ, el Sr. Lesmes?
En fin, no hay día en el que no aparezcan en los medios (prensa independiente, lógicamente, la otra “no sabe” “no contesta”) artículos muy críticos dedicados a la Justicia española, sin, por supuesto, mencionar los que los periodistas de Diario16 cada día dedican a la ilegal compra (¡qué basura de país!) del Banco Popular por el Banco Santander por ¡un euro!, arruinando a millones de familias que cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde y ahora tienen en su contra al núcleo duro del Gobierno y a la Justicia. Muy claro: “lo tienen -lo tenemos- más que crudo”.
Voy a elegir algunas de esas críticas diarias, a modo de “corta y pega” (lo subrayado son los títulos de los escritos que pueden encontrar en la prensa digital independiente al completo para su lectura), para que se hagan una idea del estado tan deprimente en que se haya algo tan importante como es para un país su Justicia, uno de los tres poderes del Estado tras el Legislativo y el Ejecutivo:
“El Constitucional apuntala el delito de ultraje a la bandera con el mandato caducado de cuatro de sus jueces.» La decisión de no amparar a un condenado por instar a quemar la bandera española se produce además con un desequilibrio notorio entre magistrados conservadores y progresistas, algo que se podría haber corregido con la renovación a tiempo del tercio de sus miembros por parte del Parlamento. El Constitucional señala que quemar la bandera es un delito y no libertad de expresión. La resolución ha sido por seis votos a cinco. «Demasiado justa para una decisión de esta envergadura», dice el jurista José Antonio Martín Pallín. La composición actual del Tribunal Constitucional es de cuatro magistrados progresistas y siete conservadores, tras la reciente dimisión del juez Fernando Valdés por estar incurso en una investigación por violencia de género. Esta renuncia ha restado un juez al bando progresista. Pero, además, un tercio de los jueces están en funciones, el que corresponde a la cuota de elección por parte del Congreso de los Diputados. Empezando por el propio presidente del tribunal, el conservador Juan José González Rivas; además de la vicepresidenta, la progresista Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero, del ala conservadora; además del ya citado Fernando Valdés. El mandato de los cuatro concluyó en noviembre de 2019. En Estados Unidos, un país que reverencia a su bandera, no es delito la quema de la enseña durante manifestaciones pacíficas. Así lo indica una sentencia de 1989 del Tribunal Supremo estadounidense”.
“¿Golpe de mano Judicial en España? El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y más media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro «Oligarquía financiera y poder político en España» escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbies de presión estarían interconectados mediante «una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la «unidad indisoluble de España» y su objetivo confeso sería implementar en España una «democracia no liberal» siguiendo la estela de la Hungría de Orbán. En este contexto, se enmarcaría la reciente campaña emprendida por el PP y Vox (Operación Toga) y que contará con la aquiescencia del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional para provocar la parálisis legislativa y ejecutiva de la actual mayoría progresista y forzar la convocatoria de nuevas Elecciones Generales con la esperanza de lograr la mayoría absoluta e implementar una democracia no liberal que beberá de la fuentes del centralismo bonapartista y del paternalismo de las dictaduras blandas y estará dotado de la triple enzima tardofranquista (mantenimiento de la unidad indisoluble de España, control estricto de la inmigración y retorno al pensamiento único heteropatriarcal)”.
“Radiografía de una cúpula judicial politizada. Carlos Lesmes lleva siete años y nueve meses al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, en uno de los periodos más polémicos en cuanto a independencia judicial con nombramientos muy cuestionados, mientras crece la desconfianza social respecto a la Administración de Justicia”.
“El secuestro del tercer poder del estado. El poder judicial, como poder del Estado que es, no puede -en ningún supuesto- ser independiente de la soberanía popular. La Constitución deja muy claro que la soberanía solamente reside en el pueblo, y explica cómo se desenvuelve, con la elección de sus únicos legítimos representantes. Por mucho que se intente darle la vuelta, los jueces no son elegidos por representación popular, sino que acceden a su carrera por oposición. Y cuando se habla en la Constitución de independencia o autonomía judicial, se refiere siempre a la potestad jurisdiccional que tiene cada juez para juzgar, de acuerdo con la ley, sin injerencias ni condicionamientos. Otra cosa es que le falte un detalle: que cualquier error judicial no lo paga el juez que lo comete, sino que lo paga el Estado: es decir, todos nosotros a través de los impuestos. Sí se les da a los jueces la atribución de que de alguna forma elijan a doce de los veinte miembros del gobierno de los jueces. Y la Constitución establece que una ley orgánica sobre el poder judicial articulará la manera. Y la manera la establecen la ley orgánica del poder judicial de 1985, y la refrenda la modificación de dicha ley orgánica de 2001: por cierto, con la mayoría absoluta del PP, dirigido entonces por Aznar, y mentor hoy, y en el pasado, de Pablo Casado, que dirige actualmente el Partido Popular”.
“Unos carajillos en el palacio de justicia. El lunes 6 de septiembre, a mediodía, tuvo lugar en el Palacio de Justicia uno de los actos más bochornosos de la agenda política del siglo XXI, con tres actores que representan a la perfección el déficit democrático que aqueja todavía al España, a 46 años de la muerte de Franco y a 43 del nacimiento de la Constitución Española en vigor. Ese lunes 6 de septiembre se celebró, con la pomposidad propia de los actos togados y eminentemente masculinos, la apertura del Año Judicial 2021-2022, presidida por el rey Felipe VI y en la que intervinieron únicamente el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Para cualquier persona de bien, el papelón habría sido de tal envergadura que hubiera requerido un carajillo previo para pasar el trago; o dos. Se han cumplido mil días del bloqueo de la renovación del CGPJ que está ejecutando el PP con absoluto descaro, en un ejercicio de inconstitucionalidad sin precedentes. Pablo Casado -que estuvo en el acto poniendo luz sobre su lado más ultra- ha esgrimido mil excusas para evitar esta renovación: Pablo Iglesias, Unidas Podemos, el juez que condenó al PP por la Gürtel y, ahora, el sistema de elección de los jueces, que lleva tres décadas, por cierto, y con gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy”.
“La “casta” judicial española da miedo. Hace ya bastante tiempo que nuestros políticos progres dejaron de utilizar la expresión «casta» para referirse a gente privilegiada que cuenta con mecanismos para defender y mantener el poder de las élites. Entre estas personas se encuentran los miembros de la alta magistratura española, que hace todavía mucho más tiempo que perdieron la vergüenza de tomar decisiones políticas en favor de los privilegiados, en contra de quien cuestiona el sistema. Lo hacen con hipocresía, en nombre de la «independencia del poder judicial».
Pertenecen a una auténtica casta, se diría que reivindicada por Carlos Lesmes en su discurso de inauguración del año judicial. Fue, una vez más, un ejemplo escandaloso de la voluntad de los jueces de intervenir como un agente superior en la vida política, para condicionarla. En la ceremonia de apertura del año judicial, aplastantemente masculina, como siempre, atiborrada una vez más de ropaje protocolario, collares, puñetas e insignias, exhibidas hasta extremos que resultan ridículos por sus excesos litúrgicos, Lesmes afirmó textualmente que la Justicia es un «instrumento fundamental para salvaguardar el orden público». Imposible no acordarse del papel asignado al TOP (Tribunal de Orden Público) en tiempos del franquismo. la casta judicial, corporativista como las que más y torcida hacia la derecha, tiene muy asumida la idea según la cual puede tomar decisiones sobre cualquier ámbito de la vida política, académica, sanitaria, cultural, económica y social. El conocimiento del tema importa poco. Los altos tribunales de hoy en día, además de avalar a menudo con medidas represivas acusaciones inconsistentes formuladas por cuerpos policiales, incluso de terrorismo, ignoran los maltratos denunciados por víctimas de estas fuerzas, toman decisiones sobre la actividad parlamentaria, sobre lo que se puede debatir y lo que no, sobre lo que se puede votar y lo que no, ponen límites a veces intolerables al ejercicio de derechos fundamentales, como los de libertad de expresión, asociación y manifestación, desautorizan decisiones tomadas por especialistas en materia sanitaria para hacer frente a la pandemia, multan y reclaman fianzas millonarias que arruinan a activistas políticos y sociales, ignoran delitos cometidos por gente de su cuerda… En vez de garantizar derechos individuales y sociales, dan miedo. Asustan”.
“Pablo Iglesias explica el problema de la politización de la Justicia en España. El exvicepresidente segundo del Gobierno ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir. El bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que ya va en camino de cumplir tres años- fue uno de los temas sobre los que se debatió el pasado lunes en el primer programa de El Ágora de Hora 25, en el que participaron Pablo Iglesias, José Manuel García-Margallo y Carmen Calvo. Durante su turno de palabra, el exvicepresidente segundo del Gobierno explicó el problema de la politización de la Justicia en España: “El problema no es el diseño, es cómo se utiliza”. Iglesias recordaba el mensaje que Ignacio Cosidó -exdirector general de la Policía Nacional y exdiputado del Partido Popular- envió a senadores populares en el que aseguraba que “gracias a Marchena” iban a controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es la Sala de lo Penal, la que está encargada en última instancia de juzgar a ministros o diputados eventualmente salpicados por casos de corrupción. (…) Ese es el problema, no la manera en que se eligen los jueces, explicaba. Iglesias apuntaba a que no es el vínculo de Carlos Lesmes -el actual presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial- con el gobierno de José María Aznar o con Rafael Catalá lo que deja en entredicho su idoneidad para ejercer de jurista u ocupar dichos cargos. Sin embargo, el que fuera líder de la formación morada ha recordado lo expuesto por Ignacio Escolar: “Lesmes sacó de la Audiencia Nacional a Pablo Ruz. Lesmes evitó que el juez Bermúdez pudiera investigar la caja B o que Ricardo de Prada pudiera investigar el caso Bárcenas”. “Tendríamos un presidente del Consejo General del Poder Judicial que, en el ejercicio de su cargo, habría protegido al Partido Popular de casos de corrupción. Eso es grave. Si es verdad, afecta a la independencia de los jueces y afecta a nuestro sistema”, señalaba. Sin embargo, Iglesias cree que no habrá consecuencias ni cambios ya que la formación de Pablo Casado no tiene “ni el más mínimo incentivo para cumplir la Constitución”. De esta forma, el exministro de Derechos Sociales ha puesto de manifiesto cómo el Partido Popular necesita controlar el poder judicial para sobrevivir, lo que explica la insistencia del partido por mantener el bloqueo del CGPJ y evitar su renovación, aunque esto vulnere la democracia”.
Hasta aquí la primera parte, continuará con: “¿Son conservadores la mayoría de jueces y juezas en España?”
