A Pedro Sánchez no dejan de crecerle los enanos, los problemas, que una y otra vez le colocan en el alambre donde se mueve como el mejor funambulista sorteando el empuje de los vientos, para no darse el batacazo que acabe con el Ejecutivo. Ahora reverdece el asunto del espionaje a un nutrido grupo de independentistas catalanes, que no puede silenciar apelando a la Ley de Secretos Oficiales, para dar por buena la vulneración del derecho constitucional que asiste a todo ciudadano en democracia: su privacidad. Esencia del sistema democrático que perderá crédito, nacional e internacional, y abocará al final de la Legislatura, si el Gobierno no se explica, y tiene mano izquierda con sus socios.
Aclaraciones que no pueden obviarse con el mantra de que se ha actuado conforme a la legalidad, que volvió a repetir el ministro Félix Bolaños, tras su reunión con la Consejera de Presidencia de la Generalitat. Frase que, implícitamente, confirma que el espionaje se produjo, como la disposición del Gobierno a que comparezca la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso —que ahora hay que constituir con toda la celeridad posible—. Disposición a que se investigue qué ha sucedido que no es suficiente, porque aplaza el tema ad calendas graecas, y esconde el meollo de la cuestión: si fue una decisión desacertada del Gobierno o una actuación independiente del CNI, sin dar cuenta al Ejecutivo. Ni a este ni al anterior, porque el espionaje comenzó en 2017, cuando gobernaba Mariano Rajoy, y terminó en 2020, ya con Sánchez en la Moncloa. De ahí que resulte sorprendente el olvido interesado de Feijóo cuando al ser preguntado por el asunto dijo que el PP no sabía nada ni el Gobierno le había dicho nada: lo tiene fácil, que pregunte a Rajoy.
¿Se encontró el Presidente con el marrón que le dejó Rajoy? ¿No supo o no quiso ponerle fin? ¿Quién dio la orden de poner en marcha el juguete perverso? ¿Algún juez, necesariamente del Tribunal Supremo, dio el visto bueno a las escuchas, tal y como exige la Ley? Preguntas —no las únicas—que el Gobierno debe responder, porque no desvelan ningún secreto que ponga en peligro la seguridad del Estado. Como tampoco sirve el argumento evasivo, de que este marrón ya salió en 2020 y no pasó nada, con el añadido de: ¿por qué salta ahora el escándalo? La respuesta la dio en su visita a Madrid el Presidente de la Generalitat, al señalar que han estado esperando al estudio realizado por una empresa británica independiente, para certificar que había sido vulnerada su privacidad porque el espionaje existió.
Maniobra torpe e inútil, pues el ataque al Estado lo estaban haciendo los investigados al descubierto en el Parlament. Si Rajoy dio la orden y Sánchez lo dejó correr o, peor aún, si el CNI voló por su cuenta —lo que supondría que los servicios secretos del Estado actúan sin control—: es la mayor vulneración de un derecho fundamental cometida desde el poder político del que alguien deberá hacerse responsable por el bien de la democracia.
