Según indica la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en su índice DEC, en 2017 la inversión total en Servicios Sociales fue de 17.051 millones de euros, de los cuales, un 13,2% les pagó el Estado español, el 61,7% lo pagaron las Comunidades Autónomas y el 25,2% lo pagaron las Entidades Locales. Las inversiones del Estado han tenido una tónica descendiente desde el 2011, no subiendo hasta 2014, llegando a alcanzar niveles de 2010.
A esto hay que añadir los recortes que se introdujeron en el Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de Julio, que en Comunidades como Castilla y León supuso una reducción de hasta un 90% de la prestación de Cuidados en el Entorno Familiar, por ejemplo. Mientras en otras Comunidades Autónomas, como Valencia, se produjeron retrasos en el pago de las presentaciones mencionadas anteriormente.
Partiendo de esos datos, podemos sacar las siguientes conclusiones:
En primer lugar, el Estado español deja a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de Servicios Sociales, como ya se dice en el artículo 148.1.20ª de la Constitución del 78. Esta afirmación se ha hecho realidad con los datos citados anteriormente de forma brutalmente clara, al desentenderse el Gobierno Federal, la Administración central o Estado español, como se prefiera, del gasto en Servicios Sociales.
En segundo lugar, esto crea una incongruencia en materia de política territorial bastante grande y maquiavélica y es la siguiente: Yo te concedo la competencia, pero te digo lo que tienes que gastar, ya que, excepto quizás las Comunidades con competencias recaudatorias, las demás tenemos que mendigar fondos para esta materia, como en todas. Y es aquí donde está la incongruencia, en decir: “Yo te doy la competencia, pero luego tienes que financiarla repartiendo lo que yo te de como buenamente puedas, sin tener poder recaudatorio” . Este es sistema autonómico que deriva de la Constitución de 1978, un quiero y no puedo, a lo que hay que añadir la división administrativa que se deriva también de esto en la llamadas Comunidades Autónomas, sistema único en Europa que sirvió para convertir Estados o Landers de una República Federal en unidades territoriales débiles y sin identidad socioeconómica, cultural o histórica. El ejemplo más claro de esto es que en 1983 se decidió desgajar Madrid de Castilla, dejándola a esta dividida en tres, (o cinco, contando Cantabria y La Rioja), Comunidades Autónomas.
Solamente Euskal-Herria (la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra) , tienen un poder recaudatorio propio, lo cual, lógicamente, permite hacer una mejor previsión de sus gastos, sabiendo de antemano cuales van a ser parte de sus ingresos. De hecho, en el Índice DEC 2017 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la Comunidad Autónoma Vasca son un modelo de nuevas políticas de garantía social. Según esta Asociación, este modelo es un ejemplo de cómo garantizar las ayudas y los servicios de la prevención de la marginación y para la inclusión social. En mi opinión, como he dicho antes, se debe a que esta Comunidad puede organizar sus Servicios Sociales de acuerdo con sus ingresos, con mayor autonomía y mayor libertad para dar y garantizar sus servicios, de acuerdo con sus necesidades.
Concretamente, en las Comunidades de Régimen Común, (la mayoría), reciben un 50% del IRPFy del IVA y el 58% de los Impuestos Especiales, el Impuesto de Sucesiones, Impuestos de Donaciones, Electricidad, Transmisiones Patrimoniales y Documentos Jurídicos .
Por otro lado, estas Comunidades deben entregar el 75% de su capacidad tributaria al Fondo de Garantía. Este fondo, teóricamente, debería servir para asegurar los Servicios de las Comunidades Autónomas, entre ellos, los Servicios Sociales.
Por último están los Fondos de Convergencia, que sirven en teoría para compensar desigualdades entre Comunidades con un PIB per cápita menor al 90% de la media y una densidad de población inferior al 50% de la densidad media.
También, decir que otras Comunidades como Canarias, Ceuta y Melilla tienen deducciones en algunos impuestos y no se les aplica el IVA.
Una vez expuesta esta situación, me vienen a la mente varias cuestiones.
En primer lugar, como ya he dicho, Euskal-Herria es un ejemplo en materia de Servicios Sociales, mientras en Comunidades como Valencia y Castilla y León, bien tienen retrasos y deficiencias en sus pagos o sus pagos son insultantes para las personas usuarias. De hecho, Presidentes como Ximo Puig, de la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Murcia lamentan su falta de financiación. Esto me hace dudar de la verdadera intención redistributiva de este sistema.
En segundo lugar, esa financiación paternalista deja a los Gobiernos y Parlamentos de la mayoría de Comunidades Autónomas a expensas del criterio del Gobierno central de turno. De ese modo, este sistema puede ser, y de hecho creo que es, una forma de castigo y control político a las Comunidades “díscolas” de un partido distinto al de el Gobierno central. De hecho, en el Sistema de Atención a la Dependencia por ejemplo, la aportación del actual Gobierno central es mayor en feudos del PP como Castilla y León, aunque insisto e insistiré hasta mi último aliento, con cantidades individuales ridículas, mientras otras Comunidades como Valencia y Catalunya reciben menos dinero del Estado.
En tercer lugar, como ya he dicho, se da la contradicción de que el Estado tiene que gestionar un dinero para pagar unas competencias que ha cedido, que no son suyas. Esto, a parte de reducir el margen de maniobra de los Parlamentos y Gobiernos Autonómicos, limita su capacidad de reacción ante imprevistos como el rescate público de residencias creadas por asociaciones privadas, como ya ocurrido, por ejemplo, en Castilla y León.
Dicho esto, creo que el “café para todas”, el parche autonómico del 78, no funciona. Este sistema no es otra cosa que el intento de disfrazar un Estado centralista de Federal, a través de la Delegación de competencias, pero sin dar a las Nacionalidades la capacidad de recaudar sus propios recursos para financiar esas competencias. Una especie de quiero y no puedo absurdo que paga la persona usuaria.
Por otra parte, para asegurar que existieran Comunidades necesitadas, se hizo una división de las Nacionalidades como Castilla en Comunidades Autónomas empobrecidas y cada vez más despobladas. Generando la idea de que sin la idea de España como nacionalidad indivisible no hay solidaridad y anteponiendo la idea de delegación a la de unión libre a un proyecto. De esta forma, el Gobierno central aparece como proveedor de “igualdad” y “bienestar”. Pero, como vemos, las cifras y la contradicción entre las competencias como los Servicios Sociales y su financiación desmienten esto.
Si como vemos en Nacionalidades como Euskal-Herria (País Vasco y Navarra) el sistema de cupo funciona, ¿por qué no se piensa en aplicarlo al resto del Estado? ¿No sería más coherente inclinarse de una vez por un sistema federal o confederal en todos sus aspectos? Sinceramente, ante las evidencias yo apuesto por una financiación diferenciada de las competencias propias y una aportación al Gobierno Federal para financiar las competencias comunes.
Ahora, los/as unionistas, bien aquellos/as que lo son abiertamente o quiénes se disfrazan de “castellanistas” y “federalistas simétricos”, se me tirarán encima enarbolando la. Bandera de la igualdad. Pues bien, si se me permite, me adelantaré y contestaré a esas críticas.
En primer lugar, como he dicho antes, no está comprobado correctamente la operatividad redistributiva del actual sistema, ya que solamente una Comunidad sabe cuáles son sus necesidades reales y como quiere ejercer sus competencias. Además, puede ser una excusa para que el Gobierno estatal de turno castigue a Comunidades de distinto sino político, como ocurre actualmente en Valencia.
En segundo lugar, la solidaridad también se puede ejercer mediante negociación directa entre Comunidades Autónomas, por ejemplo, en el Senado, dando así un mayor contenido institucional al mismo, de paso. Eso se concretaría en unos fondos federales de compensación más concretos en incluso mayores que los actuales a no verse como una imposición que escapa al control de las Comunidades. Esto no es nada extraño, ya ocurre en la Unión Europea con fondos confederales como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En Europa ni siquiera hay un Gobierno confederal como tal.
En tercer lugar, si las nacionalidades como Castilla tuviesen la composición histórica, cultural y socioeconómica natural tendrían mucha mayor capacidad de autogestión para el desarrollo de sus competencias.
Por todo esto, apuesto por una reestructuración territorial y la adopción de un sistema federal real, no disfrazado. Esta “idea loca” se da en “remotos países” como Estados Unidos de Norte América.
