A Pedro Sánchez ya solo le falta llevarse al rey emérito a Moncloa por Navidad

El Gobierno contiene la respiración ante el inminente regreso a España del rey emérito por Navidad, una posibilidad que cada día cobra más cuerpo. Diversos medidos de comunicación dan por hecho que Felipe VI ha prohibido taxativamente a su padre que retorne estos días, puesto que ello supondría un golpe durísimo a su tradicional discurso navideño a la nación. Nadie entendería un mensaje sobre valores democráticos mientras en el cuarto contiguo se aloja un hombre que ha tenido graves problemas con Hacienda. De esta manera, lo más probable es que el viaje de vuelta de Juan Carlos I se haya programado para el día 5 de enero, coincidiendo ya con la festividad de Reyes.

Sin duda, el asunto se ha convertido en una patata caliente para Pedro Sánchez, que ha dado orden de vetar cualquier iniciativa en el Senado y en el Congreso de los Diputados en todo lo que afecte a la investigación del patrimonio oculto del emérito. En ese contexto se enmarca el “no” de los socialistas a que la vedete Bárbara Rey dé explicaciones en la Cámara Alta sobre sus supuestos cobros a cuenta de los fondos reservados a cambio de guardar silencio en lo referente a su affaire con el exjefe de Estado. El PSOE se equivoca apostando sin ambages no ya por la monarquía, sino por una parte de ese poder del Estado gravemente manchado por escándalos de todo tipo. La institución monárquica es un órgano del Estado y como tal debe ser fiscalizado y sometido al imperio de la ley y a los tribunales de Justicia. La excusa de la inviolabilidad es un argumento que no tiene sentido en pleno siglo XXI. El PSOE debería moderar su posición política: puede entenderse que apueste por la Corona como garantía de la estabilidad del Estado (a fin de cuentas viene haciéndolo desde 1978) pero lo que no es comprensible es que cierre filas con la extrema derecha para evitar cualquier comisión de investigación en el Parlamento. Ese bochorno perseguirá siempre al partido socialista.

Por si fuera poco, se abre otro frente peligroso para el Ejecutivo de coalición (muy dividido ya entre socialistas monárquicos y podemitas republicanos) y es el del alojamiento del rey emérito. A fecha de hoy no ha trascendido el lugar que se fijará como residencia oficial de Juan Carlos I, pero cualquier monumento de Patrimonio Nacional se antoja una mala elección. El pueblo español no entenderá que un contribuyente que ha defraudado a Hacienda siga viviendo a cuerpo de rey en un edificio público propiedad de todos los españoles. ¿Qué piensa hacer Sánchez al respecto? En las redes sociales ya circulan chistes y memes sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno se lleve al emérito a su casa, o sea a Moncloa, a pasar las Navidades en vista de que no es bien recibido en Zarzuela. La bola crece, la grave situación que se ha creado va camino del esperpento nacional y del ridículo internacional y todo ello por no hacer las cosas que deben hacerse en democracia: aplicar la ley por igual a todos los ciudadanos y llegar hasta el fondo, con todas las consecuencias, en el caso de las cuentas opacas de su Majestad.

En medio de las informaciones que apuntan a gestiones entre Zarzuela y Moncloa para ver dónde podría instalarse Don Juan Carlos a su vuelta, el presidente Sánchez negó categóricamente el viernes dichas consultas. “Son dos instituciones diferentes”, recalcó, aunque hay “una extraordinaria coordinación, no se ha consultado”, insistió. En todo caso, el presidente se reafirmó en su opinión de que a su vuelta el rey emérito debería “dar explicaciones” por sus actuaciones. En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo descartan que el regreso del emérito pueda ser inminente, aunque esa ya no es la cuestión, sino el hecho de que el PSOE haya vetado hasta ahora cualquier tipo de investigación parlamentaria.

¿Qué dirá Felipe VI en su discurso navideño sobre el rey emérito?

Si hay un día señalado en la agenda del rey Felipe VI todos los años es el 24 de diciembre. Su tradicional mensaje de Navidad se ha convertido, como ya ocurriera con su padre, Juan Carlos I, en el más esperado ya que en él, el monarca, suele marcar su visión y expresar su opinión sobre algunos de los temas más relevantes y de actualidad.

Este año, como ya ocurriera el pasado, todas las miradas estarán centradas en lo que pueda decir con respecto a la situación del rey emérito, si bien esta vez con su panorama judicial mucho más despejado que hace doce meses, informa Europa Press.

Aunque sin mencionar expresamente a su padre, quien se exilió en Abu Dabi en agosto de 2020, Felipe VI recalcó en su mensaje navideño de hace un año que desde su llegada al trono en 2014 ha defendido que los principios éticos y morales “nos obligan a todos sin excepciones” y “están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares”.

En aquel momento, la Fiscalía mantenía abiertas tres investigaciones en relación con Don Juan Carlos: por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

Don Juan Carlos había procedido además a una primera regularización fiscal, el 9 de diciembre, por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

El 25 de febrero de este año llevó a cabo la segunda, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka, perteneciente a Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano suyo.

Ahora, en el lapso de apenas dos semanas, los quebraderos de cabeza del que fuera monarca parecen haberse resuelto en gran medida. El 2 de diciembre, la Fiscalía General del Estado decidió prorrogar seis meses más las diligencias a una comisión rogatoria remitida a Suiza en la que se pedía más información sobre las finanzas del emérito desde su abdicación en 2014.

Dicha comisión rogatoria ya está en poder de la Fiscalía, según se supo este jueves. Con esta documentación, el equipo que dirigía el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos (fallecido repentinamente el miércoles) junto con el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, debe cerrar ahora el decreto sobre la investigación.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press avanzan que no habrá prisa porque ha de estudiarse, por lo que no se espera que el archivo de las diligencias sea inminente y se baraja ya para 2022. No obstante, a finales de este verano se supo que los fiscales que dirigían las pesquisas sopesaban el archivo de las diligencias.

Los fiscales habrían llegado a esta conclusión teniendo en cuenta que algunos de los presuntos delitos habrían ocurrido cuando Juan Carlos I estaba aún en el trono y por tanto era inviolable, que otros habrían prescrito y que se da una falta de peso probatorio en otros, sumado a las dos regularizaciones realizadas, que la Fiscalía ha considerado “voluntarias” y “espontáneas”.

Con este panorama, todas las miradas la noche del 24 de diciembre estarán puestas en lo que Felipe VI diga y si entre sus palabras deja entrever que la vuelta de su padre podría producirse en un futuro no muy lejano.